De la Riva carga contra la fiscal por solicitarle una pena superior a los miembros de La Manada

El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, cargó hoy contra el Ministerio de Fiscal por solicitarle una pena de nueve años de cárcel, superior a la condena de los miembros de La Manada, por la agresión sexual a una joven en Pamplona, o a los acusados de cometer un presunto «golpe de Estado» en Cataluña.

León de la Riva ha utilizado su derecho a decir la última palabra antes de que el juicio por las 'comfort letter' quedara visto para sentencia para acusar al actual regidor, el socialista Óscar Puente, de incumplir un pacto al que habían llegado ambos para resolver el asunto de las cartas de conformidad por la vía administrativa y no por la penal. De la Riva ha asegurado que él y su familia llevan tres años de calvario desde que «el alcalde Óscar Puente decidió actuar por la vía penal y no administrativa y desde que la Fiscalía me pide 9 años de cárcel y tantos de inhabilitación que por razones de la pura biología son imposibles de cumplir».

El principal acusado del juicio por tres delitos de prevaricación y falsedad en documento, que ha concluido esta mañana en la Audiencia de Valladolid, ha relatado que su primer conocimiento de la trascendencia de las cartas de conformidad que había firmado lo tuvo «cuando Puente me llamó por teléfono porque estaban revisando el documento, en septiembre de 2015 y me dice que fuera a verle. Me dijo que iba a buscar una solución porque le preocupaba múchisimo y que iba a evitar la vía penal». Pero después, ha continuado De la Riva,«ante los incordios del grupo político actual (del PP), se olvida del pacto conmigo y que por dos veces insinuó que iba a retirar al Ayuntamiento de este procedimiento, como le dijo al secretario de Fomento».

Ha aprovechado también De la Riva para insistir en que es desmesurada la pena que solicita la Fiscalía, «por la firma incorrecta de unas cartas, más que a la Manada o que al golpe de Estado de Cataluña, cuando no ha pasado más que desconocía la trascendencia y consecuencias de unas cartas de conformidad que hasta entonces jamás se habían tramitado en el Ayuntamiento».

El exconcejal de Movilidad, Manuel Sánchez, ha declinado manifestar nada al término de la vista este jueves, no así el exedil de Hacienda, Alfredo Blanco, quien ha señalado que «a lo largo de toda mi vida personal y profesional mi conducta se ha ajustado siempre a la ley y al derecho y, en el presente caso, también».

Las acusaciones han mantenido en sus conclusiones finales la petición de penas para los tres encausados. Javier León de la Riva, además de los 9 años de prisión e inhabilitación de 33 años, se enfrenta una multa de 7.200 euros y responsabilidad personal subsidiaria, mientras que para los otros dos exediles la Fiscalía pide 24 años de prisión para cada uno de ellos por prevaricación pasiva o por omisión, como integrantes del consejo de administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

El exalcalde firmó las cartas de conformidad exigidas por los bancos en 2008, 2010 y 2011 para renovar los créditos otorgados a dicha sociedad, independiente del Ayuntamiento, por valor de 400 millones de euros. Los bancos reclamaban en estas cartas al Consistorio el pago proporcional de su parte, 100 millones de euros, una deuda que finalmente asumió el socio principal, el Ministerio de Fomento, a través de Adif y Renfe.

Para las acusaciones, el munícipe se saltó los trámites del procedimiento en el Ayuntamiento y las firmó sin informes previos de Intervención y la aprobación del pleno municipal «a sabiendas» de que no se lo iban a autorizar porque la operación excedía el límite de endeudamiento y consideran que los otros dos exconcejales deberían de haber advertido a De la Riva de que no debía firmar esos avales. Han argumentado en sus conclusiones también que actuó así porque el soterramiento era el proyecto estrella del Ayuntamiento para ganar las elecciones. Los letrados de la defensa sostienen, sin embargo, que los acusados desconocían el alcance de estas 'comfort letter' y las obligaciones que comportaban y han puesto énfasis en que no ha existido perjuicio para el Ayuntamiento porque fueron anuladas.