Un médico que emitió un informe a favor de un traficante de la operación Yogur se enfrenta a un año y seis meses de prisión

Es toda una rareza en los estrados judiciales de Castilla y León que un perito se siente en el banquillo como presunto autor de un delito, pero hoy, si no hay conformidad con la pena solicitada, la Audiencia celebrará el juicio contra Julio Amigo Hernández, acusado de faltar a la verdad en un informe emitido sobre el estado mental de Rubén Sastre Chico, uno de los 32 traficantes de drogas que fueron juzgados en la Audiencia de Valladolid en junio de 2016 como resultado de la denominada operación Yogur, en la que la Policía Nacional desmanteló un grupo criminal. La fiscal solicita que se le imponga la pena de un año y seis meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio durante la condena y la pena de diez años de inhabilitación especial para ejercer como médico forense y perito, además de pedir que se le imponga una multa de cinco meses con una cuota diaria de 30 euros con una responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas. El acusado, que se presenta en su perfil profesional en Internet como perito judicial en medicina legal y forense, psicologia y odontología, ha incurrido, según la acusación pública, en un delito de falsa pericia del artículo 459 del Código Penal.

Considera la Fiscalía que, cuando el perito compareció ante el tribunal el 8 de junio de 2016 dentro del procedimiento abreviado de la operación Yogur, se ratificó en el informe pericial «sabiendo que faltaba a la verdad y con la intención de inducir a error al tribunal para que fallase a favor del acusado Rubén Sastre Chico». En su informe pericial emitido a propuesta del abogado de la defensa, el médico expuso que Sastre Chico, alias Java, como resultado de un consumo continuado de drogas, y «largos años de abuso de alcohol», carecía de «resortes cognitivos y volitivos mínimos, lo que causa una distorsión en su comportamiento provocada por la necesidad de droga derivada de su dependencia y del daño cerebral causado por el abuso continuado desde la adolescencia, hasta la actualidad, de todas las sustancias». Ese supuesto deterioro cognitivo habría llevado al acusado de narcotráfico a «una anomalía psíquica que conduce a una disminución notable de su imputabilidad». Durante el juicio, además, afirmó que «el daño cerebral en sus lóbulos frontales era profundo» y que el trastorno psicológico que sufría por el sentimiento de miedo, «con base real, es un factor de agravación tanto de su depresión como de disminución de su capacidad de entender y querer».

La fiscal considera que las conclusiones del perito sobre el estado mental del reo «no podían ser alcanzadas sin la realización de pruebas neurológicas y un seguimiento del paciente, pruebas que no realizó« . Java fue condenado a once años de cárcel, frente a los doce que pedía el fiscal como autor de un delito contra la salud pública, con las agravantes de notoria importancia y reincidencia, así como por el delito de tenencia ilícita de armas. Se le condenó también a pagar 400.000 euros de multa.

Veintiocho de los treinta y dos «narcos» detenidos en junio de 2015 en el marco de la operación Yogur pactaron un año después un conjunto de penas que sumaron 87 años de prisión, unos 124 años menos que las condenas que inicialmente solicitaba para ellos el ministerio fiscal, en un juicio inédito por tráfico de drogas en la historia de la Audiencia vallisoletana con tal número de encausados.

Cada uno de los veintiocho «narcos» confesos fue subiendo al estrado en la primera jornada para aceptar la rebaja de las penas acordadas, que oscilaron entre los seis años y seis meses de cárcel de las más duras hasta el año de la más reducida, junto con multas de entre 50 y 283.500 euros, según informó en su día Europa Press. Entre los cuatro acusados que rechazaron el acuerdo estaba Java, que fue juzgado y condenado con las penas más duras.

Los narcos detenidos en la operación Yogur (fue bautizada así por la gran cantidad de lácteos que consumían los sospechosos) fabricaban sus propias drogas de diseño, en especial, 'speed'. La redada concluyó con 200 kilos incautados en diez localidades de Valladolid, Palencia, León y Burgos.