La auditoría de Urbanismo revela «déficits importantes» y «fallidas» ventas de suelo en Segovia

«El departamento de Urbanismo presenta un déficit importante en todos los análisis realizados», afirma la auditoría. Tan solo se observa superávit en un escenario, que incluye entre otros factores que el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se estime como un ingreso del departamento de Urbanismo. Es el único caso en el que los números del área no son rojos. En el resto, que además son los que la auditoría considera «los más consecuentes con una contabilidad de costes», se concluye que departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Segovia presenta «déficits importantes» entre los años 2013 y 2016.

La auditoría también alerta del incumplimiento de las cantidades que la administración preveía ingresar en sus arcas, sobre todo a través de enajenaciones de terrenos que no se llegan a producir. Señala el análisis que dicha estimación se reitera ejercicio tras ejercicio en las cuentas del Ayuntamiento, lo que se traducía en un incremento de sus presupuestos. Por ejemplo, de los 66,6 millones que el Ayuntamiento tenía previsto ingresar en 2016, gracias a distintas enajenaciones de terrenos se esperaba percibir 5.062.424 euros. Pero el resultado final fue muy distinto, ya que tan solo 2.504 euros, un 0,05% de lo previsto inicialmente, llegaron a las arcas del Ayuntamiento en 2016 procedentes de una enajenación de fincas rústicas.

«Tienen un porcentaje de incertidumbre», declaró Clara Luquero durante la presentación de los presupuestos de 2016 sobre los más de 5 millones de euros que tenían previsto ingresar a través de la venta de parcelas y locales sin uso, a parcelas del Sector A (detrás de la ciudad deportiva de La Albuera) y del plan parcial de Baterías (donde el municipio obtendrá una parcela detrás de la gasolinera), además de las previstas en el Plan Especial de las Áreas Históricas en la calle Bomberos y Soldado Español, que son de propiedad municipal. Con esos 5 millones de euros, y según apuntó el entonces concejal de Hacienda y Urbanismo, Alfonso Reguera, el Ayuntamiento tenía previsto pagar sentencias por expropiaciones.

Aunque sí es el más llamativo y también el de más envergadura económica, la enajenación de terrenos no es el único apartado en el que la auditoría pone el foco sobre fallos en la previsión de ingresos. En conceptos como los cobros por la concesión de licencias medioambientales o por sanciones de infracciones urbanísticas el Ayuntamiento también ingresó menos de lo que esperaba, descuadres que no pudieron ser compensados por otros conceptos como las ejecuciones subsidiarias, la concesión de licencias urbanísticas o lo recaudado a través del ICIO, donde la administración sí ingresó más de lo previsto. Además, la auditoría señala la existencia de «importantes partidas con impagos destacados» que profundizan en el déficit del departamento. Como ejemplos, los impagos del ICIO durante los cuatro años analizados ascienden a 602.000 euros, por sanciones urbanísticas a 524.000 y por licencias urbanísticas a 73.367 euros.

La auditoría se detiene también en analizar el déficit que presenta el área de Urbanismo en la gran mayoría de sus escenarios. Del análisis de derechos y obligaciones devengados por el departamento se establece un déficit anual de 1,2 millones de euros en 2013, de 986.000 euros en 2014, de 756.000 euros en 2015 y de más de 3 millones en 2016, para acumular un déficit total de 6.034.000 euros durante el periodo analizado. Más abultada es la diferencia si el análisis es entre los ingresos y las obligaciones corrientes y destinados a inversiones, con un déficit superior a los 7,4 millones de euros (de nuevo, casi la mitad generado en 2016).

En el supuesto de realizar el análisis exclusivamente con derechos y obligaciones corrientes, sin tener en consideración las inversiones, el área presentaría un superávit de 658.178 euros de 2013 a 2016, imputando como ingreso del departamento el cobro del ICIO. Se trata del único supuesto analizado por la auditoría que arrojaría un resultado positivo para el departamento.

Por su parte, la comparativa de los ingresos corrientes, incluido el ICIO, menos las obligaciones corrientes supone un déficit acumulado de más de 708.000 euros. Si no se tiene en cuenta dicho impuesto, la diferencia entre lo que ingresa el Ayuntamiento y lo que gasta en este apartado asciende hasta los 2,3 millones de euros. Por último, si la comparativa durante los cuatro años analizados se realiza entre ingresos recaudados de carácter corriente y alas obligaciones corrientes, Urbanismo también muestra en números rojos 3,1 millones de euros.

La auditoría realizada durante los últimos meses por Nuevas Ventajas no solo señala los dos principales riesgos del departamento de Urbanismo, sino que también propone una serie de medidas con las que se podría corregir el déficit. La primera, con un coste bajo para el Ayuntamiento y un impacto notable en la salud del departamento analizado, sería la elaboración de unos presupuestos ajustados a la realidad en los que reine el principio de la prudencia. En segundo lugar, con algo más de coste pero también con un alto impacto, la auditoría propone una reducción del déficit que presenta el área de Urbanismo con la adopción de medidas encaminadas a una mayor eficiencia para lograr reducir la diferencia entre ingresos y gastos. Entre esas medidas señala, a modo de ejemplo, una modernización y sistematización del trabajo de la concejalía.

La tercera propuesta, con un coste medio según la auditoría, es una reducción de los impagos que sufre la administración municipal en materia urbanística. Para ello, señala la implantación de medidas dirigidas a la minoración de impagos, especialmente en el área de sanciones urbanísticas y del ICIO, aunque no detalla el contenido de dichas soluciones. La cuarta medida es también la que tendría un mayor coste económico para las arcas municipales (pero de nuevo con un alto impacto) y consiste en establecer un control de la partida de inversiones que realiza el Ayuntamiento, con especial atención a expedientes que representan una partida relevante poniendo medios para la tramitación.