Castilla y León

Los informáticos de la Junta alertan del riesgo de externalizar servicios

Nueve versiones de Windows después, en Castilla y León el 95,8% de la población entre 16 y 74 años se conecta a Internet con asiduidad. Y dice el Instituto Nacional de Estadística que un 75,6% de los ciudadanos de esa edad «han utilizado alguna web o app de las administraciones públicas» en el último año (en este caso, 2024, que es el del último estudio).

Una plantilla casi idéntica y un uso multiplicado exponencialmente.

Con esa premisa, y ligado a sus exigencias laborales, la asociación de informáticos de la Junta de Castilla y León, que aglutina en torno a al mitad de los trabajadores, alertaba la semana pasada de que se han comenzado a externalizar por completo algunas aplicaciones. Esto quiere decir que se ha ido un paso más allá de buscar colaboración externa para determinados proyectos o cuestiones puntuales. El ejemplo más reciente, dicen, es el del Buscyl.

En casos como este, consideran, si la práctica se extiende, puede llegar un momento en el que los datos de los ciudadanos corran el riesgo de ser expuestos. «En el caso de Buscyl no hay un control por parte de la informática corporativa de la Junta», señalan, «sino que lo gestiona un servicio de telecomunicaciones». Y temen que eso se dé en el futuro con otras aplicaciones.

Porque externalizar funciones empieza a ser una constante ahora que los informáticos de la Junta no llegan a todo. Es imposible, alegan, porque la relación de puestos de trabajo (RPT) no se ha tocado desde el siglo pasado. Solo se mueven los peones de una consejería a otra cuando el organigrama se reestructura. Por ejemplo, si cambia la composición del Ejecutivo y sus funciones a partir de las elecciones de marzo.

«No ha habido un plan director informático», dicen. «Las aplicaciones de han multiplicado en estos años», añade otro. Lo cuentan en una cafetería junto a las Cortes de Castilla y León, en un día de Pleno en el que han decidido acudir a las puertas a manifestarse. ¿Qué sostiene este entramado de trabajadores? Pues podría decirse que todo, a estas alturas. «Las aplicaciones de educación, la PAC (Política Agraria Común), la administración electrónica, la función fiscal, la seguridad y custodia de los datos de los ciudadanos, afiliación sindical, datos sanitarios, epidemiología, salud pública, vacunas, programas de prevención.

Hay pequeños matices en Sanidad, por ejemplo, entre el personal estatutari, que se encarga de lo relativo a la atención médica, y el laboral, que lleva lo que no se incluye en ese apartado, explican, «como programas de prevención de cáncer de colon o de mama».

Y también llevan becas, concursos de profesorado, admisiones escolares, asuntos de la Consejería de Familia, ayudas al alquiler, ochenta líneas de ayudas en empleo.

«Todo se hacía en papel y ahora lo hace una máquina mágica que la soportan los informáticos», dicen con un punto de sorna. Una tarea que, aseguran, se ha multiplicado además desde la pandemia.

Por todo esto, concluyen que su función es «estructural». Y reclaman que se actualice la plantilla, que se regularice su situación laboral y se les funcionarice. «Con la funcionarización ¡garantizamos la digitalización!», decía una de las pancartas durante la concentración ante el parlamento autonómico. «Nueva RPT», pedía otra. «Sin informática no hay progreso y sin recursos vamos en retroceso», advertía una tercera. «Informática abandonada=administración apagada», alertaba una de las que servían como cabecera, mientras otras pedían un plan TIC, es decir, una estrategia de implantación y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Porque tener una plantilla precaria provoca, añaden, desactualizaciones. Como aplicaciones que obligan a utilizar un determinado navegador, por ejemplo. O peor aún. Situaciones en las que un desarrollo realizado por una empresa externa recae, cuando caduca el contrato, en la plantilla de informáticos de la Junta, que ni siquiera ha participado en él, lo que provoca problemas añadidos. Ponen como ejemplo «cuando la empresa deja el proeycto, lo tenemos que asumir. ejemplo 'Stilus', la app de los padres y alumnos para acceder a la información de Educación. «Está externalizado por completo», aseguran. En la web educa.jcyl se explica que Stilus es «el nuevo sistema integrado para la gestión de las enseñanzas escolares en Castilla y León» y que incluye una nueva aplicación web «para la gestión de los centros educativos; la creación de un núcleo estructural de bases de datos centralizado, con la información básica común y reutilizable; y la reorganización de las aplicaciones y servicios Web que ofrece actualmente la Consejería de Educación; y la creación de una identidad digital única para centros, familias, alumnos y profesores».

«A nivel laboral, somos los ingenieros peor tratados de toda la Junta de Castilla y León», lamentan. Y advierten de que en los últimos tiempos muchos compañeros han empezado a marcharse «a otras instituciones e incluso empresas privadas» donde las condiciones son mejores. Y no hace falta irse muy lejos. En algunos ayuntamientos de capitales de Castilla y León los informáticos son funcionarios.