Elena García Gil: «El grado de exposición a las inversiones inmobiliarias era el normal»

Elena García Gil recoge documentación al ser llamada a declarar. De Torre/
Elena García Gil recoge documentación al ser llamada a declarar. De Torre

A diferencia de Soto y Agudíez, la exvicepresidenta segunda de Caja Segovia y exmiembro del Comité de Retribuciones, se enfrentó al interrogatorio de las acusaciones exvicepresidenta segunda de Caja Segovia

César Blanco Elipe
CÉSAR BLANCO ELIPESegovia

«Inercia ninguna, los temas que se debatían y se estudiaban», espetó Elena García Gil en un momento de su declaración durante el juicio por las prejubilaciones millonaria de Caja Segovia que se celebra en la Audiencia. Fue cuando el abogado de la acusación particular de la Fundación Caja Segovia, Rafael Yturriaga, insistía con otro incisivo interrogatorio en tratar de desmontar la apariencia de legalidad y de transparencia que los exaltos cargos de la entidad están transmitiendo en sus comparecencias ante el tribunal. «Creo que sí se proporcionaba información suficiente», reiteró la exvicepresidenta segunda y miembro del Comité de Retribuciones, quien expresó sus suposiciones acerca de que era el departamento de Recursos Humanos el que adoptaba las iniciativas de modificar las prejubilaciones en 2008 y 2010.

Encausada como cooperante necesaria para la comisión de delitos de apropiación indebida y administración desleal, García Gil subrayó que era el consejo de administración el podía aprobar las cuestiones referidas a la entidad. También hizo hincapié en que las cantidades económicas referidas a las bajas incentivadas «se hablaban de manera agregada». Es decir, se informaba de la totalidad y no se detallaban de forma individualizada.

Al ser preguntada por la modificación del plan de prejubilaciones de 2010, explicó que le parecía «lógico» que los miembros del comité de dirección «se liberaran de las restricciones» a las que estaban sometidos por un compromiso con la entidad de ahorros y por el que continuaron trabajando en la Caja, a pesar de haber podido acogerse antes a las prejubilaciones por cumplir el requisito de la edad.

García Gil admitió ser consciente de las cuantías que iban a recibir los ejecutivos. Era cuestión de hacer una operación matemática sabiendo que iban a percibir el 74,7% del sueldo fijo. La exvicepresidenta segunda replicó a la acusación de Izquierda Unida y afirmó que la Caja «era prudente» en la gestión de su patrimonio inmobiliario. «El grado de exposición a las inversiones inmobiliarias era el normal», aseveró. A pesar de la queja expresada ante el tribunal por parte de la Fiscalía al sentirse interpelada, el abogado de IU, Alberto López-Villa, volvió a insistir durante sus interrogatorios en la necesidad de demostrar que la entidad no era solvente cuando repartió las prejubilaciones.

 

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