El personal civil de Defensa de Valladolid se moviliza contra su «discriminación salarial»
Los empleados públicos del cuartel de El Pinar y la base de Santovenia se han sumado por primera vez a la protesta nacional
El personal civil del Ministerio de Defensa en Valladolid se ha movilizado este jueves para denunciar la «discriminación salarial» que padece, y lo ha hecho ... a través de sendas concentraciones en el exterior del cuartel de Artillería de El Pinar de Antequera y ante la base de El Empecinado de Santovenia de Pisuerga. Es la primera vez que estos empleados públicos de la provincia se suman a las protestas, que se han desarrollado simultáneamente en 70 instalaciones militares de toda España convocadas por la Unión Sindical Obrera (USO) y la Asociación de Personal Laboral de la Administración General del Estado (APLAGE).
El detonante de estas reivindicaciones ha sido que «a principios de año, con el Plan Estratégico de la Defensa de Europa, se hizo la famosa subida al personal militar pero no a nosotros», explica Sergio Quirós, delegado de USO y secretario de APLAGE, quien defiende el derecho del resto de los trabajadores del departamento que dirige Margarita Robles «a contar también con ese dinero». Recuerda, en este sentido, que «trabajamos codo con codo con los militares», lo que a su juicio convierte su exclusión de estas mejoras laborales es «un agravio comparativo».
«Al principio pensamos que se habían olvidado de nosotros», continúa, pero tras hacer patente su malestar sin obtener ningún resultado decidieron tomar medidas. «Como los sindicatos de las mesas negociadoras, que en este caso son CC OO, UGT y CSIF, no movían ficha, porque decían que ellos tenían que seguir una hoja de ruta, en abril los trabajadores decidimos salir a concentrarnos en la puerta de los centros», relata. Fueron unas movilizaciones «un poco precipitadas» que han ido ganando fuerza con el paso de los meses, y «cada vez somos más».
Complemento de 300 euros
La de este 13 de noviembre ha sido la séptima protesta y a ella «se han unido los dos centros de Valladolid», el Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería (PCMAYMA) y la base militar El Empecinado, que «han entrado nuevos ahora», señala Sergio Quirós. Este portavoz detalla que el colectivo está formado por alrededor de 15.000 personas en el conjunto del país, de los que «8.000 son laborales, 4.000 funcionarios y 3.000 estatutarios». En la provincia son 121, dado que hay «89 plazas cubiertas de personal laboral» y «de funcionarios 32», aunque existen 223 y 63, respectivamente.
Las demandas del personal civil del Ministerio de Defensa se concretan en la exigencia de «300 euros al mes consolidables en un complemento», porque en su opinión «lo que se ha conseguido hasta ahora es un parche». «Nos ponen la excusa los mismos sindicatos de que no se puede hacer, cuando hace relativamente poco tiempo se le ha hecho algo muy parecido a la gente de prisiones del Ministerio del Interior», critica el representante de USO, quien apostilla que «es lo que han llamado complemento del siglo XXI, con lo cual no entendemos que aquí no».
En relación a la cantidad, es claro. «No pedimos ni más ni menos, sino que se nos dé lo mismo que se ha dado a los militares, que son 300 euros, y de ahí no nos bajamos», sentencia el delegado de USO y secretario de APLAGE, quien hace hincapié en que «al final del año pasado se le dio 100 euros a la tropa, que todavía lo siguen cobrando, y ahora ya se les ha subido a los 200». Al hilo de esto, pone de manifiesto que «Defensa es el ministerio peor pagado de todos», y apunta como prueba de ello que «es el único que no tiene establecida la productividad, pese a que es algo por lo que estamos luchando desde hace mucho tiempo».
La consecuencia de ello es que, por ejemplo, «en los grupos inferiores en el momento en que se les quita el IRPF que pagamos todos se quedan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional», lamenta, lo que hace que los puestos vacantes en Defensa resulten poco atractivos para los opositores. «La gente lo utiliza como trampolín, en el momento en que cumplen los dos años y se pueden mover se van a otro sitio, porque somos los grandes marginados de la Administración General del Estado» (AGE), expresa rotundo Sergio Quirós, «y eso sin entrar a comparar con otras administraciones como las autonómicas o locales, porque en relación a ellas todos los de la AGE estamos mal». «Los mismos jefes de las unidades se quejan de que tienen falta de personal, y se están cubriendo en muchos casos con empresas externas, unas empresas que ya sabemos que siempre están mal pagadas y en condiciones malísimas», concluye.
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