PSOE y Vox se unen para sacar a concurso la televisión autonómica de Castilla y León

El efecto más inmediato es el que atañe a la televisión autonómica. En un mes deberá constituirse un nuevo Consejo de Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre con una representación parlamentaria que acaba con la mayoría incontestable que tenía la Junta en la actual Comisión de Seguimiento. Esa mayoría permitía aprobar cada año, sin mayores dificultades, la subvención directa que obtiene RTVCyL para cumplir con los objetivos de interés general que se le exigen, y que ya supera los 23 millones de euros. Y en tres meses deberá sacarse a concurso de nuevo la explotación de la licencia televisiva. Coincide, además, con que este verano concluía el plazo de quince años de la actual licencia, que obtuvieron Edigrup y Promecal cuando se instauró la televisión autonómica. Ambos conglomerados de empresas son propietarios al 50% de RTVCyL.

«Si hay que invertir más dinero se invierte más dinero, pero hay que implementar un control parlamentario para garantizar la neutralidad y pluralidad informativa, y asegurar condiciones laborales dignas para todos sus trabajadores», defendía Pablo Fernández (Unidas Podemos). «La televisión, que ahora mismo se encuentra bajo el control del Ejecutivo, que hace con ella lo que quiere, pasa a estar bajo el control del Legislativo», aseveró Miguel Suárez (Vox). Francisco Igea puso el ejemplo del relevo del anterior director de informativos, Raúl Briongos. «Que venga alguien de Salamanca -dijo en referencia a Julio López, director de comunicación de la Junta- a decirme que Jorge Losada [director general de RTVCyL] no echó a Raúl Briongos por orden de Mañueco». «Quien presiona a medios desde una posición institucional está quebrantando el marco democrático», atacó Nuria Rubio (PSOE).

La contestación del PP a todas estas acusaciones fue que «nunca se ha presionado ni se presiona desde la Junta a los medios de comunicación». Lo defendió Miguel Ángel García-Nieto, portavoz popular en la Comisión de Presidencia que ha tramitado la proposición de ley. El mismo que la ha calificado como «bodrio» y ha anticipado posibles irregularidades que, quizá, puedan ser objeto de recurso judicial. Como que contraviene la ley de contratos públicos. Los grupos de la oposición lo saben. Son conscientes, como quedó claro en el debate, de que existen fallos en la redacción de la norma. Especialmente en un aspecto que Vox presume de haber impuesto a los demás proponentes: limitar la publicidad institucional al 33% de los ingresos de explotación de un medio. Dice el PSOE que se refería únicamente a la publicidad de la Junta de Castilla y León. Pero el PP asegura que de eso, nada. «PSOE, Vox y Unidas Podemos aprobaron el 33% famoso porque corrieron a aprobar una ley sin leer el artículo 1y el artículo 2. Esta ley no solo afecta a la Junta, a los ayuntamientos, diputaciones, fundaciones, universidades...», corrigió Raúl Hernández (PP).

El PSOE ya ha anunciado que impulsará una nueva reforma de la ley. Porque en realidad lo que se pretendía, una vez abierta la grieta, era reformar el modelo televisivo. Y el ajuste fino del texto se ha quedado por el camino. ¿Qué ocurrirá con esa contrarreforma? Pues que está por ver si Vox, que apuesta por un modelo sin lo que considera «subvenciones» encubiertas en forma de publicidad institucional, lo aprueba. «Veremos en qué condiciones se presenta eso y qué redacción tiene ese texto», apuntó David Hierro.

Esa es la segunda gran cuestión de esta nueva ley de publicidad institucional. Los medios pequeños se pueden encontrar con que, si se apura la letra de la ley, sus ingresos sufran una merma considerable de ingresos. Una merma que no afectaría a medios con escasa implantación autonómica, como ediciones de medios nacionales de reciente creación, que tienen su CIF en Madrid y unas cuentas 'nacionales'. El PSOE quiere corregir esa desviación, que es la que ha impedido, además, que en el Pleno se haya repetido la mayoría que se dio en la tramitación de la norma. UPL y Soria ¡Ya! se han abstenido y Por Ávila ha votado en contra, como los dos procuradores no adscritos, ex de Vox. 6 abstenciones, 34 votos en contra y los 41 a favor de PSOE, Vox, Unidas Podemos y Francisco Igea.

Por este motivo, el PSOE propuso una enmienda transaccional que permitiera corregir esos defectos. Enmienda que tenía que ser aprobada por unanimidad. Pero el PP se opuso. «Están más preocupados de presionar a algunos medios que de garantizar el derecho de la ciudadanía a una información veraz. Se han quedado solos», les dijo Nuria Rubio.

También traerá cola otro artículo, este a propuesta de Unidas Podemos, que pretende prohibir la inserción de publicidad institucional en medios esparcidores de bulos. Se ha puesto una condición numérica: medios que hayan recibido «una condena firme [por rectificar informaciones inexactas, vulnerar el derecho al honor y la intimidad y la propia imagen de las personas o por delitos de odio], dos veces en los tres últimos años o tres o más veces en los cinco últimos años anteriores a la contratación de la campaña». Son muchas las ocasiones en las que los medios reciben denuncias por diferentes cuestiones y no se discierne, en este caso, entre una rectificación menor o una condena por injurias, por ejemplo, lo que abre la puerta, de nuevo, a una aplicación torticera de la norma. Pablo Fernández tenía como objetivo acabar, por ejemplo, con la publicidad que la Junta ha contratado con Estado de Alarma, del activista ultra Javier Negre, como reconoció en el debate. «Pseudomedios como Libertad Digital, EDATV, The Objective. Pseudomedios de comunicación que ni siquiera tienen edición en Castilla y León», explicó.

El PP auguró cierres de medios y despidos de «cientos de trabajadores» por culpa de esta normativa. «Esta ley acaba con los medios de comunicación pequeños, con los del territorio, los que dan información en las ciudades, comarcas y provincias. A esos medios son a los que ustedes atacan. Ese famoso 33% es un error suyo, no del PP», les recordó Hernández a los grupos proponentes. La Junta destina al año en torno a 19-20 millones de euros ˗de un presupuesto de 14.000 millones˗ a publicidad institucional.

En la oposición, en cambio, se festejó una aprobación que «rompe el modelo existente», según Vox. «Quienes garantizan la verdad son los periodistas que no trabajan a sueldo de una administración. Y de eso se trata. De garantizar que nadie podrá presionar a quienes trabajan. Mucha gente aquí sabe quiénes son ustedes, esas personas que cogen el teléfono y dicen mira a ver, no vaya a ser…», advirtió Francisco Igea. «Muchos periodistas llevan muchos años sufriendo su mordaza, su chantaje, sus presiones. Y tienen el rostro pétreo de decir que queremos amordazar a los medios. Son ustedes. Por eso hoy se les acaba el chollo», se congratuló Pablo Fernández.

La nueva ley de publicidad institucional entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. Ahora, con el periodo de sesiones acabado, y quizá con la habilitación del mes de julio para comisiones, comienza la tramitación de la contrarreforma. Y la aplicación de una norma cuyas consecuencias, según el punto de vista que se adquiera, pueden ser muy distintas.