El Ayuntamiento pide tres años de cárcel para el exalcalde por el aval del soterramiento

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Asesoría Jurídica, ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid el escrito de acusación contra Francisco Javier León de la Riva, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez por el caso de la firma ilegal del aval al crédito del soterramiento, además de solicitar la apertura de juicio oral. El Consistorio pide para quien durante veinte años gestionó la Administración Local un total de tres años de prisión y otros nueve de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito de falsedad documental y otro de prevaricación administrativa. En el caso de los que fueran sus concejales de gobierno y en su momento miembros del consejo de administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad –Manuel Sánchez y Alfredo Blanco (en activo dentro de bancada municipal del PP)–, considera que procede imponerles una pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación pasiva o por omisión.

En el escrito, con un profuso relato de los hechos, la Asesoría Jurídica Municipal considera que las tres cartas de conformidad (‘comfort letter’) –2008, 2010 y 2011– tenían la naturaleza jurídica de un aval y la última de ellas comprometía cien millones de euros (25% del crédito de 400) de las arcas municipales si la Alta Velocidad incumplía la obligación de devolver el préstamo y los intereses a los seis bancos acreedores.

Los letrados municipales entienden que el exalcalde cometió un delito de prevaricación (artículo 404 del Código Penal) porque «sabía» que para poder firmar un aval tenía que haber iniciado un procedimiento que incluía obtener el informe del interventor municipal, haber solicitado la autorización de la Consejería de Hacienda de la Junta y haberlo sometido a un pleno. «Y a pesar de conocer los trámites legales que debía realizar y no hizo, firmó el documento. Y tenía que conocerlos –continúa el escrito–, porque de septiembre a diciembre de 2010 se tramitaron desde la Concejalía de Hacienda, de la que era concejal el señor Blanco, cuatro operaciones de crédito cumpliendo todos esos requisitos». Abunda, además, en que como alcalde sabía que por la deuda viva que soportaba el Ayuntamiento no podía haber firmado, tal y como ha ratificado en informes posteriores de 2016 y 2017 la Intervención General del Ayuntamiento. El escrito de acusación busca desmontar los argumentos que León de la Riva aportó ante la jueza cuando aseguró que desconocía la naturaleza jurídica de la carta de conformidad. Así, aporta informaciones recogidas en dos diarios locales en las que el entonces regidor reconocía que el Consistorio había avalado el préstamo.

Sin acuerdos internos

Respecto al delito de falsedad (artículo 390 de Código Penal , que recoge penas de tres a seis años de cárcel), la Asesoría Jurídica señala que en la carta de conformidad de 2011 se destacaba que ha sido rubricada con todos los acuerdos y autorizaciones para el válido otorgamiento del presente documento y, a continuación León de la Riva plasma su firma, a la que le sigue la frase «en ejecución de los acuerdos internos suficientes adoptados a este respecto». Según las declaraciones de los altos funcionarios municipales, se subraya en el escrito, esas autorizaciones y tramitaciones jamás tuvieron lugar.

A Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, el Ayuntamiento les atribuye un delito de prevaricación pasiva o por omisión, tipificado en el 404 del Código Penal en combinación con el artículo 11 del mismo cuerpo legal. Según recoge el escrito de acusación, el entonces concejal de Hacienda y ahora edil del PP conoció desde 2008 que los bancos que financiaban la operación de soterramiento exigían que cada uno de los socios firmase una carta de conformidad para avalar con el patrimonio público un posible incumplimiento en la devolución.

Obligación de actuar

Votó a favor de suscribirla en 2010 y en 2011 junto con León de la Riva y Manuel Sánchez sin tramitar ningún procedimiento ni llevarla a pleno. Como concejal de Hacienda «conocía el procedimiento para haber tramitado un crédito, porque acababa de tramitar cuatro en los últimos tres meses, y porque sabía que con la deuda viva del Ayuntamiento no se podía haber firmado esa carta y de haberlo hecho se hubiese tenido que tramitar, por su concejalía un expediente, que incluía obtener un informe favorable de la intervención municipal, autorización de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León y aprobación por el Pleno Municipal», se subraya, al tiempo que se destaca que «tuvo la obligación legal de actuar, ésta era materialmente posible y a pesar de ello, no lo hizo». Por ello, el Consistorio entiende que incurrió en el delito de prevaricación por omisión, porque «votó a favor y sabiendo que se iba a firmar un documento que no se podía firmar, no se opuso, ni lo impidió, como era su obligación» al ser el responsable de las cuentas municipales.

En el caso de Manuel Sánchez, los letrados del Consistorio entienden que cometió el delito de prevaricación pasiva o por omisión, ya que conoció que los bancos exigían que cada uno de los socios firmasen las cartas para avalar con su patrimonio el posible incumplimiento de la devolución del préstamo por la sociedad. Había participado como concejal en la reuniones que aprobaron las cuatro operaciones de crédito de finales de 2010 «y a pesar de ello y de que era su obligación como autoridad municipal, no se opuso a la firma de esas cartas de conformidad», se destaca en el escrito.