Altos funcionarios afirman que Samaniego reconoció la trama de obras en Valladolid y alegó que lo hacía «por sus trabajadores»

El secretario general y el interventor del Ayuntamiento de Valladolid, los dos testigos estrella de la Fiscalía con los que ha arrancado la segunda sesión del caso Samaniego, han revelado que el exjefe de Mantenimiento y principal encausado, Luis Alberto Samaniego, les reconoció el entramado en una reunión, después de que la jefa del servicio de Patrimonio, Ana Isabel Paje, a finales de mayo de 2014, detectara que más de una docena de empresas a las que se había adjudicado obras municipales compartían desde el mismo número de teléfono hasta los administradores, y todas ellas estaban vinculadas con el funcionario.

Valentín Merino Estrada, el secretario general, ha revelado que, en esa reunión, a la que asistió el interventor, Rafael Salgado Gimeno, cuando le pidieron explicaciones, Samaniego les «admitió la conexión con esas empresas y dijo que lo lamentaba y pedía disculpas, pero que lo hizo en beneficio de los trabajadores de su empresa y lo justificó en la crisis y el descenso de las obras, para evitar despidos; nosotros no le admitimos esa justificación, porque en esa época muchas empresas estaban afectadas. El insistió en que lo hacía por una cuestón justa y social, por sus trabajadores. Yo tengo que mirar por los míos, decía».

Ambos testigos, que han asegurado que hasta entonces desconocían las actividades irregulares de Samaniego, han coincidido en que el exfuncionario tenía total autonomía para decidir si una obra menor tenía que realizarla empleados propios del Centro de Mantenimiento o una empresa externa y era él quien proponía a cuál contratar, e incluso llegó a dar él la conformidad en muchas facturas, en nombre del Ayuntamiento, de trabajos encargados a sus empresas o las administradas por miembros de su familia.

Rafael Salgado, el interventor, ha apuntado que el encausado tenía fama de funcionario competente y cumplidor en el Ayuntamiento, «de resolver los asuntos» y ha insistido en que si se trataba de un contrato menor de mantenimiento (obras que no afectan a la estructura de los edificios, como reparaciones, pintura o limpieza de solares) pasaba por sus manos toda la tramitación. Cuando la obra superaba los 18.000 euros de presupuesto, se exigía que presentara una terna de empresas invitadas. A preguntas de la fiscal, el testigo ha relatado que en una ocasión, cuando fiscalizaba estas obras, le recriminó a Samaniego que siempre invitaba a las mismas empresas a presentar presupuestos a la adjudicación y que «tenía que abrir el campo», aunque en ese momento no sabía que en esas ternas, casi siempre, las tres empresas eran de él.