La Asociación Custodia Compartida exige que todas las ejecuciones de sentencias se cumplan

El presidente de la Asociación Custodia Compartida de Palencia, Javier Avellaneda, ante el Juzgado de lo Penal de Palencia. /ANTONIO QUINTERO
El presidente de la Asociación Custodia Compartida de Palencia, Javier Avellaneda, ante el Juzgado de lo Penal de Palencia. / ANTONIO QUINTERO

El colectivo critica que las resoluciones judiciales no se lleven a efecto cuando favorecen a los hombres

Ricardo Sánchez Rico
RICARDO SÁNCHEZ RICOPalencia

La Asociación Custodia Compartida de Palencia surgió hace apenas dos años, cuando quien es su presidente, Javier Avellaneda, junto con Ángel Montilla, vicepresidente del colectivo, solicitó información en la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palencia «para ver si había algún tipo de ayuda» y presentó en la Junta «los papeles necesarios, que los pagué yo de mi bolsillo, aunque no se aceptó a trámite por problemas burocráticos». «La asociación no acaba de formalizarse ni ante la Junta ni ante el Ayuntamiento de Palencia porque no tenemos fondos ni cobramos cuotas a ningún persona. Hasta que no haya más dinero no se va a terminar de formalizar la asociación, pero actuamos como tal, ayudamos a la gente, les damos un apoyo, orientación, les hacemos recomendaciones sobre abogados... Somos 129 miembros en la página de Facebook que hemos creado, 40 o 50 de ellos de fuera», apunta Javier Avellaneda, que hace hincapié en que el principal fin de este colectivo es la reivindicación, la exigencia de que las ejecuciones judiciales de ámbito familiar «se lleven a cabo desde el minuto uno, porque una sentencia de familia, aunque sea en primera instancia, es ejecutable desde el minuto uno, y además son de ejecución directa, no de ejecución provisional».

La asociación exige que todas las sentencias de Primera Instancia o de la Audiencia se cumplan. «Hay gran cantidad de casos en Palencia en los que las sentencias no se ejecutan. Te dan la razón, pero luego no se llevan a cabo, así que, si no se ejecutan, de qué te sirve», agrega Javier Avellaneda, que considera que «hay un miedo social, porque está ahora de moda el movimiento feminista e inyectar dinero a la Ley de Violencia de Género, que es injusta porque es machista, pero porque beneficia a la mujer, no porque la perjudique».

«Hay miedo de que los jueces salgan en los medios de comunicación por ejecutar la detención de una mujer que está cometiendo un delito de sustracción de menores, como fue el caso de Juana Rivas. Es miedo a llevar a efecto, a ejecutar una sentencia y salir en los medios de comunicación y que les pongan en entredicho, porque vas en contra de la mujer», afirma el presidente de la Asociación Custodia Compartida de Palencia, que pone como ejemplo contrapuesto el de Javier Ariza López, de 27 años, a quien la Policía Nacional ha detenido en Huelva por haber «secuestrado» en Zaragoza a su hijo el pasado 6 de mayo, al no entregarlo a su madre en el punto de encuentro familiar.

«Cómo es posible que, en ocho días, la Policía le encuentre, y en el caso de Juana Rivas, pasen más de 40 días y no lo hagan. En mi caso, hace 872 días que no veo a mi hijo, y saben dónde está. Si al hombre de Zaragoza se le detiene, habrá que hacer lo mismo con las mujeres, por mucho que escueza», apostilla Javier Avellaneda, que asegura que si la ejecución es favorable para la mujer «se tramita ipso facto», pero sí es favorable para el hombre, «se para por miedo».

«Dicen que España es un país machista, pero es feminista. Desde la asociación decimos que a la mujer hay que protegerla, no sobreprotegerla, porque luego, a la mujer que realmente necesita ese apoyo, a la mujer maltratada de verdad, a esa no la hacen ni caso; sin embargo, a la mujer que es interesada, que tiene medios, esa sí que utiliza las herramientas que tiene a su disposición perfectamente. Si no fuese así, no habría tantas muertes, desde mi punto de vista.Desde luego, con dinero no se soluciona el problema», enfatiza el presidente de la Asociación Custodia Compartida de Palencia, afectado en primera persona por esta problemática.

Recurso

«El 1 de septiembre de 2016, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Palencia me quitó la custodia compartida, incluso aun teniendo un informe psicosocial favorable que recomendaba la custodia en exclusiva para mí. La jueza alegaba que, como el niño llevaba ya varios meses con la madre, que para qué se iba a cambiar el régimen. Yo recurrí a la Audiencia, que revocó la sentencia, pedí la ejecución de esa sentencia y la jueza dictó un auto en el daba a mi exmujer quince días para entregarme al niño. Pero esos quince días pasaron, mi abogado hizo escritos y no hubo notificación de ningún tipo. Pasó el tiempo y recibí por la parte contraria una ejecución más rápida por el bienestar del menor», relata Javier Avellaneda, que recusó a la jueza.

«Me lo denegaron, así que me querellé contra la jueza, un tema que está en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El 4 de mayo me ha llegado del TSJ que me lo deniegan en primera instancia. Tengo el recurso de súplica que ya está hecho y espero que lo admitan a trámite, pero la cuestión es que hace ya 872 días que no estoy con mi hijo, teniendo la custodia compartida desde el 28 de febrero de 2014, que es la primera sentencia», explica Javier Avellaneda.

«A fecha de hoy, la jueza está de baja, el tema está paralizado y solo me queda el amparo del Juzgado de lo Penal, que va a juzgar a mi exmujer por un delito de sustracción de menores, con un informe del fiscal que pide para ella dos años y un mes de prisión e inhabilitación de la patria potestad», agrega el presidente de la Asociación Custodia Compartida de Palencia, a quien la Audiencia Provincial de Palencia le ha dado recientemente la razón al desestimado el recurso de apelación presentado por su exmujer contra la sentencia del Juzgado de lo Penal de Palencia que la condena a una multa de 1.260 euros por un delito de abandono de familia, después de que dejara de llevar a su hijo de 7 años al colegio durante el curso escolar 2015-2016 un total de 71 días.

Ese fallo del Juzgado de lo Penal recogía que, a tenor de las faltas de asistencia indicadas, el menor no acudió al colegio «ni siquiera aquellas semanas en que la acusada tenía la custodia». Y en cuanto a las razones alegadas por la condenada para no llevar al niño al colegio, «ese temor o miedo a que el padre se le llevase por la mañana, lo que no quería porque, según sus manifestaciones, el padre anunciaba sus servicios sexuales en Internet –«algo ni denunciado, ni probado», afirma Javier Avellaneda–, en ningún caso comunicó a nadie cuáles eran esas razones que tenía para no llevar al niño al colegio», apostillaba la sentencia.

Absentismo grave

«Ha quedado probado que el absentismo ha sido grave, reiterado y prolongado en el tiempo, no cumpliendo la acusada con el deber que le incumbía sin aducir los motivos o razones, pese a que fue informada y requerida en diversas ocasiones tanto en el colegio como en la Inspección a cumplir con su obligación de llevar al menor al colegio. No ha sido probado que, de haber asistido el menor al colegio, el padre se lo hubiera llevado en el horario escolar, pues ha de constar una justificación para la salida del menor», se argumentaba en la sentencia del Juzgado de lo Penal, fallo que ha confirmado la Audiencia.

Javier Avellaneda, que tiene también querellada a la titular del Juzgado Número 3 y que espera que se admita a trámite, considera que «se está poniendo en riesgo el poder judicial, porque desde la jurisprudencia que hay en el Tribunal Supremo se tiene que dar la custodia compartida como lo deseable y ejecutar las sentencia de familia, y los propios jueces están poniendo en riesgo el poder judicial porque no hacen eso y también están poniendo en riesgo a los menores».