Siete detenidos por firmar 32 contratos fraudulentos para cobrar prestaciones públicas
Un abogado daba de alta a supuestos empleados para que accedieran al paro, estos le ingresaban el equivalente a una nómina en efectivo y posteriormente el letrado les devolvía el dinero vía transferencia descontando su comisión
el norte
Valladolid
Miércoles, 8 de junio 2022, 10:06
Agentes de la Policía Nacional detuvieron entre el 25 y el 26 de mayo a siete personas en Valladolid por realizar 32 contrataciones fraudulentas para cobrar prestaciones públicas y regularizar extranjeros durante los últimos cinco años. En concreto, se les imputan delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de falsedad documental.
Fruto de la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, en el marco de la lucha contra el fraude y el empleo irregular, se desarrolló una operación policial que ha durado catorce meses. En marzo del año 2021 la investigación se centró en V. J. M. A., abogado y asesor afincado en la capital vallisoletana, quien contaba con la infraestructura de una empresa unipersonal con su propio nombre que le permitía contratar trabajadores de forma aparentemente legal.
El abogado, que contaba con un despacho en la ciudad dentro de la asociación de vecinos de un barrio, llegó a contratar a 32 personas en un periodo de tiempo de cinco años, la mayoría de ellos sustentados en la limpieza de portales comunitarios o de su propio despacho, si bien fruto de la investigación se ha tenido conocimiento que para esas labores se contaba con empresas externas.
Felicitaciones navideñas
Durante la investigación, según la nota del Cuerpo Nacional de Policía recogida por la Agencia Ical, se encontraron contratos «rocambolescos» para realizar funciones dispares como elaborar felicitaciones de Navidad pasadas las fechas propias de esa celebración; contratar para limpiar exclusivamente su vehículo particular a un empleado que carecía de carné de conducir, o meter en nómina a una persona para adecentar su oficina, la cual no acudía al puesto de trabajo o no realizaba sus funciones, por lo que contrataba una segunda persona para que hiciera lo mismo manteniendo el alta en la Seguridad Social de la primera «ya que le daba pena despedirla».
La mayoría de las altas tramitadas en la Seguridad Social eran de un solo día y los beneficiarios de estos trámites fraudulentos habían causado baja voluntaria en su empleo anterior, por lo que necesitaban el alta para poder acceder al cobro de prestaciones públicas. También se detectaron supuestos en los que el interés por generar esa relación laboral fraudulenta radicaba en la necesidad de disponer de un contrato de trabajo que garantizara medios de vida para regularizar la situación administrativa de los interesados o familiares.
Anuladas de oficio 28 altas
Los agentes también localizaron múltiples ingresos en efectivo en las cuentas bancarias del principal investigado, llegando a figurar ingresos en efectivo a nombre de alguno de sus presuntos 'trabajadores' en beneficio de V. J. M. A. para seguidamente esa transferencia ser reembolsada al 'empleado' en concepto nómina mensual. Es decir, el contratado fraudulentamente le ingresaba al empresario el importe de su propia nómina en efectivo para que posteriormente este se la devolviera vía transferencia bancaria descontando la comisión correspondiente. De los 32 trabajadores que llegó a dar de alta en la Seguridad Social, fueron anuladas de oficio 28 y se pudo localizar y detener a seis de los 'trabajadores'.
Los detenidos –tres hombres y cuatro mujeres entre 34 y 67 años de edad, de los cuales solo dos tenían un antecedente por otros hechos delictivos– fueron puestos en libertad tras prestar declaración a la espera de juicio y las diligencias se remitieron al Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid. Las detenciones fueron practicadas por agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Valladolid.
La utilización de contrataciones ilegales para regularizar a extranjeros ha motivado en los últimos años varias intervenciones policiales en Valladolid. En julio del año pasado fueron detenidas 16 personas por explotar a jornaleros del campo con condiciones laborales abusivas, en las que las víctimas ofrecían pagos de entre 250 y 8.000 euros por documentación para regularizar situaciones administrativas, reagrupaciones familiares o ser beneficiarios de diferentes prestaciones.
