Elude la cárcel tras defraudar 236.000 euros con empresas que cerraba tras generar deudas

Catalin Alexandru Rudareanu, de nacionalidad rumana, no irá a prisión. El acusado de defraudar 236.000 euros entre 2015 y 2020 con la creación de empresas que cerraba tras generar estas deudas ha reconocido los hechos y ha pactado con la Fiscalía y la acusación particular dos años de cárcel, una multa de 360.000 euros y el pago de la cantidad defraudada a la Seguridad Social.

Asimismo, ha llegado a un acuerdo para eludir la cárcel al comprometerse en la Audiencia de Valladolid a no cometer ningún delito en cinco años, comunicar el cambio de domicilio y a un pago de 250 euros mensuales, como responsabilidad civil para la Tesorería de la Seguridad Social, hasta alcanzar los 236.000 euros.

«Un plan directamente encaminado a defraudar a la Tesorería General de la Seguridad Social». Así detallaba la Fiscalía de Valladolid el engranaje de empresas agrícolas que el propio Catalin Rudareanu ha reconocido este jueves.

Ese plan, al que hacía referencia el Ministerio Público y por el que se pidieron inicialmente penas de cuatro años de prisión y una multa de 500.000 euros, consistía en la utilización de diferentes códigos de cuentas de cotización en la empresa creada para, posteriormente, abrir un nuevo negocio, con similar plantilla y actividad que la anterior, utilizando de igual modo varios códigos de cuentas de cotización.

Para conseguir ese propósito de defraudar, una vez que las empresas acumulaban deudas, daba de alta un nuevo código y cerraba o dejaba sin actividad la sociedad, continuando con la misma actividad bajo la apariencia de la última constituida, pero sin la deuda contraída.

Con ese procedimiento, Catalin Rudareanu se dio de alta en el régimen general de la Seguridad Social como empresario individual en septiembre de 2015, con su domicilio social en una calle de Mojados. Como consecuencia de ese engranaje de empresas, el importe principal de la deuda generada ascendió a 236.000 euros en cinco años (incluidos intereses moratorios y recargos legales).

Además, el empresario se valió durante ese tiempo de los servicios profesionales de un gestor, que llevó a cabo las gestiones documentales y trámites necesarios ante la Seguridad Social, sin que actuase con conocimiento efectivo de la operativa y finalidad defraudatoria perseguida por Alexandru.

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