Palencia

El pleno decide este jueves si las nuevas cámaras podrán ponerse en funcionamiento

La ciudad de Palencia, como urbe con más de 50.000 habitantes, que además es capital de provincia, está obligada por la legislación nacional y también por las directrices europeas a definir un espacio con restricciones de acceso a los vehículos más contaminantes. Esta zona se considera de bajas emisiones y para configurarla es necesario que se apruebe una ordenanza municipal que establezca cuáles son esas limitaciones para los automóviles, sus excepciones y el resto de normas que lleve aparejadas.

Una de esas normas es la vigilancia y control de los vehículos que acceden al área acotada, que en este caso será el casco histórico de la ciudad, limitado por las avenidas Manuel Rivera, Casado del Alisal, Antigua Florida y Simón Nieto, para continuar por la avenida de Castilla y el Paseo del Salón. Y para efectuar ese control de accesos es necesaria la instalación de cámaras de videovigilancia. Unas cámaras que se vienen colocando en diferentes puntos de la ciudad a lo largo de las últimas semanas y que vienen suscitando buena parte del debate público de estos días entre los vecinos de Palencia.

De momento, las cámaras no graban, ni puede sancionarse a ningún conductor por imágenes que tomen estos dispositivos. Para ello, hace falta la aprobación de una ordenanza que regule su funcionamiento. Una ordenanza que determine también todas las condiciones que deben regir sobre el espacio de la zona de bajas emisiones y que, además, se juega este jueves su futuro, porque su entrada en vigor dependerá de lo que los 25 concejales del Ayuntamiento de Palencia decidan en la sesión plenaria convocada para las 9:30 horas.

Pero el futuro de las cámaras es incierto. Porque el resultado de la votación no esta claro. Es más, todo apunta a que el equipo socialista no conseguirá los apoyos necesarios para la aprobación, con lo que todo ese sistema de videovigilancia quedaría sin utilidad real para controlar el tráfico. No sería la primera vez, puesto que ya hace años se instalaron cámaras de control de acceso de vehículos en determinadas calles peatonales, como San Pablo o las perpendiculares a la calle Mayor, se colocaron también señales indicativas de su presencia, pero nunca han llegado a poder utilizarse para controlar el tráfico y sancionar, porque nunca han contado con una ordenanza que regulase su funcionamiento.

Ahora podría pasar igual. Porque las cámaras se van a terminar de instalar con ordenanza o sin ella. Es un contrato cerrado con una empresa y debe cumplirse. Otra cosa es lo que después pueda el Ayuntamiento hacer con ellas. Para aprobarse la normativa reguladora hace falta el voto mayoritario del pleno y las cuentas no son fáciles. Son veinticinco votos y solo unos pocos están definidos abiertamente a estas alturas. El PSOE, que votará sí, cuenta con diez. Mientras, el PP, que en la votación provisional también dijo que sí, ahora se va oponer debido al cierre de las calles Don Sancho y La Cestilla. Son ocho votos. También se ha pronunciado abiertamente el edil de IU-Podemos, que ha anunciado una abstención, como ya hizo en la votación preliminar. «No vamos a participar de una ordenanza pactada por el PSOE y el PP, que no sirve para nada. Es la peor de toda España. Es incluso más flexible y más permisiva que la de Valladolid, que es de PP y Vox», explicaba este miércoles el portavoz de IU-Podemos, Rodrigo San Martín, quien señalaba también que no puede, sin embargo, votar en contra porque su grupo no puede contribuir a perjudicar al Ayuntamiento con una posible penalización de la Unión Europea por no contar con la obligada ordenanza de la zona de bajas emisiones, dado que la ausencia de esta normativa puede llevar a que la ciudad deba devolver alrededor de 7 millones de subvenciones recibidas de los fondos comunitarios Next Generation. «Nos abstenemos y que la saquen los que la aprobaron inicialmente. Hicimos alegaciones y no se han dignado a coger ni una. El PSOE parece que prefiere contar solo con su diez votos a aceptar alguna aportación nuestra y conseguir once votos. Ellos sabrán», señaló San Martín.

Por su parte, Ricardo Carrancio, que votó a favor inicialmente, cambia ahora de postura y ha manifestado que se posicionará en contra, del mismo modo que han hecho los populares.

El resto de los partidos y concejales no adscritos no se han pronunciado abiertamente en las últimas semanas. Pero hay posiciones que parecen más claras que otras. El único edil que queda en Vox, Emilio Polo, y la anterior portavoz, ahora concejala no adscrita, Sonia Lalanda, previsiblemente mantendrán su rechazo a la ordenanza, ya que su posicionamiento en contra del texto en la votación inicial fue muy contundente y tampoco se han aceptado sus alegaciones.

La posición de Domiciano Curiel, edil no adscrito, expulsado de Vamos Palencia, es una incógnita, puesto que no estuvo presente en el pleno del la aprobación inicial del mes de enero. Curiel, aunque hasta ahora ha mostrado públicamente un cierto rechazo a la medida, ha señalado que para adoptar una posición en un tema tan importante, puesto que además de condicionar la movilidad en toda la ciudad, también puede afectar a las finanzas municipales por una posible devolución de subvenciones, «hay que sopesar muchas cosas, el proyecto, la zona la reapertura. Tiene que haber un debate abierto, asumiendo responsabilidades y mirando por el interés de Palencia».

Otra incógnita es la relativa a la posición de Vamos Palencia. En la votación de enero su postura fue la del no. Ahora, aunque han sido muy críticos con el PSOE por no aceptar sus alegaciones y con los populares por su cambio de postura, la formación localista podría plantearse una cambio de voto «por responsabilidad» para que la ciudad no se vea perjudicada por la pérdida de subvenciones. Vamos Palencia mantenía durante este miércoles un debate interno para fijar la posición definitiva en el pleno, y aunque no han querido avanzar su planteamiento final, sí han manifestado que tratarán de «mantener la coherencia»,