El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad

Primer paso, la denuncia. El Consejo de Administración telemático de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, celebrado el pasado viernes, decidió impugnar ante el Contencioso Administrativo el decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Valladolid que pretendía dar por válido el pago de 1.230.000 euros correspondientes a una novena parte de los 11.075.000 euros que debía abonar en 2024. Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, propuso en 2024 aplazar el pago de esos once millones. Ni el Consejo de Administración ni la Comisión de Seguimiento del convenio de integración le dieron el visto bueno, pero el Ayuntamiento entendió que se había producido un silencio administrativo, por lo que decidió reformular el calendario de pagos. Así, dividió los 11.075.000 entre los nueve años siguientes, con lo que en 2025 abonó la cantidad correspondiente más 1.230.000 euros. La respuesta de la sociedad Valladolid Alta Velocidad fue devolverle esa parte, lo que suponía en la práctica la negativa a asumir ese prorrateo propuesto -y llevado a cabo- por el Ayuntamiento.

Segundo paso, tras la resolución, otro contencioso. Si el Contencioso decide darle la razón a la sociedad Valladolid Alta Velocidad, abrirá la vía para que cualquiera de los miembros, especialmente Adif y Renfe, puedan denunciar el incumplimiento del convenio de integración por parte de uno de los socios (el Ayuntamiento). Si es Adif la que interpone la denuncia, se hará cargo la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, lo que estiraría aún más los plazos.

Tercer paso, instar la disolución. Si los tribunales dieran la razón a Adif, el incumplimiento del convenio de integración por parte del Ayuntamiento dejaría a la sociedad Valladolid Alta Velocidad sin su objeto social. Ese objeto social describe como su fin «ejecutar las actuaciones necesarias para llevar a cabo la remodelación de la red arterial ferroviaria de Valladolid, de conformidad con el Convenio suscrito en fecha 20 de noviembre de 2017». Así que la sociedad se quedaría sin objeto social. Y ese sería el punto en que las partes pueden instar la disolución de Valladolid Alta Velocidad.

Todo este proceso se puede prolongar muchos años. Tantos como para que se celebren las elecciones autonómicas (marzo de 2026), generales y municipales (finales de mayo de 2027), para que se termine la obra de la nueva estación de trenes, que aún no ha comenzado (verano de 2029), entre en servicio la variante de mercancías al completo (finales de 2026) y se terminen las obras de duplicación de la vía de alta velocidad (verano de 2026). Es decir, que la disolución llegaría con todos los objetivos de Adif y Renfe cumplidos, la integración reducida a los pasos de Labradores-Panaderos, Aviador Gómez del Barco, plaza Rafael Cano y padre Claret y sin rastro del soterramiento.

Al mismo tiempo, este proceso puede conllevar otras derivadas. Por ejemplo, lo que ocurra con los terrenos de los viejos talleres anexos a Farnesio. Renfe debe cederlos a la sociedad Valladolid Alta Velocidad para que se licite la descontaminación, limpieza, derribo de edificios y urbanización de las 11 hectáreas. Sin embargo, si la decisión es la de llevar la sociedad Valladolid Alta Velocidad hacia su disolución, Renfe puede optar por esperar a venderlos por su cuenta una vez que todo termine. Eso haría que la estación de trenes, con una fachada hacia Colón y otra hacia Delicias, se estrenara dentro de cuatro años, en la práctica, con una cara cerrada, ya que los terrenos de Farnesio ni siquiera estarían descontaminados y urbanizados.

Lo mismo ocurre con la estación de buses que debería conectar con la nueva estación de trenes en el suelo de los viejos talleres. La estación actual, en cuya remodelación está invirtiendo cinco millones de euros la Junta de Castilla y León, podría seguir en servicio muchos años más de los que se preveía.

La redistribución de las aportaciones económicas que pretendía el Ayuntamiento, y que ejecutó finalmente con ese intento de prorratear la cantidad de 2024 en nueve anualidades, tiene un precedente que puede jugar en contra de sus intereses. En diciembre de 2020 las partes implicadas decidieron suspender las aportaciones que debían realizarse en 2020 y 2021, a instancias del Ayuntamiento de Valladolid. En diciembre de 2022, todos los socios decidieron recalcular las aportaciones por los efectos de la pandemia: Junta de Castilla y León (PP-Ciudadanos), Ayuntamiento de Valladolid (PSOE-VTLP), Adif y Renfe (con Gobierno PSOE-Podemos) acordaron una adenda modificativa del convenio. Justificaron la decisión por la situación económica incierta derivada de la pandemia y rubricaron un nuevo calendario de pagos con las cantidades aplazadas.

Así, se estableció un nuevo calendario de pagos, rubricado por todos los miembros y especificado año a año desde que comenzaron a abonarse las cuotas. El Ayuntamiento de Valladolid había pagado hasta el año 2023, inclusive, 28,676 millones de euros de los 74,7 que debe aportar hasta la conclusión del convenio, en el año 2033.

Desde 2024 en adelante, la mayor cantidad correspondía precisamente a la anualidad del ejercicio pasado, con 11.075.000 euros. A partir de ahí decrece su cuota, hasta quedarse en los dos últimos años en 120.000 euros. Lo que hizo el equipo de Gobierno de Jesús Julio Carnero fue aplazar el pago de esa cantidad para diferirla a razón de 1.230.000 euros al año hasta 2033, algo que no recibió el visto bueno oficialmente, aunque sí, según Carnero, por «silencio administrativo».