La Audiencia absuelve a León de la Riva porque aunque actuó con «negligencia grave», no hubo dolo falseario

Francisco Javier León de la Riva, sonriente, acompañado de varios concejales del PP esta mañana en una terraza poco después de conocerse la sentencia./A. GARCÍA ENCINAS
Francisco Javier León de la Riva, sonriente, acompañado de varios concejales del PP esta mañana en una terraza poco después de conocerse la sentencia. / A. GARCÍA ENCINAS

Los tres avales del soterramiento, pese a ser irregulares administrativamente, no fueron firmados por León de la Riva para perjudicar al Ayuntamiento, dice el fallo

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

No hubo ni prevaricación ni falseamiento documental, al menos los tres jueces de la Audiencia de Valladolid así lo han apreciado tras las declaraciones de los testigos en el juicio celebrado este mes de julio, y el análisis de la documentación aportada durante la investigación judicial sobre las cartas de conformidad, que el exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, suscribió en representación del Ayuntamiento el 28 de julio de 2008, el 24 de septiembre de 2010 y el 26 de enero de 2011 con diferentes entidades bancarias.

Su objetivo era garantizar una línea de crédito sindicado para llevar a término el soterramiento del ferrocarril, una operación que, como señala el fallo judicial, se vio complicada por los efectos de la crisis inmobiliaria que no permitió sacar a la venta los solares en la zona de los viejos talleres de Renfe.

La sentencia completa

Mediante estas cartas, BBVA, Caja Madrid, La Caixa, Banco Santander, ICO y Caja España se comprometían a prestar hasta 400 millones de euros, con vencimiento el 31 de julio de 2021, de los cuales el 25% los debería de hacer frente el Consistorio de la capital, que formaba parte de la sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 (VAV).

Según la sentencia, las llamadas 'comfort letter' fueron elaboradas por las entidades bancarias y remitidas a los accionistas de la sociedad VAV, entre quienes también se encontraban la Junta de Castilla y León (25%), Renfe Operadora (12,5%) y Adif (37,5%).

En el caso del anterior regidor de la capital, y sus concejales Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, que también fueron acusados y ahora absueltos, este reconocía en las mismas que los tres documentos habían superado todos los controles administrativos municipales, por lo que la Corporación local avalaba cada documento.

Una circunstancia que el tribunal considera incierta, pero insuficiente como para aplicar a los tres procesados los delitos de prevaricación y falsedad documental por los que fueron acusados por la Fiscalía de Valladolid.

En el caso del anterior regidor se pidió 9 años de prisión por falsedad documental, y otras tres penas de ocho años de inhabilitación para cargo de concejal por prevaricación. Para Blanco y Sánchez, las condenas solicitadas eran de tres penas de ocho años de inhabilitación especial para ser concejales.

El Ayuntamiento de Valladolid, que ejerció la acusación particular, pidió para Javier León de la Riva tres años de cárcel e inhabilitación de nueve años, rebajando esta última para los otros dos exediles de Hacienda y Seguridad hasta los siete.

Procedimiento para el compromiso

«Recibida que fue por el señor alcalde Léon de la Riva, se transcribió en papel de la Alcaldía y fue suscrita por él creyendo que tenía competencia para proceder directamente a su firma en base a la citada autorización para intervenir en la Sociedad como alcalde-presidente», dice la sentencia de la Audiencia de Valladolid, que añade en los hechos probados que tal 'comfort letter' «era novedosa en el ámbito municipal, desconociéndose su carácter y naturaleza jurídica en esos momentos», pese a la cuantía del aval bancario.

Para absolver a Javier León de la Riva, los magistrados señalan que este «actuó sin informarse sobre el alcance real de esa Carta de Conformidad» en cuanto pudiera comprometer el patrimonio municipal. Tampoco consideró que se precisaban autorizaciones previas por parte del Pleno del Ayuntamiento.

Fue a raiz de la falta de tesorería de la sociedad Valladolid Alta Velocidad cuando en septiembre de 2010 desde el BBVA se instó a una pronta solución para proceder a conceder un nuevo crédito de hasta 70 millones de euros, de acuerdo a las condiciones firmadas en la primera de las cartas del 2008.

Y así sucedió con similar método con los otros documentos de crédito sin «dar conocimiento a níngún técnico del Ayuntamiento, ni pedir informe de la Asesoría Jurídica y omitiendo el procedimiento legal» que sería preciso para suscribirlas, dice el fallo.

Respecto a los otros dos concejales del PP, Alfredo Blanco (Hacienda) y Manuel Sánchez (Seguridad), los jueces sostienen que «tampoco iniciaron procedimiento alguno en el ámbito municipal en relación con las 'comfort letters' suscritas por el alcalde, aunque si bien sí asistían a la sesiones del Consejo de Administración de la VAV».

No fue hasta febrero del 2016, ya con la nueva Corporación municipal (PSOE-VTLP) cuando en un informe del Interventor General y de la Asesoría Jurídica se analizan estos documentos suscritos, y los efectos que tendrían como cartas obligacionales para el Ayuntamiento.

Se decía además que estos compromisos deberían de haber sido conocidos por el Pleno Municipal. Por este motivo, el 20 de abril de 2016, se presentó la denuncia que fue investigada por el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid dando lugar a ese sumario.

Sin conocimientos mercantiles

La sentencia señala que los hechos anteriores podrían configurar un delito previsto en el artículo 390 del Código Penal, consistente en faltar a la verdad. Sin embargo, la Sala de lo Penal, presidida por Feliciano Trebolle, no considera probado con el rigor que es necesario que el acusado al firmar los tres documentos «tuviera la intencionalidad de alterar el tráfico jurídico, de trastocar de forma consciente y maliciosa la verdad para inducir a error a los demás implicados en el documento».

Insisten los jueces, en favor del anterior regidor, que esas cartas fueron confeccionadas «unilateralmente por los bancos», y firmadas por Javier León de la Riva que «tenía experiencia como alcalde, aunque no conocimientos jurídicos en relación a estas cuestiones tan específicas con lo que no cabe excluir la versión alternativa de que no fuera realmente consciente del carácter de esos documentos mercantiles».

Para justificar la absolución de los tres cargos públicos del PP, el tribunal sostiene que el hecho de que «se trate de una ilegalidad administrativa grave, que ha provocado la nulidad de pleno derecho (fue en un Pleno del Ayuntamiento de 1 de septiembre de 2016), no puede identificarse con el delito de prevaricación».

Además, indica la Audiencia Provincial en esta sentencia que «no consta que se haya producido perjuicio evaluable económicamente al Ayuntamiento», que se ha frenado por la revisión de oficio que efectuó la actual Corporación presidida por el socialista Óscar Puente.

El fallo puede se recurrido en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, una circunstancia que tanto el Ayuntamiento de Valladolid como la Fiscalía deberán de comunicar antes de 10 días. Las costas judiciales se han declarado de oficio.

Un caso que se inició en 2015

La liebre saltó en 2015 de boca del actual alcalde. Óscar Puente aseguraba durante un pleno que la carta de conformidad del préstamo para el soterramiento era nula, tal y como confirmó el Consultivo días más tarde y ya avanzaba que los abogados municipales estaban estudiando posibles acciones legales. Acciones que se materializaron en el mes de abril de 2016.

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El Ayuntamiento también declaró nula la carta de conformidad firmada por el exalcalde de Valldolid, Javier León de la Riva, tan solo unos meses más tarde. En septiembre de 2016 la Audiencia de Valladolid emitía un auto por el que llamaba a declarar en calidad de investigado a De la Riva.

Ya desde su primera declaración el exalcalde alegó que no era consciente de la trascendencia del documento. Y eso que después se supo que había firmado otras dos cartas de conformidad en 2008 y 2010 al contrario de lo declarado ante la jueza. Tal y como desveló un documento aportado por el Ayuntamiento de Valladolid al juzgado de Instrucción número 4 de Valaldolid, encargado del caso.

En una segunda declaración ante la jueza en en mes de mayo de 2016 De la Riva reconocía que había firmado esas dos 'comfort-letter' previas a la de 2011 pero volvió a afirmar que desconocía su importancia. Tras esa declaración en la que también participaron los ediles Blanco y Sánchez, la Fiscalía pidió también su procesamientoal considerar que podían haber incurrido en un delito de prevaricación.

El 19 de septiembre de 2017 el Ayuntamiento de Valladolid presentaba el escrito por el que pedía la imputación del exalcade y de los ediles Alfredo Blanco y Manuel Sánchez. Para el primero solicitaba una pena de 3 años de cárcel y nueve de inhabilitación mientras que para los concejales solicitaba siete años de inhabilitación. La imputación se confirmaba en el mes de noviembre.

Llegó 2018 y con él la fecha del juicio previsto para el mes de abril. Sin embargo, tuvo que ser aplazado por la enfermedad del abogado del exalcalde. El 3 de julio fue la fecha fijada por la jueza para la declaración de León de la Riva que se reafirmó en sus anteriores declaraciones en las que aseguraba que desconocía el alcance las 'comfort-letter'. Aunque lo más llamativo fue su declaración final en el que se comparaba con 'la Manada' y se mostraba indignado porque la petición de cárcel para él fuera superior que para los condenados por abusar de una mujer en Pamplona. Además, acusó a Puente de incumplir un pacto para no llevarle al banquillo por las 'comfort letter' algo que el edil negó.

 

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