Primer intento en Castilla y León contra los bulos: restringir la publicidad institucional

«Se prohíbe la contratación de cualquier tipo de campaña de publicidad o comunicación institucional con medios de comunicación social que hayan sido condenados en sentencia firme de forma reiterada a rectificar informaciones inexactas, por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y a la propia imagen de las personas o por delitos de odio, tanto en el caso de que hayan sido directamente condenados como si esta condena recae en sus trabajadores y colaboradores».

Y añade una cuantificación. «Cuando se haya producido una condena firme por estos hechos dos veces en los últimos tres años o tres o más veces en los últimos cinco años anteriores a la contratación de la campaña». Cuestiones que dejarían fuera a algunos de los «pseudomedios», dijo Fernández, que en los últimos años han recibido un monto de 1,6 millones de euros «de dinero público» en Castilla y León. Y citó ejemplos: «En los últimos dos años la Junta ha dado 220.220 euros a OKDiario. Y 63.102 euros a Estado de Alarma, de Javier Negre». Siempre con contratos menores de publicidad «al límite legal», denuncia que también ha hecho recientemente el PSOE de Castilla y León. Ana Sánchez habló el pasado 9 de abril de «uso indecente del dinero público» y lo calificó como una «forma burda y zafia de corrupción». Pidió entonces a la Junta que dejara de contratar publicidad «con aquellos pseudomedios que incumplan el código deontológico aprobado por la Federación de Asociaciones de Prensa» o con quienes «de forma habitual difundan noticias falsas, bulos o hayan sido condenados reiteradamente por no respetar el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen».

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Precisamente con este movimiento Fernández se adelanta a los socialistas, con quienes no ha hablado antes de presentar esta proposición de ley con la que espera retratar a los dos partidos del Gobierno, que son quienes deciden el pago de publicidad institucional de la Junta, PP y Vox.

Una legislación sobre los bulos es compleja porque afecta a derechos fundamentales recogidos en la Constitución como el de la libertad de expresión y el derecho a la información. Así que Podemos ha optado por una vía más simple, la de interpelar a las competencias autonómicas. Son los Ejecutivos regionales los que deciden cómo se reparte la publicidad institucional. En el caso de estos «pseudomedios», según Fernández, a los que añadió «El Debate, The Objective, Periodista Digital o Libertad Digital», muchos de ellos «sin vinculación con la comunidad autónoma».