De la Riva asegura que desconocía el alcance de las 'comfort letter'

El exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva ha asegurado en el juicio que ha comenzado hoy que no conocía el alcance de las tres 'comfort letter' -cartas de conformidad - que suscribió para un crédito vinculado con el soterramiento del ferrocarril y ha argumentado que nunca antes había firmado este tipo de documento en el consistorio.

«Desconocía la trascendencia económica» de la 'comfort letter', un documento que ahora «parece que todo el mundo conoce como el abc», lo que no ocurría cuando se firmó, ya que en veinte años no había suscrito este tipo de texto en el consistorio».

Ha argumentado en este sentido que pensó que lo que firmaba era una carta, no un documento de aval financiero, y que estaba encabezada con «muy señores míos», tampoco llevaban el visado todos los folios que contenía y además la firma figuraba «resumida».

León de la Riva se enfrenta a una petición provisional de pena por parte de la Fiscalía que suma nueve años de prisión por tres delitos de prevaricación en concurso con un delito de falsedad documental, supuestamente cometidos al firmar tres avales para un crédito vinculado con el ferrocarril en la ciudad sin seguir el procedimiento municipal fijado, en 2008, 2010 y 2011.

El exregidor, que se sienta en el banquillo de los acusados junto a los exediles Manuel Sánchez y Alfredo Blanco, ha explicado en la Audiencia de Valladolid cómo se constituyó en 2003 la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, cuando él era alcalde y formó parte por tanto del Consejo de Administración, con doce integrantes, entre ellos también los concejales de Urbanismo y Hacienda.

Ha detallado que en principio no iba a existir problema para la financiación de la sociedad, ya que se iba a obtener de la venta de terrenos que iban a quedar liderados después del soterramiento, según informa EFE.

En concreto, con las cien hectáreas que se iban a liberar en 2003 se iba a financiar la operación ferroviaria en su totalidad, incluso se planteó que si hubiera beneficios se repartirían de forma proporcional, el cincuenta por ciento al Ministerio de Fomento, el veinticinco por ciento a la Junta y el veinticinco por ciento restante al consistorio.

Después llegó la crisis económica y en diciembre de 2007 se celebró una reunión del Consejo de Administración en el que se trató la propuesta de financiación de la sociedad, cuyas ofertas no negociaba el Ayuntamiento.

Ha manifestado que desde el ministerio de Fomento se aseguró que ninguna administración tendría que firmar ningún aval y ha aclarado que cuando firmó la comfort letter en 2008 no sabía qué estaba rubricando, entendía que era una carta, motivo por el que no consultó a nadie sin que nadie tampoco le avisara del significado.

El exalcalde ha descrito que en el momento de la firma de las tras cartas tenía mayoría absoluta, razón por la que, si hubiera sometido al pleno municipal la consulta sobre su firma, la hubieran apoyado.

«No lo planteo -en pleno- por que creo que no es necesario» y por eso se hacen los tres con la misma no tramitación, pero no hubiera habido dificultad para haberlo hecho, ha subrayado.

«Creo que lo que yo estoy firmando es una carta. Nunca he firmado nada -un tipo de documento mercantil- con un informe negativo ni del interventor ni del secretario», ha dicho León de la Riva, quien ha contestado a las preguntas que le han formulado todas las partes personadas.

Durante le vista, el exedil Manuel Sánchez también ha manifestado que desconocía lo relativo a las cartas de conformidad ni la obligación que se podría derivar de las mismas, ni que se iban a firmar, y ha alegado además que su función se centraban en Infraestructuras, Movilidad y Planeamiento, no en Hacienda.

Por su parte, Alfredo Blanco ha sostenido que nadie explicó jamás qué era una comfort letter, ha negado que hubiera recibido correos electrónicos sobre cartas de conformidad y ha dicho en este sentido que no solía abrir el correo, ya que lo consultaba su secretaria.

Ha destacado que no tuvo ninguna intervención en cuanto a la financiación de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y ha defendido que en el caso del Ayuntamiento de Valladolid, esta administración no puede ser nunca aval por que así lo recoge el artículo 49 de la Ley de Haciendas Locales.

Finalmente ha asegurado que la firma de esas comfort letter no generaron «ni un euro» de perjuicio económico al consistorio vallisoletano y ahora mismo tampoco y «ya es imposible que se pueda generar».

El fiscal pide en concreto tres penas de tres años de prisión, tres de ocho años de inhabilitación especial para el cargo de concejal y otra de inhabilitación para dichas funciones de edil durante tres años, por tres delitos de prevaricación en concurso con un delito de falsedad documental.

También el ministerio público demanda para León de la Riva el pago de una multa de 7.200 euros -ocho meses con una cuota diaria de treinta euros- y en el caso de los dos exediles tres penas de ocho años de inhabilitación especial para el cargo de concejal por los tres delitos de prevaricación que atribuye en cada caso.

El Ayuntamiento, personado como acusación, reclama tres años de prisión para León de la Riva en sus conclusiones provisionales, mientras la defensa solicita la absolución.