Castilla y León

La televisión autonómica, en 'standby': «No sabemos nada hasta que nos comuniquen algo oficial»

Hay una parte de la ley, muy importante, que afecta a la televisión autonómica, constituida por dos grupos mediáticos privados, Edigrup (familia Ulibarri) y Promecal (Antonio Miguel Méndez Pozo), al 50%. La norma contempla un cambio en la composición de la Comisión de Seguimiento de las Cortes, que pasa a ser Consejo y a contar con un mayor control del parlamento. También se añade que se debe volver a convocar el concurso para conceder la licencia de televisión autonómica. Y que la concesionaria debería subrogar a todos los trabajadores. Que no son trabajadores públicos, porque la televisión es privada aunque su objetivo sea de interés público y funcione a partir de una subvención anual de la Junta que para 2025 es de 24,5 millones de euros y para 2026, según se aprobó recientemente, de 23,5 millones. Ayuda que, por cierto, no ha publicado aún el Bocyl.

Con estas premisas, la televisión autonómica se queda a la espera. En 'standby'. Será la Junta la que deba promover el nuevo concurso para la concesión de la licencia de televisión autonómica. Y el plazo es de tres meses desde que entre en vigor la ley.

Pero no es el único medio autonómico que se encuentra en esa situación. El PSOE ha anunciado una contrarreforma legislativa para pulir todos los detalles que reconoce como defectuosos. UPL se ha mostrado favorable a esa contrarreforma. Vox no. Vox ha dicho que todo se verá y que dependerá de qué se quiera regular, de cómo se redacte… Así que la aventura legislativa que ha unido a PSOE, Vox, Unidas Podemos y Francisco Igea, con el apoyo durante la tramitación de Por Ávila, UPL y Soria ¡Ya!, puede acabar de un modo distinto a como empezó.

Es por todas esas dudas por lo que el Colegio de Periodistas de Castilla y León ha lamentado que no se haya llegado a un acuerdo para modificar el texto entre todos los grupos parlamentarios. «Algunas de las modificaciones aprobadas pueden dar lugar a interpretaciones, lo que supone una gran incertidumbre entre los medios de comunicación, ya que según se interpreten y apliquen, algunos medios pueden estar abocados al cierre o se puede producir el despido de periodistas», ha escrito el Colegio en un comunicado.

Se refieren, por ejemplo, al tope del 33% de ingresos en concepto de publicidad institucional que las Cortes han fijado como límite respecto al total de ingresos de explotación. Los proponentes de la reforma insisten en que solo se aplica a la publicidad de la Junta, mientras que el PP advierte de que se refiere a «toda la publicidad institucional», incluidos ayuntamientos, diputaciones, fundaciones y universidades públicas. Tampoco se especifica si eso se refiere a cada cabecera o por CIF. A veces un mismo CIF aglutina a diferentes cabeceras o medios. Ni se explica qué ocurre si el medio, con una delegación autonómica, tiene su CIF en Madrid. Hay varios medios con raíz nacional: ABC, La Razón, El Confidencial, El Mundo o El Debate, por ejemplo.

«El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León solicitará una reunión con la Dirección de Comunicación de la Junta de Castilla y León para conocer cuáles serán los criterios que seguirán para aplicarla tras las recomendaciones del departamento jurídico de la institución autonómica», anuncia el organismo.