Caja Segovia: al banquillo ocho años después de repartir 17 millones en prejubilaciones

Sala de vistas de la Audiencia Provincial de Segovia, acondicionada para el juicio./Óscar Costa
Sala de vistas de la Audiencia Provincial de Segovia, acondicionada para el juicio. / Óscar Costa

Arranca en la Audiencia la vista oral contra seis exdirectivos de la extinta entidad por presunta administración desleal y apropiación indebida

QUIQUE YUSTESegovia

Ocho años después de la aprobación de 17 millones de euros en prejubilaciones millonarias para directivos de la extinta Caja Segovia, la excúpula de la entidad se sienta en el banquillo por presunta apropiación indebida y administración desleal. Por el Palacio de Justicia situado en la calle San Agustín desfilarán a partir de este martes Atilano Soto, quien presidía el consejo de administración y que no percibió cantidad alguna, para el que la acusación de IU solicita ocho años por administración desleal; el que era vicepresidente, Manuel Agudíez, para quien piden la misma condena por el mismo delito, y Elena García Gil, como miembro de la comisión de retribuciones, que al igual que los anteriores dos investigados no recibió desembolso alguno y para quien se solicitan también ocho años por administración desleal.

Centrados remarca que «son 34 millones de euros», no 17

Centrados en Segovia, el partido heredero de UPyD (la formación que denunció las prejubilaciones en 2011), insistió ayer en que «el montante total cobrado por los exdirectivos de la caja Segovia asciende a 33,7 millones de euros al sumar a las prejubilaciones los compromisos 'post-empleo'». Su portavoz, Cosme Aranguren, aseguró que «hay 16,5 millones de euros en compromisos post-empleo instrumentados en tres pólizas distintas que no se citan en el auto de la Audiencia Provincial ni en los escritos de la Fundación Caja Segovia ni en el de los acusados», informa Ical. . Asimismo, recordó que «Caja Segovia declaró unos beneficios en 2010 de 16,2 millones de euros pero en realidad obtuvo pérdidas de 195,2 millones, y con estas condiciones económicas se repartieron la pasta el 31 de diciembre de 2010».

También se sentarán en el banquillo el exdirector general, Manuel Escribano, a quien se le piden seis años de prisión por apropiación indebida; Antonio Tapias, antiguo secretario general de la entidad, para el que se solicita otros seis años por el mismo delito; lo mismo que para Enrique Quintanilla, que era el subdirector de Medios. Como responsables civiles a título lucrativo están encausados Miguel Ángel Sánchez, Óscar Varas, Juan Antonio Folgado, Juan Bautista Magaña y Malaquías del Pozo. Estos últimos no tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados.

En la sala de la Audiencia Provincial ya está todo listo para el juicio más largo en Segovia, que comienza a las 9:30 horas. Tras siete años de instrucción –tras la denuncia de UPyD en el otoño de 2011–, en los que la Fiscalía ha mantenido su petición de archivo, esta mañana tendrá lugar una sesión en la que acusaciones y defensas plantearán sus cuestiones previas. Se prevé, por lo tanto, una larga sesión en la Audiencia, con la entrega de una amplia documentación por ambas partes.

La defensa insistirá en su solicitud para que el juicio no siga adelante negando la legitimidad de las acusaciones de la Fundación Caja Segovia, Izquierda Unida y la Confederación Intersindical de Cajas (CIC). IU es consciente de que la suspensión «es una posibilidad que existe y que debe contemplarse», como afirma el abogado Alberto López Villa, quien adelanta que en el caso de que no se celebre el juicio la formación recurriría ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

«La vista será larga porque son doce las personas que tienen que hablar», explica Ignacio Pando, presidente de la Audiencia, quien no formará parte del tribunal. No obstante, asegura que estará muy atento a lo que ocurra en la sala, ya que de la decisión del tribunal dependerá la agenda de la Sala provincial durante las próximas semanas. Si se decide continuar con el juicio, están previstas tres sesiones por semana durante tres semanas.

La decisión sobre la suspensión o la continuidad del juicio podría no conocerse durante la jornada de este martes. La ley permite al tribunal tomar la decisión en el acto, tras unos minutos de deliberación, o comunicarla por escrito unos días después. Esta última es la opción que parece más probable, aunque se trata de una decisión que corresponde a José Miguel García Moreno, el presidente del tribunal.

Si finalmente se decide seguir adelante con la vista oral, se tendrán que fijar las nuevas fechas de las sesiones, que en principio se desarrollarán solo por la mañana, tratando de compatibilizar las agendas de los abogados. Durante el juicio está prevista la declaración de unos cuarenta testigos y «de seis o siete peritos». Según Ignacio Pando, es «excepcional tener tantos peritos y de carácter económico».

Adaptación de la sala

«No sé si después de tantos años el juicio tendrá la relevancia que hubiera tenido en caso de haberse celebrado hace cuatro o cinco años», afirma Pando en relación a la expectación que ha generado. Los primeros bancos de la sala se reservarán para los medios de comunicación acreditados, y también habrá un espacio en la parte trasera para las cámaras de televisión. El resto de bancos estarán a disposición del público interesado, que tendrá que hacerse con alguno de los tickets o acreditaciones que la Audiencia repartirá con el objetivo de que no haya gente en los pasillos durante la celebración de la vista. Además, para los abogados de las partes se han instalado los estrados que suelen utilizarse para los jurados.