Gestores Administrativos de Castilla y León: «Una vez más, hemos demostrado ser una profesión esencial para la sociedad»

La situación provocada por la COVID-19 y el estado de alarma convirtieron el periodo de confinamiento en duras semanas de trabajo para los gestores administrativos, que en ningún momento dudaron a la hora de asumir sus responsabilidades profesionales, cargadas de retos e incertidumbres.

Enrique Martínez Llanos, delegado en Valladolid del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León, recuerda que esta crisis sanitaria «ha hecho aún más visible nuestra profesión, convirtiéndola aún más si cabe en esencial. Nos hemos pasado fines de semana completos dedicados a estudiar nuevos decretos o modificaciones de otro anterior o noticias que podían tener repercusión en alguno de los ámbitos de nuestros clientes, creando opinión muchas veces injustificada al compararlas con el decreto que finalmente era publicaba. Noticias que también teníamos que estudiar, aun así, porque iban a ser las cuestiones que nos encontraríamos al día siguiente en el despacho».

Ahora más que nunca, estos profesionales son, y seguirán siendo, los encargados de ejercer de traductores entre la administración y los ciudadanos porque conocen el idioma administrativo a la perfección. «Trabajamos siempre a golpe de decreto, que durante el estado de alarma eran decretos con errores en ocasiones, en otras con diferencias sustanciales a lo expresado previamente en la rueda de prensa de los ministros correspondiente. Hemos pasado de ERTES, a posteriormente petición de prestaciones para trabajadores en plazos más reducidos en relación con los que tenía la administración, prestaciones autónomas, moratorias, contratos alquiler, subvenciones empresariales, prestamos ICO. Lo terrible es que, previsiblemente, lo que nos viene ahora son los procedimientos concursales, cerrar empresas definitivamente».

Los gestores administrativos han dado la cara con los ERTES denegados, «con los trabajadores que tardaron en cobrar, con las empresas que no pueden pagar los gastos fijos, alquileres, luz, agua; con la información que, en ocasiones, se ha transmitido, que se les llenaba la boca y que luego quedaba en agua de borrajas. Sí, a los contribuyentes les han generado expectativas que luego en la mayoría de las ocasiones fueron incorrectas, o que exigían requisitos que no cumplía nadie. También nos ha tocado a nosotros el papel de desencantar a los ciudadanos, explicándoles que a ellos no, o que sí pero hoy no…».

A ello hay que añadir la tensión a la que han estado, y siguen estando, sometidos los gestores administrativos «por las amenazas directas desde el Gobierno sobre la revisión exhaustiva –nosotros no podemos tener errores– que se ha realizado de toda la documentación presentada (ERTES,…). Con esto no quiero decir que no haya que controlar desde la administración, pero considero innecesario transmitir la duda apriorística sobre la honestidad de los pequeños empresarios y autónomos con lo que están pasando muchos de ellos. Por favor, que miren a la calle y que se atrevan a discutir qué actividad no ha cesado por fuerza mayor y ha sido fraudulento; me parecen indignantes ese tipo de comentarios».

Enrique Martínez Llanos recuerda que empresarios sin ingresos han tenido muchas veces miedo por pedir algo que realmente se ha legislado para este tipo de situaciones. «Han estado muchísimos años nutriendo de impuestos a nuestro país sin recibir ninguna prestación y ahora se pone en duda su legitimidad innecesariamente. También en esa situación nos considerarán responsables de los posibles errores que puedan suceder; ahora se apoyan en nosotros para sacarles del apuro pero luego vendrán a mirar los puntos y coma. Siempre con la administración, los gestores administrativos nos hemos encontrado con una doble vara de medir: la administración se confunde y los contribuyentes engañamos».

Los gestores administrativos recuerdan que «las pymes y los autónomos siguen necesitando ayuda económica para que, en muchos casos, las fuertes inversiones en seguridad y prevención que han tenido que realizar no supongan el rejonazo que les faltaba en la consecución de su continuidad».

Según cálculos del Consejo General de Gestores Administrativos, una pyme con cinco empleados con atención al público ha podido incurrir en gastos superiores a los 8.000 euros para poder reanudar su actividad, «y mientras dure la obligación de mantener las medidas, se añadirían 700 u 800 euros al mes (medidas de separación de clientes, EPIS (equipos protección) para los trabajadores: mascarillas, geles, guantes, gafas…, aparte de equipos de control de temperatura, desinfecciones periódicas de las instalaciones, acondicionamiento puestos trabajo,…)».

A todo ello hay que añadir la realidad de tener que pagar los impuestos, que, según Martínez Llanos, «únicamente se han diferido con un descuento 'racano' de intereses y sin tener en cuenta la gran reducción de ingresos o desaparición en muchos casos, unida a todas las incertidumbres que tenemos sobre cómo será el futuro a corto y medio plazo en lo económico especialmente»».

Enrique Martínez Llanos quiere rendir un homenaje a todos sus compañeros que están dedicando un montón de horas a trabajar, «dando el callo, muchas veces por fidelidad y solidaridad a clientes con los que tienes un vínculo arraigado de muchos años de relación profesional que se ha convertido en algo muy especial en muchos casos. Los gestores administrativos hemos sido una piña, colaboradores y no competidores, remando con un objetivo común y sintiendo con orgullo que somos gestores administrativos, y que saldremos adelante y conseguiremos que España vuelva donde estaba antes, más que nunca. También debo mencionar a nuestro presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, inteligencia, liderazgo y sobre todo humanidad, que ha estado en la picota cada día partiéndose la cara por nuestra profesión».

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