Ladrones y vándalos, los nuevos 'clientes' del hotel Marqués de la Ensenada

Las consecuencias de aquella fulminante operación de desmantelamiento por parte de su último propietario, el alicantino Rafael M. M., aún colean en los tribunales mientras el histórico edificio de la harinera La Perla (levantado en 1912 sobre un molino original de 1841), situado entre las avenidas de Gijón y Salamanca, ha sucumbido en las últimas semanas a un imparable proceso de deterioro gracias al paso por sus estancias de ladrones, gamberros e inquilinos esporádicos.

El expolio de los restos del lujoso establecimiento, que abrió sus puertas en 2009 y las cerró por sorpresa el 2 de enero de 2017, previo embargo por impago a la Seguridad Social ha sido progresivo a pesar de los esfuerzos de la Policía Local por intentar frenarlo. «Hemos acudido en infinidad de ocasiones allí e, incluso, hemos colocado los candados en las puertas de servicio que dan a la calle Las Eras –junto a la entrada del antiguo restaurante–, pero los rompen continuamente y su interior está ahora destrozado», confirman fuentes policiales. Y basta pasar junto a sus verdes muros catalogados, que lo están, para comprobar que es así.

Una enorme pintada ilegible en su planta superior, bajo la cubierta –que ocupaba la suite–, da fe de las facilidades para acceder al hotel a través de las citadas puertas laterales, que dan a la cocina y a una salita del comedor. En esta última, tras los cristales rotos –por ellos cabe una persona–, se apilan varias puertas y muebles de madera maciza a la espera de ser cargadas por algún ladrón oportunista.

Los envases de bebidas, las velas a medio uso, los platos con restos de comida reciente e, incluso, las cortinas que tapan buena parte de sus estancias dan fe a las claras del paso de okupas y gamberros, al margen de los ladrones, que también, por sus estancias, en las que «muchas noches se asoma la luz por los cristales de sus plantas superiores», según confirman los vecinos del entorno.

Un alojamiento de cinco estrellas, vamos, que lleva meses abierto a su mala suerte ante la incertidumbre legal que rodea su propiedad si se tiene en cuenta que fue embargado a su gestor al día siguiente de que él mismo, según confirmó entonces, cerrara sus puertas sin previo aviso y vendiera el grueso del mobiliario por 8.000 euros al Centro Reto. Y el expolio, que se produjo cuando aún había inquilinos (clientes legales) en las habitaciones, no fue a más por la llegada de los inspectores de la Seguridad Social para dar fe de la acelerada operación de desmantelamiento que dejó con lo puesto a los empleados.

Lo poco que quedó en el hotel –puertas, cableado, mobiliario...– ha ido desapareciendo a medida que avanzaban los meses y presumiblemente continuará el expolio si las administraciones competentes no toman cartas en el asunto para proteger un bien catalogado, aunque siempre ha estado en manos privadas, que nunca llegó a lucir un precinto oficial a pesar de estar embargado formalmente por la Seguridad Social desde el 3 de enero de hace un año.

Su último gestor, Rafael M. M., dos de cuyas sociedades ostentaban la titularidad del hotel desde 2015 –el dueño original, que llevó a cabo la rehabilitación de la harinera tres años antes, se la vendió entonces–, dio la espantada al día siguiente del desmantelamiento programado, por él mismo, del establecimiento de cinco estrellas. Y hasta hoy. Los juzgados de la capital han ido resolviendo las demandas interpuestas por sus dieciséis trabajadores, a los que ni siquiera dio de baja y a los que adeudaba entre dos y cuatro meses de salario, siempre de manera favorable para la plantilla. El empresario alicantino y sus dos sociedades (Alba 2010 Patrimonial y Vis Invest Spain), junto a una tercera (Gourmet Productos de Alimentación), han sido condenadas en todos los casos a indemnizar a los empleados con cantidades que oscilan entre los quinientos y los cuatro mil euros.

Los fallos han declaro nulos los despidos en todos los casos, que fueron formalizados el 4 de enero de 2017, y resueltos los contratos –ni eso hicieron las citadas sociedades– con el fin de que las víctimas tuvieran derecho a cobrar, al menos, del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Las resoluciones, en su mayoría, han sido publicadas en los boletines oficiales al encontrarse dichas sociedades, y es literal, en «ignorado paradero». El nombre de su teórico dueño, a mayores, se asomó al Boletín Oficial del Estado (BOE) hace quince días con motivo de la declaración concursal de otra de sus innumerables sociedades –figuraba al frente de 41 entre 2012 y 2017–, en este caso con sede en Granollers. Suma y sigue.