La Diócesis de Astorga presidirá la comisión que creará la Iglesia española para luchar contra la pederastia

El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez. /César Sánchez
El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez. / César Sánchez

La nueva normativa sustituirá los protocolos elaborados en 2010 que sirve a los obispos, sacerdotes y religiosos saber cómo actuar ante agresiones sexuales a menores | Dos párrocos pertenecientes a la Diócesis de Astorga han sido recientemente denunciados por abusos a menores, uno condenado ya a 10 años de reclusión

LEONOTICIASLeón

La Iglesia católica española creará una comisión que elaborará una nueva normativa para la prevención y protección de los abusos sexuales a menores dentro de esta institución y revisará sus protocolos de actuación ante estos casos, según ha informado este martes la Conferencia Episcopal (CEE) y ha recogido EFE.

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Esta nueva normativa sustituirá a los protocolos de actuación elaborados en 2010 conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico que orientan a obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre cómo proceder en caso de detectar agresiones o abusos sexuales a menores o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.

Para actualizar estos protocolos, el Comité Ejecutivo de la CEE ha aprobado la creación de una Comisión que también servirá para preparar los materiales de trabajo que presentará el presidente Ricardo Blázquez en la reunión convocada para el próximo mes de febrero por el papa Francisco con los presidentes de todas las Conferencias Episcopales para hablar de los casos de abusos.

La Comisión, que estará presidida por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, canonista, comenzará sus trabajos esta misma semana y tendrá, en primera instancia, un cariz fundamentalmente jurídico.

Precisamente, la Diócesis maragata ha culminado la elaboración de ese protocolo que anunció tras la denuncia de abusos sexuales contra el párroco Ramos Gordón, en su época de seminarista en el Seminario Menor de La Bañeza.

El documento, que ya se ha repartido entre sacerdotes, catequistas, profesores y colaboradores parroquiales, recoge la prevención, detección, denuncia y actuación ante este tipo de delito. Además en la actualidad se investiga la denuncia contra otro sacerdote de la diócesis de Astorga, Ángel Sánchez Cao, también acusado de abusos a menores.

Dos sacerdotes señalados

En 2014, Francisco Javier Redondo destapó el error silenciado durante años en la Iglesia leonesa. Los abusos continuados que sufrió junto a su hermano en el Seminario Menor de La Bañeza.

Detrás de ellos, el sacerdote leonés Juan Manuel Ramos Gordón, hoy cumpliendo la pena de diez años de expulsión y reclusión en un convento por una segunda denuncia, en este caso, en un colegio en la localidad zamorana de Puebla de Sanabria.

Su caso no fue aislado. El también leonés Ángel Sánchez Cao, hoy sacerdote del Barco de Valdeorras, está siendo objeto de investigación por posibles abusos a menores también en el Seminario de La Bañeza donde, según algunos relatos, los niños vivieron un auténtico infierno.

Estará compuesta por juristas de la Junta de la Episcopal de Asuntos Jurídicos, del Servicio Jurídico Civil, del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, del Servicio Jurídico de CONFER y de la vicesecretaría para Asuntos Generales.

Nueva normativa

Esta comisión tiene también el objetivo de actualizar los protocolos de actuación de la Iglesia española que sirven para tratar los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico. Posteriormente, redactará una nueva normativa para la prevención y protección de abusos sexuales a menores.

Esta nueva normativa, que sustituirá a los protocolos actuales, se adecuará al «Modelo de Directivas» redactado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores con fin de ayudar a las Conferencias Episcopales y a las Congregaciones religiosas a desarrollar e implementar políticas y procedimientos para la protección de menores y adultos vulnerables contra el abuso sexual, responder a los abusos en la Iglesia y demostrar integridad en este trabajo.

La Iglesia española cuenta desde junio de 2010 con dos protocolos de actuación, conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico que sirve a los obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas para saber cómo actuar en caso de agresiones o abusos sexuales a menores.

La CEE ha subrayado que la Iglesia católica tiene el compromiso de «cuidar y educar, con respeto y ejerciendo su ministerio, proteger a todos menores y adultos vulnerables, crear comunidades seguras y solidarias que ofrezcan un entorno de amor donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso».

Para ello, se compromete a seleccionar y formar «cuidadosamente» a todos aquellos con alguna responsabilidad en la Iglesia y a responder «a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia procurando ofrecer un ministerio apropiado de cuidado pastoral a aquellos que han sufrido abuso».

También a ofrecer asistencia y apoyo pastoral, «incluyendo supervisión y remisión a las autoridades apropiadas, a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica, que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable».