«Todo lo que me dieron a firmar lo firmé, hasta mi sentencia de muerte»

«Todo lo que me dieron a firmar lo firmé, hasta mi sentencia de muerte», ha declarado el testigo, quien ha relatado que la operación se fraguó en el despacho del director del banco, también encausado, Rafael Ramón Rufino Gómez. «Mi primo me dijo que quería empezar a construir en Madrid, que necesitaba un domicilio fiscal hasta arrancar y como yo tenía el taller de costura, me propuso que abriéramos una cuenta en el Banco de Andalucía, donde tenía un amigo, el director, que siempre le echaba una mano. Era mi primo, yo veía que le iban bien las cosas, que construía. El 18 de abril de 2007 se celebró la reunión en el despacho de Rufino Gómez, donde firmé todo lo que me dieron y el 25, en una notaría de Valladolid, se constituyó la empresa». Al día siguiente, en la nueva sociedad, ya había remesas para el descuento de pagarés falsificados y retiradas de dinero. En total, y hasta que su primo saltó el Charco hasta México huyendo de sus acreedores en 2009, Arroyo asegura que su firma fue falsificada en 202 pagarés y en 62 cheques que se cobraban y cuyo dinero se ingresaba en las empresas de José Ángel del Río, Dorico y Cuenta Visión, las dos constructoras que dejaron empantanadas tres promociones inmobiliarias en Villanubla, Santovenia y Cabezón. En total, 112 viviendas presupuestadas en 6,7 millones de euros, de los que el promotor estafado, Residencial El Páramo de Villanubla, pagó al contratista encausado certificaciones de obra por 2,6 millones de euros.

«Yo no entiendo nada de construcción, no era mi empresa, era su empresa. Me dijo que luego lo cambiaría todo a nombre de su mujer y su hija y que se encargaría de todas las gestiones», ha explicado el testigo, quien ha asegurado, a preguntas del fiscal, que nunca le dijeron que Domples fuera «para descontar efectos, sino para construcción». Entonces, ha asegurado, «no sabía ni lo que era un pagaré».

La mecánica era siempre la misma: las empresas de su primo libraban los pagarés a Domples y esta, «que nunca tuvo actividad», les revertía el dinero solicitado. Arroyo atendía las demandas de liquidez del constructor y acudía al banco, cuya oficina está a siete minutos de su taller en Madrid. «Yo recibía la llamada de mi primo, que estaba en Valladolid, para sacar una cantidad y luego la ingresaba en Dorico».

En 2008 empezó su pesadilla. «Me llama el director del banco para que fuera a su oficina y me dice que tengo que hacer hipotecas sobre mis casas, porque se han descontado pagarés. Y me amenaza: si tú no firmas yo a tu madre le pongo en la calle en diez días. Le digo que lo que yo tengo no los cubre, que los inmuebles ya estaban hipotecados. ¡Me dicen que soy el titular de la cuenta y el resposable de eso y me obligaron a avalar 490.000 euros en pagarés!». Después, su primo le firmó un documento privado en el que él y su mujer se comprometían a hacerse cargo de la deuda y aportaron una póliza. Pero la bola se hizo más grande, aunque cuando firmó las pólizas les pidió «que pararan». Su primo le presionó para renegociar el primer préstamo para alargar los plazos de las cuotas, de 9.000 euros. A principios de marzo de 2009, su pariente le llama desde México. «¿Cómo, le dije? Que hemos venido para ver si trabajamos y podemos hacer frente, me contestó». En un intercambio de correos electrónicos, el constructor reconoció los hechos y le firmó una declaración asumiendo su responsabilidad.

Ahora lo que reclama son daños morales «por lo que me han hecho pasar en los dos primeros años, nadie lo sabe, con mi madre en peligro» y que el banco le cancele la deuda. Al principio pidió una indemnización de 1,3 millones de euros. «Me volví loco, señoría», le ha explicado al magistrado presidente para justificar la petición de esa cantidad, «estaba muy encabronado y ellos habían movido en tan solo ocho meses, y como si nada, más de dos millones de euros«.

El constructor se ha conformado con cinco años de prisión, no así el director del banco, que no ha llegado a ningún pacto con la Fiscalía, de forma que se enfrenta a nueve años de cárcel.