La amenaza de disolución de Valladolid Alta Velocidad toma cuerpo: devuelven el pago fraccionado al Ayuntamiento

Este dinero se corresponde con la primera parte del aplazamiento del pago de los 11 millones de euros que el Consistorio debía abonar en el año 2024. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, pidió el aplazamiento del pago por entender que había dinero suficiente en la caja de la sociedad. No hubo acuerdo al respecto, pero de todos modos continuó con el órdago y después, en 2025, ha aportado el dinero que tocaba este año y una décima parte aproximadamente de los 11 millones. Esa parte es la que la sociedad Valladolid Alta Velocidad le devuelve ahora porque entiende que no se puede aplazar el pago de una cantidad motu proprio y pretender que los demás socios se conformen.

De hecho, todos los demás socios, y eso incluye a la Junta de Castilla y León, que secunda la postura del Ayuntamiento, han abonado sus cuotas en tiempo y forma. Y aunque hay dinero en la caja, lo que es cierto según las cuentas aprobadas por la sociedad, también lo es que parte de esa liquidez se debe a que no se están acometiendo pasos que ya estaban proyectados y listos para contratar las obras, entre ellos el de Arco de Ladrillo y los tres de Ariza, dos peatonales y ciclistas y otro de vehículos.

En la última reunión de la junta directiva general de la sociedad se aprobaron esas cuentas. Y se comprobó que la última tasación de los terrenos liberados por la integración ferroviaria (Farnesio, Argales, estación de buses y entorno de Ariza) ha mermado: de 401 millones de euros a 331. Una rebaja que se explica por la dificultad para disponer de esos terrenos, urbanizar y comenzar el proceso de venta de los solares, que no tiene un calendario definido ni parece que vaya a ponerse en marcha a corto plazo. Con este dinero hay que hacer frente a la deuda de la sociedad, que es de 342,1 millones de euros de capital más los intereses, unos 70,6 millones a día de hoy, según las cuentas de 2024 de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Es decir, 412,7 millones de euros. En caso de liquidación de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, los socios tendrían que asumir la deuda más los intereses según su porcentaje de participación en la sociedad. Y hay que recordar que la Junta y el Ayuntamiento tienen el 25% cada uno. Eso al margen de los posibles litigios sobre los terrenos, su venta y otras operaciones, que pueden estancar cualquier operación durante mucho tiempo.

Llegado a este punto, la devolución del dinero sirve para que la parte 'agraviada', en este caso Adif y Renfe y el Ministerio de Transportes, se cargue de razones de cara a una eventual petición de disolución de la sociedad por no cumplir los objetivos que figuran en el convenio de integración ferroviaria. Que una de las partes no aporte la cantidad definida en los anexos del convenio es suficiente para instar esa disolución.

Carnero ha insistido reiteradamente en solicitar ese aplazamiento, al que no se ha contestado en ningún momento, lo que el Ayuntamiento ha entendido como silencio administrativo positivo, pese a que en el consejo de administración se le ha insistido en que ese aplazamiento no se le concedía. Sí se renegoció el calendario de pagos en 2020 con motivo de la pandemia. Pero en ese momento todos los socios negociaron el nuevo calendario, lo firmaron y lo incorporaron como addenda al convenio de integración ferroviaria de 2017.

¿Qué ocurre a partir de ahora? La próxima reunión del consejo de administración debería producirse en el mes de septiembre. Si se produce, será con un ultimátum sobre la mesa, como ya avanzó el secretario de Estado. O se empieza a dar luz verde a los proyectos que están en el cajón, o el Ministerio de Transportes instará la disolución de la sociedad y el asunto se dirimirá en los tribunales. Mientras eso sucede, todos los pasos de la integración quedarán parados, el soterramiento seguirá siendo un deseo sin proyecto y, en cambio, las infraestructuras más deseadas por Adif y Renfe estarán en construcción. Una, la Variante de Mercancías, debería estar terminada y operativa a finales de 2026. La otra, la estación de trenes, comenzaría a construirse en octubre de este año y tiene un plazo de ejecución de 43 meses. Y los solares liberados, con capacidad para más de 4.500 viviendas, podrían quedarse atascados en el procedimiento judicial durante mucho tiempo.