Un juicio al revés en Valladolid
La titular del Juzgado de lo Penal número 1 permite a los cinco acusados de una trama de favores declarar en último lugar tras la petición de un abogado de las defensas
Un juicio al revés, cuanto menos curioso. La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid, Olga Álvarez, ha permitido este jueves que ... los cinco acusados de una trama de favores declaren en último lugar, amparándose en el artículo 701 de la ley de enjuiciamiento criminal.
A primer ahora de este jueves, casi todo (el fiscal y los abogados tuvieron que compartir micrófonos) estaba preparado para iniciarse la primera de las tres sesiones orales del procedimiento en el que se iba a juzgar a cinco varones por una supuesta trama de favores, entre la que se encontraba el guardia civil Juan Carlos Carrasco Diez por «intervenir en distintos expedientes sancionadores y en gestiones varias incompatibles con su condición».
Precisamente, antes de empezar la declaración de los cinco acusados, el abogado de Juan Carlos Carrasco, Jesús Sebal, solicitó la posibilidad de que su defendido declarase en último lugar, es decir, una vez que todos los testigos dieran la versión de los hechos, argumentando esa posibilidad con varios juicios en España donde esa situación se ha dado recientemente y «como medio de defensa y derecho fundamental del acusado». Una petición que ninguna de las restantes partes (incluido la Fiscalía y las acusaciones populares) impugnaron. Tan solo, uno de los letrados de la acusación popular puntualizó que «lo lógico era seguir el orden que figuraba en los escritos».
Tras la exposición de los motivos, tocaba el turno a la jueza, que admitió la petición de Jesús Sebal y dejó a todos los acusados para el final, con la curiosidad de que los acusados podrán escuchar la declaración de los testigos y juntándose, prácticamente, su testimonio con el derecho de la última palabra de los encausados.
Artículo 701 de la ley de enjuiciamiento criminal
Cuando el juicio deba continuar, ya por falta de conformidad de los acusados con la acusación, ya por tratarse de delito para cuyo castigo se haya pedido pena aflictiva, se procederá del modo siguiente:
Se dará cuenta del hecho que haya motivado la formación del sumario y del día en que éste se comenzó a instruir, expresando además si el procesado está en prisión o en libertad provisional, con o sin fianza.
Se dará lectura a los escritos de calificación y a las listas de peritos y testigos que se hubiesen presentado oportunamente, haciendo relación de las pruebas propuestas y admitidas.
Acto continuo se pasará a la práctica de las diligencias de prueba y al examen de los testigos, empezando por la que hubiere ofrecido el Ministerio Fiscal, continuando con la propuesta por los demás actores, y por último con la de los procesados.
Las pruebas de cada parte se practicarán según el orden con que hayan sido propuestas en el escrito correspondiente. Los testigos serán examinados también por el orden con que figuren sus nombres en las listas.
El Presidente, sin embargo, podrá alterar este orden a instancia de parte y aun de oficio cuando así lo considere conveniente para el mayor esclarecimiento de los hechos o para el más seguro descubrimiento de la verdad.
Esta opción podría alargar en una jornada más un juicio previsto para tres días. Iba a concluir el lunes y ahora no se descarta que se habilite un día más, pues para este jueves estaba prevista la declaración de los cinco acusados.
La estrategia del abogado Jesús Sebal, apoyada en el artículo 701 de la ley de enjuiciamiento criminal, ya la formalizó el 10 de mayo en la Audiencia de Valladolid. En esta ocasión, defendía a un contable por apropiarse de más de 300.000 euros del grupo empresarial en el que trabajaba. Misma petición, con idéntica argumentación, pero que en esa ocasión encontró la negativa, y su defendido declaró en primer lugar sin la efectividad del artículo 701.
Con el aplazamiento de la declaración de los acusados al último día, la sesión de este jueves se ha levantado tras una duración de una hora. Estaba programado que hoy solo testificaran los encausados, mientras que este viernes está previsto que inicien la declaración los diferentes testigos.
En el banquillo de este juicio se sienta el agente Juan Carlos Carrasco por una supuesta implicación en una trama de favores hacia una decena de empresarios, en la segunda toma de la Operación Rosado (la primera se ha celebrado a principios de mayo). La Fiscalía pide 27 meses de cárcel para el guardia civil, ocho años de inhabilitación para empleo y cargo público y una multa de 10.800 euros por un delito continuado de violación de secretos y otros dos de tráfico de influencias. Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), como acusación popular, solicita tres años de cárcel, mientras que la Unión de Oficiales (UO), también como acusación popular, pide cuatro años y nueves meses de prisión y la retirada del cuerpo por diez años.
Para el resto de los cuatro acusados, la Fiscalía solicita penas desde los 2.400 euros hasta cuatro meses de cárcel.
Las conversaciones intervenidas entre 2017 y 2018 por la Operación Rosado permitieron descubrir otras actividades supuestamente delictivas del guardia civil e investigadas en un procedimiento judicial distinto. El agente, supuestamente, influía a cambio de dinero y regalos en diversas administraciones, autoridades y funcionarios para obtener beneficios para quienes acudían a él, realizando gestiones «incompatibles con su condición».
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