A juicio dos hosteleros de Valladolid por un fraude de 240.983 euros a la Seguridad Social y cuatro mutuas
tribunales ·
La Fiscalía pide para los empresarios y otros cuatro acusados penas que suman 20 años de prisión por impago de cotizaciones y falsear documentos oficialesEn cerca de 250.000 euros cifra la Fiscalía de Valladolid el fraude a la Seguridad Social y a cuatro mutuas del que se acusa ... a los empresarios Francisco Javier y Miguel Ángel Martínez Beltrán, quienes desde febrero de 2010 se han dedicado a la hostelería, aunque también, «de manera complementaria», a la publicidad. Sostiene el escrito de la acusación pública que ambos se pusieron de acuerdo para defraudar a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de sus trabajadores mediante un plan que consistía en crear de manera sucesiva una serie de empresas «con distintas denominaciones pero con similar objeto social, misma plantilla y actividades». Así que, cuando una de las empresas acumulaba deudas por impago de las cuotas y eran requeridas para el pago por la autoridad fiscal, disolvían la entidad y creaban inmediatamente una nueva empresa, a la que trasvaban los trabajadores y «con la que continúan realizando las mismas actividades, pero sin la deuda acumulada anterior».
Los hermanos y otros cuatro acusados (el gestor, su ahora ex esposa y dos ex trabajadoras de estas empresas) se enfrentarán en el juicio a penas globales que suman 20 años de prisión por un delito de elusión del pago de cotizaciones de la Seguridad Social, tres delitos de falsedad en documento oficial en concurso ideal medial con tres delitos de fraude de prestaciones a la Seguridad Social, otro de falsedad en docuemto oficial y un delito continuado de falsedad en documento oficial. Las penas más elevadas se piden para Francisco Javier y Miguel Ángel Martínez Beltrán (cuatro años y seis meses de prisión y multa de 350.000 euros) y Pablo Martínez Lobato (siete años y tres meses de prisión).
Respecto de las indemnizaciones por responsabilidad civil, el ministerio público solicita que se imponga a los dos empresarios y al gestor el pago del grueso de lo supuestamente defraudado, 113.725 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social, además de indemnizar de manera solidaria a las mutuas.
Relata el escrito del fiscal que desde el 19 de febrero de 2010 hasta el 24 de febrero de 2017, los hermanos crearon cuatro sociedades sucesivas: Marbel Castilla y León, JMYMM Producciones y Gestión de Eventos Castilla y León SL, Asociación de Alimentos de Valladolid, Degusta Valladolid y Degusta Valladolid con Sabores SL. Esta última tenía siete trabajadores a fecha de 3 de septiembre de 2018. La actividad de la mayoría de estas empresas, excepto Marbel cuya actividad es de «agencia de publicidad» con domicilio social en Santovenia de Pisuerga, es la de «restaurantes y puestos de comida» y corresponden al establecimiento Restaurante Centro Segoviano con sede en José María Lacort de la capital vallisoletana. Durante ese periodo de cuatro años, «los requerimientos de pago y embargos fueron infructuosos». La deuda acumulada con la Seguridad Social de las cuotas correspondientes a estas empresas suma 169.100 euros.
«Con esta mecánica, los acusados han conseguido eludir el pago a la Seguridad Social de las cuotas correspondientes a las citadas empresas, superiores a 50.0000 euros durante cuatro años y que, al menos hasta el 20 de enero de 2020, fecha en que el fiscal presentó su escrito de acusación y pidió la apertura de juicio oral, »no han podido ser cobradas por la Tesorería General de la Seguridad Social«.
Los empresarios llegaron a tramitar varias incapacidades y durante ese periodo, su propio despido para obtener el pago íntegro del salario que supuestamente percibían
Además de estas cuatro empresas que figuran en los autos, los dos empresarios también tenían en ese periodo la sociedad Lunes Dieciséis Castilla y León de la que eran administradores solidarios y que disolvieron voluntariamente, según se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) de 29 de diciembre de 2011.
Contratación «recíproca»
Pero, además, a los hermanos se les acusa de defraudar un total de 71.871 euros a cuatro mutualidades ideando un sistema por el que, utilizando las mismas empresas (Marbel Castilla y León, JMYMM Producciones y Gestión de Eventos Castilla y León SL, Asociación de Alimentos de Valladolid, Degusta Valladolid y Degusta Valladolid con Sabores SL), consiguieron obtener diversas prestaciones. El sistema consistía en «la contratación recíproca de ambos hermanos en sus propias empresas como empleados por cuenta ajena, incluso en épocas en que estaban dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)». Indica el fiscal que aprovechaban la circunstancia y a los pocos días «y sin que exista causa para ello, solicitan una incapacidad temporal, bien por enfermedad común, bien por accidente laboral, con lo que obtenían la prestación correspondiente».
En algunos casos, subraya el fiscal, llegaron a tramitar su propio despido durante el periodo de incapacidad para cobrar el salario íntegro que supuestamente percibían de la propia empresa. Con este sistema defraudaron a Mutua Montañesa, Ibermutuamur, Asepeyo y Fraternidad Muprespa 71.871 euros más dos cantidades no determinadas.
Junto a los hermanos Martínez Beltrán, el próximo 13 de junio se sentarán en el banquillo del Juzgado de lo Penal 4 de Valladolid Pablo Martínez Lobato, administrador de la asesoría que llevaba todos los trámites a las empresas desde mayo de 2015; su esposa Mercedes Carrasco Vidal, que supuestamente se dio de alta en la Seguridad Social para cobrar unas prestaciones por desempleo que no le correspondían (el matrimonio declaró que todo fue un error), así como dos empleadas de las empresas Asociación de Alimentos y Degusta Valladolid Sabores, Leonor Moreno Miguel y Marian Laurentiu Macovei, a las que se les reconoció la prestación porque «en concierto» y mediante contratos simulados, completaron el periodo de cotización que, respectivamente, les otorgaba el derecho de prestación de desempleo y una prestación contributiva que, de otra forma, no le correspondería.
Para la defensa de los empresarios, no existió ánimo defraudatorio ni una sucesión de empresas «con ánimo delusorio, sino una sucesión de actividades fallidas económicamente, pero jamás ocultadas a la Seguridad Social, ni en la actividad ni en la composición de sus trabajadores. También cuestiona las cantidades supuestamente adeudadas a la TGSS y subraya que sus representados son »víctimas« que »depositaron su confianza en la asesoría para la gestión laboral, confianza que se ha visto pagada con irregularidades gestoras«. Solicita la absolución.
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