La ley del fuero

Llevar la lectura de los Fueros de León, en su edición actualidad, al corazón de las cortes autonómicas dice mucho de la envergadura histórica que acompaña a Castilla y a León.

Uno a uno, los preceptos que componen este corpus normativo, retumbaron en el interior de la sede común de todos los castellanos y de todos los leoneses, un núcleo del que sobre el papel brota la unión y la fuerza de una comunidad que se reclama de forma permanente.

Los Fueros de León llevan sobre sus espaldas más de mil años de historia. Esa secuencia histórica evidencia el enorme valor normativo y cimenta la idea de que fue en León donde prendió la mecha de la democracia que hoy disfrutamos.

Fue Alfonso V quien tuvo a bien dictar un código legal que ayudara a la reconstrucción y reorganización de los reinos, impulsando bajo pautas bien concretas la vida económica y repoblando el territorio.

Pero la importancia de estos Fueros está muy por encima de su letra pequeña. Decretados por el rey de León Alfonso V en un 'concilium' reunido en la primitiva catedral de León en el año 1017 toman cuerpo en forma de 20 preceptos a los que se les añadieron otros 28 que regulaban la vida local en la ciudad de León.

Alfonso V, promulgó el Fuero, y puso entonces una semilla que repetidamente se ha querido ignorar e interesadamente se ha manipulado en no pocas ocasiones: con el Fuero, con los Fueros, se daba el primer paso hacia las Cortes de León de 1188.

De algún modo Alfonso V le entregaba el testigo al rey Alfonso IX para que formalizara y citara a las cortes en la colegiata románica de San Isidoro. Aquella cita fue el brotar de la semilla y, como reconoce la Unesco, tuvo a bien servir como origen del sistema parlamentario contemporáneo. Allí estaban los Decreta.

Fueron las cortes leonesas quienes otorgaron la primera Carta Magna europea en la que se concedía al pueblo de autonomía política frente a las aristocracias y la propia monarquía.

Los Fueros quitaron la venda de los ojos del pueblo y los Decreta 'simplemente' rompieron los cordeles que le maniataban.

El gesto de las Cortes de Castilla y León evidencia, aunque de forma tibia, el empeño por reconocer lo evidente. Tan evidente, que siempre ha existido un empeño desmedido en prostituir el lenguaje para evitar que la historia y la verdad se abran paso con normalidad.

Y desde esa normalidad no estaría mal avanzar hacia una idea cierta de nuestra propia realidad, de nuestra propia identidad: Castilla y León no es una región y sí una comunidad, esa comunidad la componen dos reinos históricos que se dan la mano con frialdad, y a ambos les corresponde mirar al futuro con unidad, sinceridad, lealtad y objetivos comunes.

Lo contrario, mirar a otro lado, sentirse ajeno al debate, negar lo obvio e incluso ocultar lo evidente termina en un 'rifirrafe' diario que no tiene solución alguna, salvo el enquistamiento.

En esa línea de encuentro, apuntada por las propias Cortes, qué positivo sería -como locura- definir estatutariamente y desde su mismo preámbulo la comunidad como el resultado de dos regiones históricas.

Empeñarse en lo contrario simplemente conlleva a la misma reflexión que ha apuntado esta misma semana José María Merino, premio Nacional de las Letras Españolas: «Esta comunidad ha sido una catástrofe para León».

¿Seguimos por el mismo camino, o cambiamos algo?