Castilla y León

El operativo de extinción de incendios, entre el caos y la precariedad: «Llegan brigadas de otros sitios y tú estás en base»

«Sexto día parados en base. Ni una sola brigada fuera, pero sí que cruza todos los días Ejea de los Caballeros con su helicóptero al otro lado del Moncayo desde Zaragoza. La Junta de Castilla y León no está utilizando todos los recursos». Dos horas después los movilizan, pero es la primera vez que salen desde que otros compañeros de la misma dotación regresaran de los incendios que asolaban Zamora el sábado 16, cuando la situación aún estaba «un poco desmangada». Dos turnos, uno de mañana y otro de tarde, cada uno con cuatro especialistas en la extinción de incendios, un técnico y un piloto, esperando a recibir la orden que les permita salir a combatir el fuego.

«Te subes por las paredes. Es algo de tu propia comunidad autónoma y estás viendo que llegan medios de otras limítrofes o que vienen del extranjero y tú aquí no sales. Te sientes infravalorado», apuntan, sobre una decisión que ni comparten ni entienden ni les ha sido explicada y que achacan al «caos y la desorganización» de la Junta, responsable del servicio de bomberos forestales. «No es posible que no estén movilizando bien a sus medios, coordinando las horas de descanso del personal luego tengan aquí al Ejército y cuadrillas internacionales», critican.

Las mismas fuentes aseguran que lo relatado no ha sido una excepción, ya que «ha habido también otras bases de donde se han llevado el helicóptero pero las brigadas por tierra tampoco las han movido». «Somos los que peor hemos estado pero no los únicos», inciden, y aclaran que en grandes incendios lo habitual es que se les asocie a una autobomba si la máquina ha salido a «hacer descargas en carrusel» con otros medios aéreos: «Al final trabajamos también con camiones haciendo tendidos, estamos preparados para todo».

Son varios los testimonios que apuntan en la misma dirección desde el pasado lunes (hablan desde el anonimato por miedo a represalias, ya que dependen de subcontratas), cuando las cuadrillas hicieron público un comunicado «exigiendo su activación inmediata» ante la oleada de incendios que sufre la comunidad. En respuesta, la Consejería de Medio Ambiente rebatía el mismo día que los medios habían comenzado a volar esa misma tarde, a excepción de en Rosinos (Zamora) donde la «falta de visibilidad» impedía el despegue. Puntualizando, además, que las cuadrillas «estaban trabajando asignadas a medios terrestres», en contradicción por lo manifestado por el colectivo.

Las críticas en días sucesivos tampoco han cesado y el viernes trascendía que las dotaciones de Quintanilla de Onésimo, en Valladolid, se habían quedado en tierra después de que les fuera retirado de la base un helicóptero prestado con el que estaban trabajando al llegar la fecha prevista para su devolución a otra de las concesionarias que gestionan los medios aéreos. Fuentes de la base aseguran que el que tienen asignado, que durante la campaña de invierno se moviliza a Chile, aún no ha regresado, pese a que tenía que estar de vuelta el pasado 12 de junio, coincidiendo con el comienzo de la Época de Peligro Alto (EPA) de incendios, cuando el operativo tiene que estar al total de su capacidad. Sin embargo, desde la Dirección General de Patrimonio Natural de Política Forestal, dirigida por José Ángel Arranz, insisten en que el operativo ha estado «trabajando al 100%» y que se han «aprovechado todos los recursos» para aplacar los más de 200 incendios de las últimas semanas, en función de la «misión» que cada director técnico «haya creído más adecuada» para las distintas brigadas.

Los fallos logísticos a la hora de garantizar los medios para el descanso de las cuadrillas, tras jornadas eternas que en muchos casos superan las 12 horas, es otra de las sombras del operativo señaladas por los bomberos forestales consultados. «El primer día en el incendio de Las Médulas, después de 14 horas llegamos a las cuatro de la mañana a un polideportivo en Flores del Sil, donde no teníamos toallas ni champú y los sacos de dormir olían fatal». Uno de los directores técnicos de extinción del incendio de Porto en Sanabria reconocía el pasado martes que se «intentaba» dar el relevo a las brigadas en dos turnos sin que se excedieran las «10 o 12 horas de trabajo», pero que a veces «es complicado».

Los testimonios recabados apuntan también a la pobreza de los avituallamientos, con agua y bocadillos escasos, que no llegan o lo hacen tarde, tras jornadas enteras sin descanso ni alimento. «Hay veces de estar todo el día en el incendio y después comer un bocadillo ya de camino a casa. No es la tónica general que se coma bien. En Mahide (Zamora) el domingo 17 estuvimos todo el día sin comer, no nos dieron bocadillos y el agua nos la proporcionaron los compañeros de otra helitransportada», ejemplifican.

Situaciones que Mañueco ha achacado tras ser preguntado en rueda de prensa a incidentes puntuales de un «avituallamiento normal» por que el que se ha preocupado «personalmente». Y que, sin embargo, los trabajadores forestales atribuyen al fruto de la «improvisación» a la hora de gestionar su alimentación, que en no pocas veces depende de voluntarios y del trato generoso de los vecinos de los pueblos, agradecidos con la labor de quienes han acudido a apaciguar las llamas de sus sierras y montes por poco más de 1.200 euros, incluidos pluses de peligrosidad de 1,69 euros por hora. «En 2022 intentaron hacer un protocolo con empresas de catering, pero era muy absurdo. La Junta no tiene organización para eso, es todo lo que surja», apunta otra trabajadora forestal, que conoce bien los mecanismos del operativo.

Junto a la precariedad, «caos y desorganización» son las palabras que más resuenan entre los forestales. A ello achacan la amalgama de situaciones que han salido a la luz en las últimas semanas. Una cosa lleva a la otra y así lo explican desde la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCyL). Su lucha, desde hace varios años, es reivindicar un servicio «público, permanente y profesionalizado». «Solamente así se puede hacer un trabajo serio y tener una organización, digamos, ya pautada», sostiene José Ángel Domínguez, bombero forestal y vicepresidente de la asociación, que señala los problemas de «dimensionamiento» de un operativo que ha colapsado, dejando entrever en las grietas la descoordinación y la falta de personal para atacar el fuego y mantener retenes en labores de vigilancia durante los incendios.

Una carencia que la Junta trata de tapar «buscando personal en las listas del servicio de empleo público», tal y como denunciaba también CCOO, al haber «agotado las bolsas» propias por considerar un abuso de la interinidad, lo que se traduce en un personal menos cualificado. Días atrás una de las concesionarias publicaba en un portal laboral una oferta solicitando «peones forestales» para una cuadrilla en la que no pedían experiencia previa ni formación, siendo únicamente requisitos valorables.

En torno a una veintena de empresas, según cifra la Junta, gestiona el 50% del personal de una plantilla con cerca de 4.700 efectivos, entre cuadrillas terrestres, nocturnas y helitransportadas, además de otros recursos asociados al operativo, desde bulldozers, helicópteros o la logística de los puestos de mando avanzado. Mientras que los técnicos, los agentes medioambientales, las autobombas -aunque algunas ya están conveniadas- y el personal de las torres de vigilancia, están integrados en la plantilla de la administración autonómica como personal laboral, que aseguran, goza de una tasa de interinidad de «entorno al 90%» ante la falta de reposición de plazas y el retraso a la hora de resolver los procesos de estabilización. Porcentaje que desde Patrimonio Natural y Política Forestal tachan de «exageración», sin facilitar el dato exacto.

Una estructura que para ATIFCyL solo sirve para favorecer el «continúo despilfarro de fondos públicos», con un presupuesto que en los últimos tres años ha pasado de 70 a 125 millones de euros para tareas de prevención y extinción. Un incremento sustancial que, lamentan, no ha redundado en mejorar las plantillas sino en «licitaciones para el beneficio de empresas privadas, alquiler de autobombas con un sobrecoste dimensionado o el desmantelamiento de torres de vigilancia», citan, entre otros ejemplos.

El punto de inflexión fueron los grandes incendios de Ávila y después Zamora en 2021 y 2022. La muerte de uno de los suyos en la Sierra de Culebra, el zamorano Daniel Gullón, movilizó a un sector cansado de jugarse la vida por salarios ínfimos y contratos temporales ante una carente formación. Un error en la toma de decisiones mandó al retén del bombero fallecido a una zona crítica para hacer un contrafuego, lo que despertó la indignación entre sus compañeros. Las manifestaciones se tradujeron en la aprobación del Estatuto del Bombero Forestal a finales de 2024, una legislación nacional de obligado cumplimiento que incluye mejores condiciones y el reconocimiento de la categoría profesional, pero que aún no se ha aplicado en Castilla y León, donde, aseguran que se está «analizando la forma» de incorporar en el convenio colectivo del personal laboral. Tampoco lo ha hecho ninguna otra comunidad autónoma.

A nivel autonómico, en septiembre de 2022 se alcanzó un acuerdo fruto del pacto social «de buenas intenciones» pero que, por el momento, solo se ha traducido en «mejoras provisionales» y a «unos pocos». La promesa pasaba por hacer fijos a un «todos» ambiguo y que los forestales matizan: «Todos los que a él le parecen bien», en alusión al consejero Suárez-Quiñones, pues aseguran que son decisiones que se han fundamentado en «informes técnicos hechos deprisa y corriendo» y «poco elaborados».

Desde Medio Ambiente reconocen algunas excepciones en ese «todo» que abarca a los conductores y peones de autobomba, con la salvedad del turno de noche, que trabaja «seis meses». En la parte privatizada del servicio, destacan que el personal está contratado «un mínimo de nueve meses», aunque muchos de ellos, como las ELIFs, ya lo hacen «los 12 meses». Las cifras detalladas no incluyen al personal que trabaja únicamente los cuatro meses de la época de peligro alto, al que encasillan como «personal de refuerzo».