Samaniego «se adjudicó» obras del Ayuntamiento de Valladolid por más de 10 millones, concluye la Fiscalía

La exfiscal jefe de Valladolid, Ester Pérez, ha subrayado que las 13 sociedades comparten espacio físico y personal, que unas sociedades actuaban como proveedoras y otras como adjudicatarias de los contratos municipales, que hay flujos de dinero entre ellas y disposiciones de efectivo a los acusados pero que, en cualquier caso, «el dinero ha ido a una caja común que luego se ha repartido entre ellos».

Las acusaciones consideran probado que era Samaniego quien decidía qué obras se hacían por el Centro de Mantenimiento y cuáles se encargaban a empresas externas, que él hacía la propuesta de adjudicación (generalmente, apuntan, entre una terna de empresas, todas vinculadas a él o a sus familiares). Lo «delictivo», ha especificado la representante del ministerio público, «no es que derivara los trabajos a empresas externas, que ello está contemplado por las Administraciones públicas, sino llamar siempre a tus propias empresas para obtener un beneficio económico».

Además, se ha insistido por las acusaciones en que hubo facturas que se emitieron y cobraron por estas empresas «que se han facturado muy por encima de los precios de mercado», unas facturas que sumarían más de 600.000 euros de perjuicio al Ayuntamiento. Los propios peritos aportados por la defensa, ha expuesto la fiscal, «han reconocido que de las facturas analizadas hay un 4,64% de desviación al alza en los precios». A ello hay que añadir «que se facturaron trabajos que no se realizaron», ha subrayado la fiscal. Una de estas facturas, de 3.448 euros, es la instalación de una caldera eléctrica en Soto de la Medinilla, que no se instaló por el miedo a que la robaran, pero cuyo coste se facturó y cobró al Ayuntamiento.

«No sabemos quién elaboró esas facturas, pero nos da igual porque todo es una ficción: esas facturas se han elaborado, presentado y cobrado y el importe de los sobrecostes iban a la caja común de todas las empresas que luego se repartían los acusados».

Para la Fiscalía, Luis Alberto Samaniego es responsable de los delitos continuados de negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude a la Administración y estafa y falsedad en documento mercantil, y solicita penas de 11 años de prisión y 18 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Para su hijo Javier, su primo Antonio y el contable Miguel Ángel Rodríguez Patin se piden penas de ocho años para cada uno y su inhabilitación por espacio de cinco años para optar a subvenciones o ayudas públicas.

El Ayuntamiento de Valladolid solicita penas que en su conjunto suman 45 años de prisión para los cuatro imputados. Calcula los sobrecostes en 2,4 millones de euros que la institución local habría pagado entre los años 2000 y 2014. La acusación particular imputa a los cuatro encausados, además de negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude a la Administración y estafa y falsedad, los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El letrado de la acusación particular ha recordado durante su intervención que se detectaron las actividades de Samaniego en mayo de 2014 a raíz de un control de los contratos menores que se realizaban en el Ayuntamiento de Valladolid y que en junio de ese año se abrió expediente al funcionario y se puso el asunto en conocimiento de la Fiscalía. «Tenía prestigio y buena fama y carácter afable, todo el mundo confiaba en él y abusó de esa confianza, y por eso eludió los controles», ha señalado el acusador particular, quien ha incidido en que cuando la policía entró en el despacho de Samaniego en el Ayuntamiento, después de que se le abriera expediente, se encontró con que se habían borrado de su ordenador 65.436 archivos, una afirmación que ha conllevado la protesta del abogado defensor del exjefe de Mantenimiento, quien ha aseverado que Samaniego ya había entregado las llaves y que tampoco intervino en la supuesta destrucción de documentos del Centro de Mantenimiento.

Para el abogado del Ayuntamiento, entre los años 2000 y 2007, según el informe de la Brigada de Policía Judicial, las tres empresas de Samaniego, entre ellas, Castellano Leonesa de Mantenimiento SL, facturaban del Ayuntamiento una media anual de 301.000 euros, mientras que entre 2007 a 2014, cuando ya habían constituido las 13 empresas, el volumen de contratación pasó a 1,1 millones de euros.

Para los letrados de las defensas, que han solicitado la libre absolución para sus representados, el verdadero responsable de que se cometieran irregularidades fue el Ayuntamiento de Valladolid. En palabras del letrado defensor de Antonio Samaniego, «la clamorosa falta de control del Ayuntamiento» propició el ilícito penal. En concreto, Jesús Verdugo ha arremetido contra los superiores de Samaniego y, en especial, contra el interventor municipal, Rafael Salgado, «que se ha lavado las manos como Pilatos, pero que no ha realizado una fiscalización ni previa ni posterior» de estos contratos y de las facturas.

Todos los defensores han incidido en que de las más de 1.300 facturas analizadas solamente en 12 se han detectado «anomalías» y que, en cualquier caso, no tendrían relevancia penal sino civil. Durante la exposición de conclusiones definitivas, el letrado defensor de Samaniego hijo ha dedicado las tres cuartas partes de su exposición a tratar de demostrar la inocencia de Samaniego padre, reforzando con su extenso alegato las tesis expuestas por el defensor del exfuncionario municipal. Sobre todo, ha subrayado que no era Luis Alberto Samaniego el único que decidía en el Centro de Mantenimiento qué obras tendrían que ser realizadas por empresas externas, sino los dos capataces, y ha hecho hincapié en que las 13 empresas investigadas eran «independientes» y no había «concierto» entre ellas para el reparto de obras.

Para las defensas, que han solicitado al tribunal que tenga en cuenta «la demora indebida» en el procedimiento, que va para seis años, alguno de los hechos que se han juzgado habrían prescrito.

El juicio ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Valladolid.