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Su Majestad el Rey Don Felipe VI recibió el martes en audiencia en el Palacio de La Zarzuela al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España con motivo del centenario de la creación de la profesión. Fue un acto cargado de simbolismo institucional en el que se puso en valor el papel esencial que desempeñan los graduados sociales en la sociedad española.
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Palencia estuvo representado por su presidenta, Andrea Castrillo Bercianos, y por la vicepresidenta del Colegio y miembro de la Comisión Permanente del Consejo General, Ester Urraca Fernández.
Durante la audiencia, Su Majestad dirigió unas palabras especialmente significativas al colectivo. «Me siento más tranquilo sabiendo que existe vuestra profesión. Sois un ejército de 17.000 graduados sociales trabajando por la sociedad», según señalan desde el colegio de Palencia. Estas palabras, cargadas de reconocimiento, refuerzan el compromiso de los graduados sociales con la justicia social, el asesoramiento laboral y la defensa de los derechos de empresas y trabajadores.
La representación del Colegio de Palencia valoró profundamente este encuentro con la Jefatura del Estado, «que se produce en un momento histórico para la profesión, cuando se cumplen cien años al servicio de la legalidad, la cohesión social y el interés general La audiencia supone un respaldo institucional sin precedentes al trabajo riguroso, técnico y humano que cada día ejercen los profesionales en todos los rincones del país», añaden desde el colegio.
La presidenta del Colegio de Palencia, Andrea Castrillo Bercianos, destacó que fue «un honor poder representar a Palencia en un acto tan trascendental. Las palabras del Rey nos emocionaron, porque reconocen no solo lo que hacemos, sino lo que somos: profesionales comprometidos, formados y esenciales para el equilibrio de nuestro sistema laboral y de protección social.»
El Colegio de Palencia agrupa a los profesionales expertos en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la provincia, «garantizando la ética profesional, la formación continua y la defensa de los intereses del colectivo. Además, contribuye activamente a la mejora del tejido social y económico a través del asesoramiento jurídico-laboral, siendo una pieza clave entre ciudadanía, empresas y administraciones públicas», garantizan.
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