Samaniego declara que «nunca, nunca» dio el visto bueno a una obra sin ejecutar en el Ayuntamiento de Valladolid

Los cuatro acusados del caso Samaniego escuchan las cuestiones previas planteadas por sus defensas antes de comenzar el juicio en la Audiencia de Valladolid. /Ramón Gómez
Los cuatro acusados del caso Samaniego escuchan las cuestiones previas planteadas por sus defensas antes de comenzar el juicio en la Audiencia de Valladolid. / Ramón Gómez

El exjefe de Mantenimiento aseguró ante el tribunal que «en quince años no hubo una sola queja porque eran trabajos baratos y buenos»

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

Los peor parados de la primera sesión del juicio del caso Samaniego no han sido los acusados, sino los técnicos municipales del Ayuntamiento de Valladolid que firman los informes sobre los que pivota la acusación de tráfico de influencias contra las cuatro personas que se han sentado en el banquillo de la Audiencia. El primer encausado, Luis Alberto Samaniego Conde, y especialmente su hijo y también empresario, Luis Javier Samaniego Miguélez, que rechazaron contestar a la Fiscalía y a la acusación particular que representa al Ayuntamiento, dejaron en evidencia a los peritos municipales, que ni siquiera habían visto las obras realizadas antes de emitir su juicio sobre las facturas con los supuestos sobreprecios. Unos sobrecostes que el Ayuntamiento cifra en más de dos millones de euros y la Fiscalía, en cerca de 800.000 euros.

Pertrechado con varias carpetas azules, y después de que no prosperaran las cuestiones previas de las defensas buscando la anulación del juicio con el argumento de la indefensión, el exfuncionario municipal se ha sentado ante el tribunal. En respuesta a las preguntas de los letrados defensores, Samaniego padre ha señalado que la relación de las empresas de su familia con el Ayuntamiento de Valladolid se remonta a 1972. Él estaba ya en la institución, donde ocupó varios puestos, pero no fue hasta el año 2000 cuando asumió la jefatura del centro de mantenimiento, cuando tenía a medio centenar de personas a su cargo entre electricistas, carpinteros y cerrajeros, pero solo un albañil «para más de 300 edificios municipales» y que «no podía subirse a un tejado porque no tenía el curso de prevención y riesgos laborales», motivo por el que, con frecuencia, las obras de contratos menores se tenían que encargar a empresas externas. Ahí es donde entraban sus empresas, especialmente Castellana y Leonesa de Mantenimiento (Caleman) o las de su familia, hasta 12 sociedades más, según el escrito de la Fiscalía, a las que casi siempre se le adjudicaban las obras. «Si se nos daban las obras es porque en quince años no hubo una queja, es porque eran trabajos baratos y buenos y porque yo era el primer interesado en que quedaran bien», ha subrayado el exfuncionario municipal.

Los encausados sostienen que no son «un grupo criminal» para repartirse las obras municipales

Pero el encausado desvió la atención y la responsabilidad respecto de las adjudicaciones a los dos encargados de mantenimiento que estaban bajo su mando y ejercían en el edificio de Las Eras. «Los dos que hubo, Julián de Pedro hasta que se jubiló en 2010 y María Jesús Benito, después, firmaban obras y adjudicaban y hacían las gestiones que a mi no me daba tiempo». En síntesis, explicó, cuando surgía un problema en uno de los edificios el servicio (municipal) correspondiente, se daba parte al director de dicho servicio y al centro de mantenimiento que, si no lo podía hacer, se daba a una empresa externa. «Siempre se decía al servicio cuál iba a ser el coste y mientras no se aprobara ese gasto no se hacía la obra». Samaniego fue tajante al afirmar que «nunca, nunca, nunca» había dado el visto bueno «a una obra no ejecutada».

Una sociedad por inmueble

La explicación que ha dado al importante número de empresas (trece de ellas, investigadas) en las que él o su familia están vinculados como administradores, socios principales o miembros de los consejos de administración ha sido que «por cada empresa hacíamos una nave; en cada inmueble que hacía, habia una empresa distinta, porque nos aconsejaron» y ha llegado a mencionar al hermano del interventor municipal, que era su asesor fiscal, «a quien le pareció fenomenal».

Respecto de las facturas en las que se le atribuyen irregularidades, sostiene Samaniego que de las más de 1.300 que le imputan, solo ha firmado 150 y de ellas, «solo en 88 dicen los técnicos que están mal» y ha criticado que un importante porcentaje de las obras «no las han visto» o no se han aplicado los parámetros que marca la ley a la hora de «interpretar» los presupuestos de los trabajos ejecutados. «Esto todo es trampa», ha concluido.

Como su padre, Luis Javier Samaniego Miguélez se sentó ante el tribunal esgrimiendo su propia documentación y explicó algunas de las fotografías de trabajos realizados por su empresas que, sin embargo, en los informes técnicos municipales, aparecen como no ejecutados o calificados como de coste muy elevado, «aunque los propios técnicos reconocen que están a precio de mercado o que incluso no han podido acceder a verlos, ni sabían cómo estaban los inmuebles antes de nuestra actuación. Entonces, si no han sabido ni identificar los edificios, ¿cómo pueden evaluar el trabajo realizado, si el precio es alto o bajo.

Nidos de cigüeña

Una de esas facturas, de 2011, corresponde a una obra realizada en el Archivo Municipal, sobre la que los técnicos apuntaron en su informe que «no puede constatarse el alcance de la actuación». El acusado ha explicado que «es imposible que lo vieran desde abajo, porque fue en el tejado y se necesitaba una grúa; además, la factura se ha inspeccionado seis años después«. La actuación encargada era retirar del tejado nidos de cigüeña que estaban afectando la cubierta. «No han valorado ni la carga, ni la retirada, ni la maquinaria necesaria, ni la protección del viandante».

Ha incidido, como su padre, en que los parámetros que se han aplicado también son 'elásticos', sobre todo si «se fundamentan en la base de precios, cinco años después, sin conocer el estado inicial de mayo de 2012, y se basan en fotos de Google, como ocurrió con la limpieza de un solar, reconocen ellos mismos que no pueden valorar las toneladas de escombro que se retiraron pero me ponen 'excesiva' en la factura«. Y además, le computan el IVA en el sobrecoste, cuando no puede hacerse, sostiene, según la ley. «O lo hacemos todo en igualdad de condiciones o siempre saldrán sobrecostes», ha señalado.

Respecto de las empresas, Samaniego júnior ha negado que, aunque todas ellas comparten sede en un edificio, se trate de un grupo de empresas creado 'ad hoc' para hacerse con las obras municipales y repartírselas, sino de 'coworking' para ahorrar costes.

Los acusados insisten en que no son un grupo criminal para repartirse las obras municipales de Valladolid.

El primo de su padre, Antonio Bernardo Samaniego Fernández, no se negó a contestar a las preguntas del ministerio fiscal. Ingeniero industrial y empresario, se desdijo (o no se acordaba, dijo) de algunas manifestaciones realizadas durante la instrucción, como que en 2014 dejó de ser administrador de Caleman y pasó a serlo el exfuncionario municipal «porque a mi primo le interesaba», tal y como le recordó la exfiscal jefe de Valladolid, Ester Pérez Jerez, que ha dejado por esta semana su trabajo técnico en la Fiscalía General del Estado y se ha vuelto a poner la toga para ejercer la acusación pública en este procedimiento, cuya investigación lideró antes de su ascenso a Madrid.

En el caso Samaniego, de supuesto tráfico de influencias, se sientan en el banquillo el exjefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Alberto Samaniego Conde; su hijo, Luis Javier Samaniego Miguélez; su primo, Antonio Bernardo Samaniego Fernández; y Miguel Ángel Rodríguez Patín, el contable de todas las empresas de la familia desde hace 35 años, que ha sido el último en declarar en la primera sesión del juicio. Al acusado principal se le atribuye los delitos continuados de negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude a la administración, falsedad en documento mercantil en concurso medial con estafa y otro delito de estafa. Al resto se les imputa estafa y falsedad en documento mercantil. Las penas que solicita la Fiscalía van de los 11 años de prisión para el exarquitecto municipal a los 3 años y 10 meses para cada uno de los restantes encausados.

La vista continuará este miércoles con la declaración de testigos y peritos.