El chantajista no cobró, pero hace tambalear el imperio de Morchón

Entrada principal al cementerio del Grupo El Salvador./Gabriel Villamil
Entrada principal al cementerio del Grupo El Salvador. / Gabriel Villamil

Las pruebas de los 'cambiazos' que el empleado de incineraciones guardaba en una bolsa de deporte para extorsionar a su exjefe pueden conducir a este al banquillo

M. J. PASCUAL

El contenido de una humilde bolsa de deporte ha puesto contra las cuerdas judiciales al emperador de las funerarias de Valladolid, Ignacio Morchón Alonso, y ha dejado a sus clientes, decenas de familias de toda Castilla y León (al menos 6.000 casos, según la Policía), con la congoja de qué habrá en la urna en la que supuestamente descansan las cenizas de sus seres queridos, que fueron incinerados en el crematorio de Parque El Salvador SL.

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La investigación policial que ha dado con los huesos del exitoso empresario en una celda de la prisión de Villanubla y también con los de su hijo Ignacio y actual gerente del grupo funerario, así como de otra de sus hijas –ambos podrán salir en libertad condicional si pagan las fianzas de 800.000 y 400.000 euros, respectivamente, que les ha impuesto la jueza instructora– arrancó hace dos años, cuando el actual director gerente denunció a la Policía a un extrabajador que estaba mandando cartas de extorsión a su padre, ya jubilado, aunque nunca sin perder del todo las riendas de su negocio mortuorio, floreciente y en plena expansión en la provincia de Valladolid.

A las 15:30 horas del 3 de agosto de 2017, funcionarios de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valladolid entraban con Justo M. G. en su vivienda de Santovenia de Pisuerga. En una bolsa de deporte de color azul y verde, el que había sido entre 1995 y 2015 el empleado que recibía a los visitantes, controlaba las sepulturas y se encargaba del servicio de incineración en el cementerio de esa localidad, propiedad de Parque El Salvador, guardaba tres ficheros con esta anotación a mano: 'Incineraciones que se debían haber hecho en el tanatorio pero se hacen en el cementerio, sin caja'.

La funeraria sostiene que «es el montaje de un enajenado»

Funeraria Castellana (Grupo El Salvador) expresó anoche en un comunicado su condena «por los hechos descritos en el procedimiento judicial», que atribuye a «un único empleado, una excepción en la larga historia» de esta empresa. Sostiene que «son unos hechos aislados, dignos de todo rechazo» y «fruto de una manipulación que ha sido perpetrada en la mente enajenada de un solo empleado». Niega que los hechos que se investigan en el Juzgado de Instrucción 6 reflejen «una práctica común, habitual o conocida por ninguno de los que formamos parte de esta empresa». En concreto, con respecto del material fotográfico «solo refleja el montaje de un escenario dispuesto para la extorsión y recreación propia de su autor, a quien repudiamos en su perversión». En el mismo comunicado se desvirtúan las declaraciones de los testigos, «dos entre casi cien empleados», realizadas «por venganza y olvidando todo respeto a los fallecidos».

Partes de defunción

En estos ficheros, organizados por años (2013, 2014 y 2015), se contenían decenas de partes de defunción convenientemente cumplimentados y con notas manuscritas en la parte posterior. Dentro de la bolsa, los policías encontraron también dos tacos de 13 libretas cada uno unidos por gomas. En estos cuadernillos de cuarto de folio, había notas tomadas de su puño y letra, como después corroboraron los peritos calígrafos, que fueron realizadas entre 1998 y 2015. El contenido de la bolsa de deporte terminaba con un sobre más inquietante para los investigadores: contenía otros dos sobres llenos de fotografías de cadáveres en féretros y sus correspondientes negativos.

Dentro del frigorífico, en una bolsa de plástico, protegidos a su vez por otras bolsas, guardaba varios carretes fotográficos con imágenes de difuntos a quienes «se les robó la caja», que fueron tomadas entre 2008 y julio de 2013. Sobre el armario ropero del dormitorio principal, los agentes localizaron una cartera de piel negra y marrón que contenía tres 'pendrives'. La cámara con la que se realizaron las fotos de los muertos fue una Olympus que los investigadores encontraron en el mueble bar del salón.

«El autor material»

Tras el registro de su domicilio, Justo M. G fue detenido y puesto a disposición judicial a las 22:00 horas de ese mismo día. Ignacio Morchón hijo había denunciado el día antes al empleado que quería chantajearles y que, hasta 2015, se ocupaba en el cementerio de Santovenia de recibir los féretros con los cadáveres, su incineración y la posterior recogida de cenizas. Poco antes de jubilarse, pidió al gerente que contratara a su hijo para que ocupara el puesto que él dejaba, sin obtener respuesta. Así que días después volvió a la carga diciendo a su todavía jefe que no estaba de acuerdo con su base de cotización y que le quedaba poco dinero para su jubilación. Al responderle que iba a cobrar según lo cotizado, el empleado dejó caer que tenía fotos y documentos comprometidos y que había sido Ignacio Morchón padre, jubilado desde 2010, quien le había ordenado sustituir los féretros que accedían al horno crematorio por otros de menos valor para obtener una ganancia y que él quería parte de esos beneficios. Meses más tarde, incluso tras recibir «unos atrasos», el empleado siguió insistiendo en recibir dinero porque decía haber sido «el autor material de la sustitución de los féretros». Llegó a mandar cartas y fotos por WahtsApp de féretros abiertos con los cadáveres en el interior y un cartel manuscrito encima con el nombre del finado y la fecha, amenazando con «llevar todo a El Norte de Castilla». Ahora, todo este material, que no sirvió al chantaje, es la piedra angular del caso Ignis.