Una televisión de Castilla y León pública en lo económico y privada en todo lo demás

Ese modelo puede cambiar si este miércoles, en las Cortes autonómicas, sale adelante la reforma de la ley de publicidad institucional, que apoyan PSOE, Vox, Unidas Podemos y Francisco Igea. Los 41 votos que hacen falta. Y con UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila pendientes de qué ocurre con uno de los artículos de la ley, promovido por Vox, que ha levantado críticas de muchos medios autonómicos. Es el que se refiere a que la publicidad institucional no puede suponer más de un tercio de los ingresos de explotación de un medio de comunicación. Los proponentes aclaran que se refiere a la publicidad de la Junta. Los críticos, que agrupa a toda la publicidad institucional, lo que asfixiaría a los medios más pequeños y provocaría, sin embargo, que medios con edición autonómica pero CIF nacional siguieran beneficiándose de esos ingresos sin problemas.

El modelo de televisión autonómica nació así porque el propio presidente de la Junta entonces, Juan Vicente Herrera (PP), no tenía demasiado interés en crear una tele regional. «En ocasiones se afirma que esta es la última comunidad en tomar decisiones sobre la televisión autonómica. Es un error. Este Gobierno ha tomado al menos una: las prioridades de la comunidad y un conjunto de medios independientes y competitivos no nos marcan la necesidad de contar con una televisión pública», dijo Herrera en un videochat de El Norte en febrero de 2008.

Pero llegó la Televisión Digital Terrestre (TDT) y con ella, el momento de convertir la dispersión de pequeñas teles locales en algo más potente. Y se buscó el modo de conseguirlo con la menor inversión posible. Ese ha sido, sin duda, el mayor argumento a favor de este modelo castellano y leonés. El bajo coste.

Desde 2009 y hasta 2025, la televisión autonómica ha supuesto en torno a 334 millones de euros. «236 millones en 10 años para un 1,2% de audiencia», cifró Francisco Igea este martes en las Cortes. En 2026 ya se han comprometido 23,4 millones más. La Junta de Castilla y León, en un movimiento exprés antes de que se llevara al Pleno de las Cortes la reforma de la ley, acordó comprometer dos anualidades para RTVCyL. Es la primera vez que ocurre. Incluso añadió, según su propia nota de prensa, un incremento de la ayuda condicionado a mejorar las condiciones salariales de los trabajadores. «La empresa ha de proponer a los representantes de los trabajadores: un 60 % [de este incremento en la subvención] a la subida de los salarios y, además, un 30 % a la modernización de los medios materiales y técnicos que utilizan», explicaban.

Unas condiciones que la oposición duda que sean legales, como el propio acuerdo, tomado justo antes de que la ley se someta al Pleno. Porque en este Pleno, si se aprueba, comenzarán a discurrir los plazos para el cambio de modelo. En un mes deberá constituirse un «Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre» que tendrá que ejercer el «control del cumplimiento de su función de servicio público». Velará «por la independencia de la información difundida» y por la «neutralidad editorial» y aprobará «las compensaciones económicas» de las empresas concesionarias.

En tres meses, deberá abrirse un nuevo concurso que permita optar a otras empresas a hacerse cargo de la licencia de televisión autonómica, «con la subrogación de los trabajadores» actuales, entre 350 y 400 entre La 7 y los 10 canales provinciales de La 8 (todas las provincias más El Bierzo).

Esta propuesta de cambio de modelo ha provocado la respuesta negativa del PP a esta ley de publicidad institucional, amparándose en los otros artículos de la norma, que considera «un bodrio de ley». Aseguraba Miguel Ángel García-Nieto, su representante en la Comisión que trató la reforma, que busca la «censura» de los medios.

Fuentes populares también creen que la propuesta nace como un deseo de venganza por parte de Luis Tudanca (PSOE), Vox y Francisco Igea, principalmente. Tudanca ya llevó en 2018 una iniciativa para intentar cambiar el modelo. Fue después de que el empresario José Luis Ulibarri (Edigrup) fuera detenido dentro de la operación por el caso Gürtel. Tudanca pidió «mecanismos suficientes de control para salvaguardar» a la televisión autonómica de cualquier sombra de duda sobre corrupción política o empresarial». Podemos y UPL se abstuvieron, IU se ausentó y Ciudadanos (5 procuradores entonces) votó a favor. El PP, en contra, le acusó de plantear una iniciativa «irresponsable, cobarde, oportunista y patética».

Francisco Igea, durante su etapa como vicepresidente de la Junta, aprobó en plena pandemia el primer pago de la anualidad a RTVCyL al tiempo que se aplazaban todos los contratos de publicidad institucional para el resto de medios de comunicación. Entonces, al respecto del modelo televisivo autonómico, incidió en el mismo argumento que ha utilizado siempre el PP: «Hay otros modelos de televisiones autonómicas y yo sí que le invitaría a cualquier ciudadano a que haga una comparación del coste de los modelos de televisiones autonómicas que tienen otras comunidades y del coste del que tiene esta», dijo Igea.

En cuanto a Vox, Juan García-Gallardo defendió la aportación de la Junta a la televisión autonómica mientras fue vicepresidente, pero una vez fuera del Gobierno fuentes del partido lamentaban el giro editorial que, a su juicio, había dado este medio de comunicación respecto a la formación de Santiago Abascal.

Ahora, Francisco Igea, Vox (sin Juan García-Gallardo), el PSOE post Luis Tudanca (pero uno de los impulsores de esta modificación) y Unidas Podemos, con Pablo Fernández a ocho meses de abandonar las Cortes de Castilla y León, se han unido para lograr los 41 votos que, por primera vez, impongan una ley contra la voluntad del PP, un partido que gobierna la comunidad desde 1987.