Samaniego tenía incompatibilidad para trabajar fuera del Consistorio vallisoletano desde el año 2000

Los cuatro encausados del caso Samaniego, durante la vista oral en la Audiencia de Valladolid. /R. Jiménez
Los cuatro encausados del caso Samaniego, durante la vista oral en la Audiencia de Valladolid. / R. Jiménez

Los agentes de Vigilancia Aduanera declaran que las trece empresas de su familia se hacían pagos entre ellas, algunas no tenían actividad y los ingresos con los que jugaban «salen todos del Ayuntamiento de la capital»

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

El exfuncionario municipal y principal encausado en el denominado caso Samaniego, tenía incompatibilidad profesional con cualquier actividad privada y máxime relacionada el sector de la construcción, en el momento en el que asumió el cargo de jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid en 2000. Luis Alberto Samaniego, funcionario municipal que ha desempeñado varios cargos desde que entró en la institución local desde 1972, entre ellos, el de aparejador, aparece en el informe realizado por los agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria como perceptor de pagos en diez de las trece empresas investigadas vinculadas a su familia. En alguno de los casos le pagaban en talones, a veces figuraba en concepto de nómina y normalmente por transferencia. Otras veces los pagos se realizaban no como persona física, sino a las empresas en las que figuraba como administrador desde 2005 hasta 2014, como en Castellano Leonesa de Mantenimiento S.L. pero, en todo caso, apuntaron los autores del informe, «los ingresos que percibían procedían del Ayuntamiento». Algunas de estas empresas, indicaron, no tenían trabajadores, como Mantenimiento y Consolidación de Inmuebles.

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La funcionaria de Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha sido la siguiente en explicar sus informes ante el tribunal y ha apuntalado la tesis de la defensa de que no existía control por parte de los altos funcionarios del Ayuntamiento de las actividades de Samaniego y que si se hubieran establecido estos controles previos, especialmente por parte de la Intervención, «se habrían detectado las irregularidades en la contratación».

El informe de la IGAE sobre 1.319 facturas analizadas revela, entre otras irregularides, fraccionamiento de algunos de los contratos

Del análisis de las 1.319 facturas que figuran en el procedimiento y que corresponden a contratos menores suscritos por el Ayuntamiento de Valladolid con empresas externas para realizar obras de mantenimiento (limpieza de solares, reparaciones de edificios como colegios, viviendas sociales o dependencias municipales), la autora de estos informes ha destacado que se ha detectado, entre otras irregularidades, que se ha producido fraccionamiento de contratos, de forma que catorce de estos contratos en realidad tendrían que haber sido cinco. La declarante ha indicado que, además, más del 60% de las facturas no habían recibido la conformidad «por parte del servicio correspondiente», aunque fueron abonadas por el Ayuntamiento a las empresas de Samaniego. «Llamaba la atención que las facturas fueran correlativas, lo que indicaba que posiblemente se trataba siempre de las mismas empresas», ha apostillado.

El actual jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid, Miguel Ángel Ordóñez, también ha expuesto esta mañana ante el tribunal, en un prolijo y largo interrogatorio en el que se emplearon los letrados defensores para tratar de desvirtuar su testimonio, el contenido del informe que realizó (por encargo del interventor, dijo) respecto del análisis de 13 facturas. Según ha declarado, al menos en tres casos que él mismo ha podido contrastar, fueron empleados del Centro de Mantenimiento los que realizaron los trabajos, pero la empresa Caleman, de Samaniego, facturó por esos mismos trabajos. En concreto, aludió a la limpieza de una parcela en la calle San Millán. «No cuadraba que hubiera trabajado el palista del centro, como figuraba en el parte y se lo pregunté, y que hubiera otra factura de que lo hubiese hecho otra empresa externa».