La defensa de la familia Morchón: «No se entiende la imputación a los empleados»

Caso de los ataúdes ·
Atribuye la «elevada petición» de la Fiscalía, de 204 años de prisión para los 24 encausados, a «la excesiva relevancia pública del asunto»

M. J. Pascual

Valladolid

Sábado, 10 de junio 2023, 11:20

«No nos quedará más remedio con esta acusación que ir a juicio, pero confiamos en que se dictará sentencia absolutoria en su día, pues ... todos estos años de instrucción no han servido para acreditar absolutamente nada de las primeras acusaciones contenidas en las notas de Justo M.«, señala el letrado de la familia Morchón, tras una primera lectura del escrito de acusación del ministerio público, que pide para las veinticuatro personas investigadas en la Operación Ignis un total de 206 años de prisión. Una petición de condenas «muy elevada», valora el letrado Guillermo Ruiz Blay «que viene condicionada por la relevancia pública del asunto en sus orígenes, porque este asunto ha tenido un excesivo foco público, con una operación policial tan grande y tantas personalidades dando una rueda de prensa».

Entre los encausados está Incluido el empleado jubilado del crematorio de Santovenia Justo M., cuyo chantaje a Ignacio Morchón Alonso, el fundador del emporio funerario Grupo El Salvador (fallecido durante la instrucción), fue el hilo que permitió a la Policía destapar el supuesto 'cambiazo' de 6.000 ataúdes destinados a la cremación entre 1995 y 2015.

Del total de 4.048.768 euros de beneficio ilícito que calcula la Fiscalía que la empresa de Morchón se embolsó y blanqueó con la adquisición de propiedades inmobiliarias durante todos estos años, no consta que se haya beneficiado directamente ninguno de los trabajadores implicados en tales operaciones, según refiere en su escrito de conclusiones provisionales. El abogado de la defensa señala a este respecto que «no se entiende que el fiscal mantenga la imputación contra estos empleados, si en su mismo escrito reconoce que no han obtenido beneficio». La acusación pública pide penas para ellos que oscilan entre los nueve y dos años de prisión.

«Discordancias contables»

Sin embargo, desde la defensa se subraya que «los trabajadores no tienen nada que responder, porque solo es un compañero suyo el que les acusa injustamente de cosas que no han hecho», en referencia a las declaraciones de Justo M. Respecto de la familia Morchón, señala que «estamos en la misma situación, no deberían estar imputados, porque todos estos años de instrucción no han servido para absolutamente nada, ya que el contenido de las primeras acusaciones, que eran las notas de Justo M., no han podido ser acreditadas». Ni siquiera, apostilla, «las inspecciones realizadas por Hacienda durante el máximo tiempo posible han obtenido resultado, más que una sanción por una serie de discordancias contables, pero no ha existido un expediente por enriquecimiento injusto ni por defraudación de impuestos ni por nada, y tampoco la policía nacional, que ha estado llamando a centenares de personas buscando un solo indicio, y no ha habido nada».

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Considera este letrado que la instructora tendría que haber decretado el sobreseimiento de la causa porque «todo este tiempo no ha servido para recabar pruebas en contra», aunque subraya que sus patrocinados confían en que, tras el juicio, habrá una sentencia absolutoria.

La acusación pública imputa a los veinticuatro acusados casi una decena de cargos: constitución y pertenencia a organización criminal, delito continuado de apropiación indebida en concurso medial con estafa continuada; un delito continuado contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y delito continuado de falsedad en documento mercantil.