«Le debo mi vida, aunque suene así de triste, a la muerte de los jesuitas en El Salvador»

Carlos Díez, 'Cacho', ejerció inicialmente su labor social en la parroquia de Santo Toribio (Delicias), donde fue uno de los primeros 'curas obreros' de la ciudad, antes de emigrar a mediados de los años ochenta como cooperativista a Nicaragua, un país también más que inestable en aquella época. Pero los avatares del destino quisieron que a mediados de aquel mes de noviembre de 1989 viajara a la capital de El Salvador para participar en una reunión del movimiento Justicia y Paz.

«Estaba allí de paso cuando estalló la llamada 'ofensiva final' del FMLN y aquel 30 de noviembre (catorce días después de la matanza de los jesuitas) entraron unos militares a la residencia de los dominicos, pusieron la casa patas arriba, me robaron los 180 dólares que tenía y me llevaron detenido a los calabozos», relata el religioso antes de incidir en que en aquellos momentos «no sabías realmente lo que iba a pasar».

Pero su detención, que siguió a la ocurrida cinco días antes de otro dominico español (Miguel Andueza) y un estadounidense, enseguida movilizó a los diplomáticos españoles y a la propia comunidad dominica. «El secretario de la Embajada vino a los calabozos y me consiguió sacar al día siguiente, aunque con la condición de que firmará un documento en el que reconocía que colaboraba con la guerrilla y de ser expulsado de inmediato del país», explica el sacerdote antes de aclarar que, pese a no ser cierto, acabó firmando. «Yo no quería firmar eso, pero el secretario me convenció diciéndome que era la única manera de salir de allí, así que finalmente hice un garabato con la zurda (es diestro) para que fuera una firma irreconocible», añade.

El caso es que el dominico vallisoletano salió aquel 1 de diciembre de los calabozos, pasó la noche en la Embajada y al día siguiente fue escoltado por policías españoles al aeropuerto para abandonar al país en cumplimiento de una orden de expulsión con los cargos de colaboracionismo con el frente guerrillero. El sábado, treinta años después, acudió al acto de homenaje a Montes y Martín Baró para reclamar una justicia que no acaba de llegar por aquella matanza orquestada por la cúpula militar.

Y precisamente el coronel Inocencio Orlando Cepeda, el único mando que será juzgado por el crimen en la Audiencia Nacional, afirmó el mismo día de la liberación de Carlos Díez (así lo recogió este periódico), que desconocía si fueron militares o guerrilleros los que ametrallaron a los jesuitas. El fiscal pide ahora 150 años de prisión para el entonces viceministro de Defensa como autor ideológico de aquella matanza.