Carteles con mensajes contra los dueños en la puerta principal del hotel.
Carteles con mensajes contra los dueños en la puerta principal del hotel. / J. S.

Los empleados del hotel embargado Marqués de la Ensenada no se pueden apuntar al paro

  • Siguen dados del alta tras el cierre por sorpresa del establecimiento

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El rocambolesco cierre del hotel Marqués de la Ensenada, el único cinco estrellas del casco urbano de la capital, aún colea una semana después de que su propietario lo desmantelara literalmente y procediera a su clausura por sorpresa –el día 2–, justo 24 horas antes de que el negocio al completo fuera embargado por la deuda que arrastraba con la Seguridad Social –el día 3–.

Los dieciséis trabajadores que hasta entonces conformaban la plantilla continúan dados de alta en una de las dos sociedades vinculadas a su último gestor, Rafael M. M. –Alba 2010 Patrimonial–, lo que les impide apuntarse siquiera al paro para poder cobrar, al menos, el subsidio de desempleo o buscar directamente un nuevo empleo.

«Nos han dejado en una situación dramática, ya que nos debía las nóminas de entre dos y cuatro meses y ahora nos impide ir al paro en esta situación», confirmaron ayer los propios empleados, que sí han sido dados de baja de la otra sociedad del propietario –Vis Invest Spain–, ya que durante las últimas semanas algunos figuraban en las dos empresas. La primera, Alba 2010 Patrimonial, comenzó a gestionar el hotel en julio de 2015 y la segunda, Vis Invest Spain, lo hizo desde diciembre.

De manera que los trabajadores, en ausencia del propietario, al que vieron por última vez el día 3, cuando le notificaron el embargo –se negó a firmarles la carta de despido–, preparan ya las correspondientes demandas judiciales. La mitad de la plantilla, de hecho, interpondrá una demanda colectiva a través del sindicato CGT para reclamar, por un lado, las nóminas que les adeudan y, por otro, la correspondiente indemnización por despido improcedente.

«Los abogados están preparando las demandas, pero ahora mismo lo que nos urge en forzarle a darnos de baja de una vez para poder seguir adelante», inciden los afectados, que reclaman la apertura de «una investigación judicial para determinar si el desmantelamiento del mobiliario del hotel se realizó de forma legal».