Manuel Escribano: El sistema de gobierno de Caja Segovia «era el más garantista»

Abogados de la acusación en la sala de la Audiencia de Segovia en la que se celebra el juicio por las prejubilaciones de la extinta Caja Segovia./Antonio de Torre
Abogados de la acusación en la sala de la Audiencia de Segovia en la que se celebra el juicio por las prejubilaciones de la extinta Caja Segovia. / Antonio de Torre

La Confederación Intersindical de Crédito retira su acusación por no poder costear los gastos

CÉSAR BLANCO ELIPESegovia

El exdirector general de Caja Segovia, Manuel Escribano, es el primero de los encausados que se enfrenta a las preguntas de las acusaciones que quedan en el juicio de las prejubilaciones. Escribano está defendiendo vehementemente la gestión de la entidad de ahorros frente al interrogatorio del abogado de la Fundación Caja Segovia, acusación particular en el proceso.

«El sistema de gobierno era el más garantista», ha esgrimido en reiteradas ocasiones. También ha defendido que la información era permanente al consejo de administración, que se hacía con 36 horas de antelación mediante SMS para las convocatorias y por escrito. De esta forma, el encausado ha rechazado que los miembros desconocieran los términos del plan de prejubilaciones. En su intervención, ha enarbolado la «transparencia» y los sacrificios de la cúpula al restringir las condiciones.

«Se avecinan varios días de vistas, hay que traer a los abogados de fuera, pagar los viajes, las minutas y tras siete años se nos hace demasiado pesada la carga!. Así se expresa José Ignacio Bernabé, representante de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que a unas horas de la reanudación del juicio oral contra los exdirectivos de la Caja Segovia por las prejubilaciones ha decidido retirar la acusación popular por lo que solo quedará Izquierda Unida (IU), además de la Fundación Caja Segovia, que ejerce la acusación particular tras la legitimación del tribunal.

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La confederación desiste de continuar en el proceso, como ha informado al juzgado. La retirada se ha tomado a última hora y se ha puesto en conocimiento de la Audiencia «después de meditarlo mucho», afirma Bernabé. «Han sido más de siete años de esfuerzos personales y económicos para estar personados en la causa», subraya el representante de la CIC, que lamenta no poder hacer frente a los gastos previstos de enjuiciamiento de la excúpula de la entidad de ahorros. «Nuestra motivación es exclusivamente económica, por lo que este desistimiento no supone en absoluto un cambio en nuestro parecer sobre el análisis de los hechos que se están juzgando», señala el comunicado.

En este sentido, Bernabé manifiesta que la organización «se reitera en todos y cada uno de los argumentos expuestos hasta ahora en nuestros escritos de acusación« y que llevaron a la confederación a pedir las penas más altas por considerar que «hay indicios suficientes de administración desleal y apropiación indebida».

Así pues, ya fuera del proceso, la CIC insiste en que estos delitos deben conllevar las «oportunas responsabilidades penales y civiles». Asimismo, en esta renuncia al proceso también deja claro su rechazo al posicionamiento que ha tenido la Fiscalía de alinearse con las defensas de los imputados, «provocando este hecho que resulte mucho más complejo continuar adelante con las acusaciones particulares y populares».

 

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