Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
La oposición tumba la ordenanza de control de accesos a la zona centro y el equipo socialista advierte de la pérdida millonaria de subvenciones que conlleva la asusencia de normativa
Responsabilidad y chantaje. Estos dos términos sobre los que ha girado buena parte del debate plenario sobre la zona de bajas emisiones. Responsabilidad que se han exigido unos grupos a otros a la hora de la votación y chantaje, del que también se han acusado de forma cruzada para calificar los argumentos utilizados por los adversarios.
Pero ni un argumento ni otro han servido finalmente para que la propuesta de aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones haya podido salir adelante. Los diez concejales socialistas, en este caso más claro que en otras ocasiones, puesto que la votación fue nominal a petición de la propia alcaldesa, Miriam Andrés, y de Domiciano Curiel, se quedaron finalmente solos con el voto a favor, frente a doce votos en contra, los ocho de los ediles del PP, más los de Vox (un solo voto), y de los tres concejales no adscritos, Sonia Lalanda, Ricardo Carrancio y Domiciano Curiel. Por su parte, las dos ediles de Vamos Palencia y el concejal de IU-Podemos se abstuvieron, «por responsabilidad», según argumentaron, puesto que durante todo el debate se mostraron muy en contra del contenido de la ordenanza, por diferentes motivos, aunque ambos grupos sean partidarios de que se establezca este tipo de regulación en la ciudad.
Lo intentó el equipo de gobierno, primero con la argumentación ambiental del concejal de Tráfico, Antonio Casas, y sus gráficos sobre la calidad del aire que se registra en la ciudad, después, con sus llamadas a la coherencia y la responsabilidad y, por fin, con la aspereza de la propia alcaldesa, Miriam Andrés, alertando de los perjuicios a los que se verá sometido el Ayuntamiento de Palencia por incumplir la ley que obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a dotarse de una ordenanza por la que se establezca una zona de baja de emisiones. Porque, como aclaró la regidora, sin esta norma, Palencia puede despedirse desde este momento de la posibilidad de conseguir nuevas subvenciones estatales o de los fondos europeos que tengan algún tipo de relación con la mejora urbanística de la zona centro de la ciudad. «Cualquier obra tendrá que ser asumida a huevo con los recursos propios», remarcó la alcaldesa, quien no limitó a este aspecto el listado de problemas económicos que afrontará el Consistorio. Miriam Andrés recordó que el Ayuntamiento ha conseguido hasta el momento subvenciones vinculadas a las convocatorias europeas para el establecimiento de las zonas de bajas emisiones por 7,5 millones de euros, que ahora quedarán en el aire. «Ya veremos cuánto tardan en pedirnos que los devolvamos», manifestó la alcaldesa, quien recordó que a Burgos ya le han solicitado la devolución de algunas ayudas.
La alcaldesa señaló que es pronto para conocer si el Ayuntamiento deberá devolver esos 7,5 millones que ha recibido para diferentes obras, como la semipeatonalización de la zona centro, o solo una parte. Pero lo que sí quedó claro que tendrá que devolverse son los 1,6 millones de euros recibidos para la instalación del sistema de videocámaras destinadas a controlar los accesos en la que debería ser la zona de bajas emisiones.
Cámaras sin uso
Esas cámaras han comenzado a instalarse en la ciudad de Palencia en los últimos meses y ya pueden localizarse en buena parte de las vías que permiten entrar o salir del casco viejo de la ciudad. El contrato está firmad y el sistema quedará antes de que acabe el año completamente preparado para que las cámaras puedan comenzar a funcionar, aunque la previsión es que no tendrían efecto sancionador hasta agosto de 2027. Pero al haberse rechazado la aprobación de la ordenanza, estas cámaras perderán su sentido, ya que no podrán activarse como sistemas de control del tráfico, dado que carecen de una normativa municipal que respalde su funcionamiento.
«Pobre Palencia», se lamentaba la alcaldesa que acusaba a los grupos de la oposición de instalarse en el «negacionismo del cambio climático» o en la «cobardía y el interés político», quien insistía en la posible devolución de más de 7 millones en subvenciones y la imposibilidad de conseguir nuevas subvenciones para medidas como la modernización del centro de la ciudad o la mejora del transporte público. «Están excluyendo la posibilidad de conseguir la Palencia del siglo XXI, están votando que para que Palencia se quede como un pueblo, para quedarla como Medina del Campo. Ustedes dicen que cerrar Don Sancho y La Cestilla es hundir Palencia, pues pemítanme que les diga que lo que están haciendo sí que es retrasar la ciudad», indicó la alcaldesa.
Pero las palabras de Miriam Andrés caían ya en saco roto. El resto de los grupos políticos habían mostrado ya sus cartas y era evidente que no habría movimiento de voto, a pesar de sus apelaciones a la «responsabilidad». Porque este término, de nuevo también se le reclamaban desde la oposición al equipo socialista. El principal grupo, el PP, que había permitido en la primera votación que la aprobación inicial saliera adelante, se mostraba categórico en su posición de rechazo, vinculándola al cierre de las calles Don Sancho y La Cestilla, en una decisión unilateral del equipo de gobierno. «Nos acusan de mezclar dos debates, ¿pero de verdad me van a decir que no tiene nada que ver una ordenanza que condiciona la movilidad en toa la ciudad con la decisión de cerrar al tráfico uno de los principales ejes de Palencia», preguntaba el portavoz popular, Víctor Torres, quien devolvía al equipo socialista la acusación de chantaje, exigiéndoles que no utilizaran la posible pérdida de subvenciones como arma de negociación y buscaran otros medios de acuerdo. Torres les recordó que su grupo siempre ha estado abierto a negociar un reapertura parcial de las calles, con cierres de fin de semana y festivos, una posibilidad que también había apuntado previamente la portavoz de Vamos Palencia, Marta Font.
Pero el grupo socialista manifestó en todo momento una voluntad inamovible en este sentido y la alcaldesa incluso hizo alarde del elevado número de personas que les felicitan por la decisión de peatonalizar los Cuatro Cantones. Esta posición de firmeza, junto a la decisión previa de no abrirse a posibles cambios en el texto de la ordenanza y al rechazo taxativo de la totalidad de las alegaciones que los ciudadanos y los partidos políticos han presentado llevó a Torres a reafirmarse en el voto negativo de los populares a la ordenanza.
Y fueron también argumentos similares los que arrastraron a Vamos Palencia a mostrarse durante todo el debate en contra del texto de la normativa, aunque finalmente el temor a la pérdida de esas subvenciones, «la responsablidad», de nuevo, le llevaran a rebajar su voto a una abstención. Pero esto no significa que fuesen tibias las críticas de Marta Font, que insistió en que la ordenanza parte de errores iniciales que hacen imposible el apoyo, como la ausencia de un verdadero estudio de tráfico de la ciudad que permita garantizar la fluidez de la circulación en las calles periféricas, algo que no sucede en la actualidad, o la necesidad de más estacionamientos disuasorios.
Con la otra abstención, Rodrigo San Martín, portavoz de IU-Podemos, también justificó su voto por la responsabilidad de no cargar con la decisión de frenar la llegada de subvenciones europeas, aunque fue muy crítico con la ordenanza. «La peor de España», no lo dudó, aunque en su caso las quejas venían de otro lado, ya que el edil izquierdista reclama una mayor rigurosidad en los controles de acceso a la zona centro y una mayor peatonalización, similar a la de Don Sancho y La Cestilla.
San Martín lamentó que la ordenanza se pactara desde el principio con el Partido Popular y no hubiese por parte del PSOE ningún acercamiento a su grupo, situado a la izquierda del espectro político. «No sé qué tienen ustedes de socialistas», se lamentó, para reprocharles que «vais a poder manteneros ahí porque este concejal no va a permitir nunca que gobiernen las derechas», indicó en referencia a una posible moción de censura.
Imposición ideológica
Pero las críticas más duras llegaron desde el área más a la derecha de la corporación municipal, del portavoz y único concejal de Vox, Emilio Polo, y del resto de concejales no adscritos, Sonia Lalanda y Ricardo Carrancio, la primera expulsada por Vox y el segundo, del grupo municipal de Vox por sus compañeros, y Domiciano Curiel, que comenzó en Vamos Palencia, pero también resultó expulsado.
Aunque con argumentos particulares en cada uno de los casos, las críticas tuvieron una cierta coincidencia, al acusar al PP y al PSOE de tratar de imponer «una agenda ideológica», en referencia a la denominada Agenda 2030 que marca las directrices ambientales de la Unión Europea. Curiel intentó ser más conciliador e instó en diferentes ocasiones al equipo socialista a buscar un entendimiento con los populares para que no se pierdan subvenciones europeas, por lo que abogó por una negociación para la reapertura de las calles Don Sancho y La Cestilla, dado que considera esta decisión perjudicial para el comercio de la zona centro, así como para la propia calidad del aire que se pretende mejorar con la entrada en vigor de la ordenanza. «Se acrecienta el tráfico y se alargan los desplazamientos», recalcó.
Por su parte, Ricardo Carrancio, que dio su voto favorable en la primera votación, cambió de postura en el pleno de este jueves y argumentó su planteamiento en la falta de justificación real para implantar una zona de bajas emisiones. Lamentó además la tramitación opaca, con la negativa a todas las alegaciones que se han recibido, calificando además la ordenanza como una imposición de la UE.
Mientras, Sonia Lalanda y Emilio Polo mantuvieron posiciones en contra de la ordenanza bajo postulados muy similares, en los que tacharon la medida de «ideológica» y de atentado contra la libertad. Criticaron además la ausencia de informes técnicos que avalen la necesidad de establecer medidas para frenar la contaminación en una ciudad que tiene «una calidad del aire excepcional», señaló Emilio Polo, rebatiendo los informes presentados por el concejal de Tráfico y Medio Ambiente.
Lalanda indicó que la zona de bajas emisiones debería limitarse a la Calle Mayor y las calles aledañas ya peatonalizadas, puesto que según recalcó no hay necesidad de extender la medida a más superficie, criticando duramente la zona acotada, que se extiende por todo el casco histórico de la ciudad.
Pero el concejal socialista rebatió el argumento, recordando que la superficie la fijó el PP en el anterior mandato, «y a nosotros tampoco nos gustaba, por lo que intentamos recortarla, pero fue el Ministerio el que nos dijo que no deberíamos, que había subvenciones ya concedidas en función de esa zona ya acotada previamente. Por eso no tuvimos más remedio que asumirla», aseveró Antonio Casas.
El nuevo contrato del transporte urbano costará 45 millones de euros
Otro de los aspectos importantes que figuraba en el orden del día del pleno ha sido la aprobación de la estructura de costes del futuro contrato del transporte urbano, con el que el Ayuntamiento quiere mejorar la prestación del servicio, así como racionalizar las líneas actuales y alcanzar nuevos puntos como los complejos asistenciales de San Luis y de San Juan de Dios.
Según ha explicado el concejal de Hacienda, Carlos Hernández, la adjudicación del nuevo servicio se efectuará mediante un contrato de servicios por un plazo de diez años, con un coste valorado de 45 millones de euros. Del mismo modo, indicó que debido al elevado precio del contrato el órgano de contratación que debe aprobar los términos de la adjudicación será el pleno municipal.
La estructura de costes no encontró rechazo entre ninguno de los grupos de la oposición, excepto en IU-Podemos, cuyo portavoz, Rodrigo San Martín, se reafirmó en su petición continuado de que el servicio del transporte urbano se municipalice y la gestión quede directamente en manos del Ayuntamiento de Palencia, en lugar de una concesionaria privada.
