Juan Carlos Galindo | Perito judicial en delitos tecnológicos
«Los bancos podrían frenar las ciberestafas, pero no quieren»El experto en criminalidad electrónica explica que el fraude digilta afecta a 450.000 personas en España al año
La jornada sobre ciberseguridad celebrada en Palencia también abordó el lado criminal de la tecnología. Juan Carlos Galindo, perito judicial en delitos económicos y tecnológicos, ... describió un panorama preocupante en el que el fraude digital «se ha convertido en un fenómeno masivo» que afecta cada año a unas 450.000 personas en España, aunque según sus cálculos el número real de víctimas duplica esa cifra, ya que muchas no denuncian «por vergüenza o por miedo a ser juzgadas».
Durante su intervención, reclamó voluntad política para afrontar el problema y criticó la falta de reacción de las entidades financieras, a las que acusa de mirar hacia otro lado frente a las llamadas cuentas mula utilizadas para mover dinero robado. «Sin número de cuenta no hay estafa, y los bancos españoles permiten que existan cuentas fantasma creadas solo para transferir fondos ilícitos», denunció.
El perito insistió en que las entidades disponen de herramientas suficientes para detectar operaciones sospechosas, pero no tienen voluntad de hacerlo. «¿Cómo es posible que un joven de 18 años mueva 850.000 euros en tres meses y el banco no lo detecte? No se trata de falta de medios, sino de falta de interés», reprochó.
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Galindo también reclamó un cambio legislativo para combatir el fraude digital, un fenómeno que, según dijo, ha crecido de forma sostenida durante los últimos cinco años y que se incrementó un 30 % en el periodo de mayor expansión del delito tecnológico. En 2025, el crecimiento sigue siendo constante, de entre un 3 y un 5 % anual, una tendencia que demuestra que «no estamos dando con la tecla».
A su juicio, el principal problema radica en la falta de responsabilidad «por omisión» de los bancos, las operadoras de telecomunicaciones y las empresas que almacenan datos personales. «Son los tres actores que deben garantizar la seguridad de los usuarios y que, sin embargo, muchas veces fallan por acción o por omisión», señaló.
El especialista lamentó que apenas se recupere un 5 % del dinero estafado, en la mayoría de los casos gracias a pleitos privados o demandas extrajudiciales. «El Estado no tiene medios suficientes para ayudar a las víctimas. La policía hace lo que puede, pero no llega, y los ciudadanos tienen que recurrir a expertos o gastar su propio dinero para intentar recuperar lo perdido», explicó.
Galindo insistió en que los delitos económicos y tecnológicos son cada vez más sofisticados y se alimentan de la falta de concienciación. «Todo está conectado, las estafas, el robo de datos, las cuentas falsas. Pero el sistema no está preparado para proteger al ciudadano. Mientras los bancos sigan priorizando el negocio de mover dinero, poco cambiará», advirtió.
Ante esta situación al ciudadano solo le queda «denunciar, denunciar y denunciar. Aunque sea un euro o treinta. Solo si denunciamos podremos hacer visible la magnitud del problema y forzar a las instituciones a actuar», concluyó.
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