Las fuerzas de seguridad ponen el candado al patrimonio arqueológico

La subdelegada, Pilar Sanz, conversa con el secretario territorial de la Junta, César Gómez, en presencia del teninente coronel jefe de la Comandancia, José Luis Ramírez. /Antonio de Torre
La subdelegada, Pilar Sanz, conversa con el secretario territorial de la Junta, César Gómez, en presencia del teninente coronel jefe de la Comandancia, José Luis Ramírez. / Antonio de Torre

La Guardia Civil y la Policía Nacional perfeccionan sus conocimientos para velar por la protección más de 1.600 yacimientos que hay dispersos por la provincia

César Blanco Elipe
CÉSAR BLANCO ELIPESegovia

Si la cadena de colaboraciones no está engrasada, el riesgo de perder el patrimonio arqueológico aumenta. Las administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de coordinar sus movimientos para que el pasado que explica el presente de una sociedad pueda ser preservado para el disfrute y conocimiento de las generaciones futuras. Este es el objetivo que se han marcado varios de los actores implicados en el amparo de estos tesoros y así ha quedado patente este lunes, en la primera jornada de custodia del patrimonio arqueológico, dirigida a miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, policía judicial, áreas de investigación, Tráfico y Cuerpo Nacional de la Policía.

Las sesiones, que han contado con las aportaciones de expertos en la materia de la Administración autonómica, han abarcado en sus contenidos varios asuntos. Por ejemplo, la jefa del Servicio Territorial de Cultura, Ruth Llorente, ha compartido con los asistentes aspectos referidos al procedimiento administrativo sancionador en este ámbito que atañe a los bienes culturales.

A su vez, el letrado jefe de la Delegación Territorial de la Junta en Segovia, Marco Sandulli, se ha encargado de desgranar los delitos penales encuadrados en este marco; y el arqueólogo del Servicio Territorial de Cultura, Luciano Municio, ha abordado en su conferencia distintos aspectos acerca de la conservación y protección del patrimonio, así como el mapa de riesgos.

«Esta jornada reforzará la acción de los agentes en la recuperación de piezas robadas» pilar sanz, subdelegada del gobierno en segovia

Y es que los expolios suponen una constante amenaza por las circunstancias sociodemográficas en las que tienen lugar las excavaciones arqueológicas. La provincia tiene 209 municipios en los que no faltan iglesias, yacimientos ni museos. El disgregado patrimonio artístico es una golosina para ladrones, peristas, coleccionistas e inversores en arte, toda una red de tráfico de patrimonio que repuntó su actividad a partir de 2007 en el conjunto del país y a la que no es ajena la crisis.

En enero de 2012, el asalto al Santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla puso en solfa la custodia de los bienes de la Iglesia. El desagravio del robo sacrílego de las coronas de la patrona hizo saltar las alarmas, y nunca mejor dicho. De aquel suceso que conmocionó a la sociedad segoviana surgió un plan de colaboración permanente entre las Administraciones central y regional y la Iglesia representada por las diócesis. La comunidad autónoma fortaleció así sus medidas para garantizar la salvaguarda del patrimonio cultural, y en especial de los tesoros del arte sacro que guardan los templos religiosos.

En el punto de mira

La comunidad autónoma lo necesitaba. No en vano, un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aupaba a Castilla y León como el territorio «más atacado por este tipo de criminalidad, debido principalmente a la gran presencia y dispersión patrimonial de la Iglesia». Uno de cada tres robos producidos en España en la última década se cometió en alguna de las nueve provincias de la región, y sobre todo en las zonas más alejadas y desprotegidas del ya de por sí despoblado medio rural.

y la Iglesia es perfecta» josé luis ramírez, jefe de la comandancia provincial

El teniente coronel jefe de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil, José Luis Ramírez, confirma que la colaboración con la Iglesia en la protección de su patrimonio sacro es «perfecta». Aunque «lo ideal sería colocar un agente en cada iglesia, eso es imposible», ha apostillado al hacer hincapié en las dificultades con las que se topa la labor del Instituto Armado en la protección del patrimonio cultural y artístico.

La dispersión de la población, el aislamiento de pueblos cada vez más pequeños y vacíos y el progresivo envejecimiento de los censos no ayudan precisamente a prevenir este tipo de delitos contra el patrimonio arqueológico. Como puso de manifiesto el secretario territorial de la Junta de Castilla y León, César Gómez, a lo largo y ancho del mapa provincial hay más de 1.600 yacimientos y excavaciones.

El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil especifica que la amenaza de robos proviene «fundamentalmente de grupos organizados que envían a gente» para que sustraiga los objetos. Según el 'modus operandi' habitual de estas redes de delincuentes, esos botines se venden en el mercado negro. Ramírez ha subrayado también que «una gran parte» de los hallazgos arqueológicos expoliados logra ser recuperado. Otros artículos, sin embargo, se dan por perdidos durante años hasta que son descubiertos en «un museo o en una colección particular».

A partir de la denuncia del Seprona

Los objetos con los que se hacen estas bandas organizadas son de lo más variados y pertenecientes a distintas épocas históricas, añade en su exposición el teniente coronel Ramírez. Por la experiencia acumulada en las investigaciones abiertas por delitos contra el patrimonio arqueológico, vasijas y restos de metales conforman buena parte de los botines de los ladrones.

«En la mayoría delos casos estos delitos son cometidos por banmdas organizadas» josé luis ramírez, jefe de la comandancia provincial

A pesar de la compleja labor de custodia y vigilancia por culpa del aislamiento y la despoblación y también del extensísimo patrimonio arqueológico, el volumen de denuncias y sanciones por posibles robos en yacimientos y excavaciones no es excesivo. El secretario territorial de la Junta de Castilla y León cifra en diez los expedientes sancionadores tramitados hasta ahora en lo que va de año. La cantidad no difiere en demasía de un ejercicio a otro, deduce el representante de la Administración regional. En los últimos tiempos, la cifra anual de actos ilícitos contra el patrimonio arqueológico oscila entre diez y diecisiete, calcula César Gómez.

La mayoría de estos expedientes se incoaron a raíz de denuncias presentadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, como precisa el representante autonómico. En este último año, nueve de las diez sanciones procedieron de la denuncia presentada por los agentes.

En busca de más eficacia

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz, hace hincapié en la utilidad práctica de la jornada formativa celebrada en la Comandancia Provincial. Insiste en que el objetivo de la sesión consiste en el enriquecimiento de los conocimientos que han de tener los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de patrimonio arqueológico, así como sus riesgos y los delitos de los que pueden ser objeto.

«De este modo, podrán así mejorar tanto en la prevención y la protección de nuestro rico patrimonio arqueológico, como reforzar su acción en la resolución de delitos, recuperación de piezas…», argumenta la subdelegada. Este perfeccionamiento también atañe a la eficacia del procedimiento sancionador, concluye el secretario territorial.