Cerca de 134.000 habitantes de la provincia esperan un plan para las redes de saneamiento

El propio organismo estatal así lo da a entender. Fuentes de la entidad reguladora de cuenca relatan que «agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León avisaron a la Guardería Fluvial de la confederación unos días después de que se hubiera producido». El episodio se sitúa hace dos fines de semana, posiblemente por «los alivios producidos por las tormentas». Entre tres y cuatro días después, visitaron la zona de Segovia donde se localizó la mortandad, pero los peces ya habían sido retirados. En cuanto a las causas, los técnicos del ente estatal barajan «los habituales». Es decir, la conjunción letal de «la bajada de caudales, el aumento de temperatura y alivios de la red de saneamiento unitaria».

En este sentido, apuntan al colector y a su estrecho diámetro, incapaz una vez más de absorber y canalizar el torrente de lluvia, viéndose colapsado y desbordado de forma literal. El de hace dos fines de semanas es un nuevo ejemplo que demuestra que los aliviaderos no dan abasto. Rebosan y vierten al Eresma en su tramo urbano aguas fecales.

El atasco provocado por la cantidad de lluvia caída, el arrastre de sedimentos y vegetación y su mezcla con los deshechos procedentes de desagües de domicilios y establecimientos diezma el nivel de oxígeno, y, por tanto, restan aire a los peces, que mueren por asfixia.

El Ayuntamiento de Segovia asegura que va a trabajar en soluciones para que no se repitan estos sucesos. La Concejalía de Sostenibilidad Ambiental que dirige Gabriel Cobos pone de relieve la consignación de una partida dentro del proyecto de presupuestos diseñado para este mismo año dedicado a la ejecución de los trabajos pertinentes para evitar nuevos vertidos en el Eresma.

La Asociación AEMS-Ríos con Vida viene reclamando medidas para atajar estos casos de mortandad de peces y darle la vuelta al deterioro progresivo que detectan en el río por la carencia de infraestructuras compatibles con el respeto medioambiental. Así se lo han hecho llegar a través de una carta remitida el pasado mes de febrero a la citada concejalía del equipo de gobierno municipal. Ante la callada por respuesta, la organización ha vuelto a la carga con una misiva enviada al Comisionado de Transparencia de Castilla y León.

«Los modelos actuales de desarrollo urbano, que han llevado a ciudades cada vez más impermeabilizadas. Esto supone que, en los sistemas unitarios, las precipitaciones de lluvia cuando entran al sistema de saneamiento generen caudales inasumibles por colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales (EDAR), produciéndose su vertido al dominio público hidráulico de aguas sin depurar o insuficientemente tratadas». Este análisis forma parte de la introducción que la CHD realiza en un documento fechado en septiembre de 2024 en el que da cuenta del llamado 'Inventario de aglomeraciones urbanas que deben elaborar el Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento (PIGGS)'.

Ese mismo texto justifica esta medida en «el impacto sobre el ciclo hidrológico». De ahí que el marco legal que surge a partir del Real Decreto 665/2023, del 18 de julio, el cual a su vez modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, incorpore, por ejemplo, la norma técnica básica para el control de los vertidos por desbordamiento del sistema de saneamiento en episodios de lluvia.

La cuenta atrás para las entidades llamadas a realizar esa planificación ya ha consumado casi dos años de los tres que tenían. El tiempo dado por la administración comenzó a descontar el plazo previsto en 2023, a raíz de la luz verde que vieron los requisitos contenidos en aquel Real Decreto 665/2023. En septiembre de 2026 se acaba. Y no son pocos los ciudadanos que se ven involucrados. Si se suman poblaciones, cerca de 134.000 vecinos, lo que equivale a más del 84% de los habitantes de la provincia.

Visto de otro modo, les queda un año a los integrantes de la lista de la CHD para registrar sus planes integrales de gestión. En esa nómina figuran tres ayuntamientos de la provincia. Uno es el de Segovia capital, dentro del apartado contemplado por la nueva reglamentación sobre el dominio público hidráulico que engloba a las aglomeraciones urbanas de más de 50.000 habitantes dentro de los límites territoriales de la cuenca del Duero.

El Consistorio de la ciudad aún no ha presentado su Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento, señala el organismo regulador, que enfatiza que ese documento es el que «definirá las medidas a adoptar para reducir la contaminación por desbordamientos del sistema de saneamiento en episodios de lluvia y los plazos para su implantación». Mientras tanto, «la CHD no puede aplicar el régimen sancionador hasta que se cumplan los plazos para la adopción de esas medidas», matizan sus representantes.

En el punto de mira está el colector y una red que ha sido tachada de «obsoleta» por testigos que han asistido impotentes a algunos episodios de mortandad de peces en el río Eresma. La concejalía admite que hay aliviaderos obstruidos y otros que acumulan fallos estructurales y de conservación debido a su antigüedad. La diferenciación para que circulen por separado las aguas fecales y las pluviales es también una de las consideraciones que hace la confederación.

El inventario de la CHD junta parte del alfoz a la capital. En concreto, añade La Lastrilla y San Cristóbal de Segovia como referentes de las masas de agua afectadas, que son el arroyo de Tejadilla, el Ciguiñuela y dos tramos del Eresma. En total, el ente estatal cifra en 115.000 personas la población que habita en esta agrupación urbana.

Otro ayuntamiento al que interpela la Confederación Hidrográfica del Duero es el de El Espinar. Lo hace por partida doble. Por un lado, en el apartado de aglomeraciones de 10.000 o más residentes equivalentes y menos de 50.000 que deben elaborar los PIGSS; y por otro, en el capítulo de núcleos seleccionados por la especial incidencia de otros vertidos sobre el medio receptor. En este segundo listado, se ciñe a San Rafael.

Los números que recoge el documento elevan a 12.158 habitantes la población afectada en el entorno de El Espinar. En cuanto a las masas de agua a las que se refiere el inventario son el arroyo de la Tejera para el cómputo de todo el padrón espinariego y el río Moros en lo que atañe a los vertidos en San Rafael.

Javier Figueredo, alcalde del segundo municipio más poblado de la provincia de Segovia tras la capital, asevera que el Ayuntamiento también está trabajando en «actualizar» los datos que se incluirán en el plan integral de gestión de la red de saneamiento. El regidor añade que se trata de un informe «vivo y abierto», máxime cuando la CHD está procediendo al vaciado del embalse del Tejo, lo que conlleva modificaciones en infraestructuras que están en plena renovación. El botón de muestra de esta situación que plantea Figueredo es la potabilizadora que se ha instalado.

El alcalde de El Espinar tiene en cuenta el plazo de septiembre de 2026 para disponer del PIGSS, e incide en que el documento en esas fechas tendrá que incluir las novedades y actualizaciones más recientes a las que se está enfrentando en los últimos meses esta localidad segoviana. En este sentido, Javier Figueredo indica que en torno al 90% de la red de fibrocemento, que es la que ocasionaba más problemas y averías, ya ha sido sustituida.

El tercer consistorio en liza en la provincia es el Real Sitio de San Ildefonso. Como detalla el análisis que lleva a cabo la CHD, esta administración municipal también tendrá que redactar y presentar su propio plan integral para gestionar el saneamiento. Hay tres masas de agua afectadas. Un tramo del río Eresma, el curso del Cambrones y el embalse del Pontón Alto. La población a la que agrupa la confederación bajo el paraguas de acumulación urbana del Real Sitio es de 6.730 personas.

La premisa de la que parte la regulación que impulsa el ente estatal para proteger en la medida de lo posible el dominio público hidráulico de los vertidos incontrolados de escorrentía es que esos derramamientos en los que se entremezclan aguas pluviales y residuales recogen contaminantes existentes en el suelo; el torrente los transporta a la red de saneamiento, y, en último lugar, rebosan y se desparraman a través de los denominados puntos de desbordamiento del sistema de depuración. La CHD tiene contabilizados cuarenta en la provincia.