La UE endurece su política migratoria y avala la creación de centros de detención fuera de Europa
El pacto, que no gusta a España, permite agilizar las deportaciones y recorta el Fondo de Solidaridad para los Estados con más indocumentados
Sin discusión ni debate. Los Veintisiete dieron el lunes el visto bueno a la directiva de retornos europea, que busca agilizar las deportaciones de aquellas ... personas cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas y allana el camino a la creación de centros de deportación en terceros países considerados «seguros» por el bloque. Los ministros de Interior de la Unión Europea aprobaron un «enfoque general» que deberá recibir ahora el visto bueno de la Eurocámara para entrar en vigor. El documento incluye medidas polémicas como la creación de centros de detención, como el que ya creó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Albania. El texto pactado rebaja, igualmente, las reubicaciones de 30.000 a 21.000 personas para 2026 y reduce el llamado Fondo de Solidaridad para compensar a países tensionados como España de 600 a 420 millones.
A su llegada al Consejo, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advirtió que España no está de acuerdo con esta directiva ya que entiende que «puede haber una vulneración de las leyes internacionales y de los derechos humanos» con el envío de migrantes a estos centros de internamiento y detención. El Gobierno de Pedro Sánchez tampoco está de acuerdo con varias medidas como los internamientos de dos años en estas instalaciones –además se contemplan prórrogas indefinidas de arresto– y las prohibiciones de regreso de por vida a territorio comunitario. «Estas circunstancias no conjugan un respeto al Derecho internacional ni a los valores de la UE», destacó Marlaska.
La aprobación de la creación de centros de detención llega después de que las capitales comunitarias aumentaran la presión sobre la Comisión Europea para modificar la directiva de retornos. La primera ministra italiana fue la primera líder del bloque en apoyar esta medida y pronto le siguieron Países Bajos, Dinamarca y ya fuera de las filas de la UE, el Reino Unido.
Abre la puerta a los retornos
El ministro danés de Migración, Rasmus Stoklund, dio la bienvenida al acuerdo general. «Tres de cada cuatro migrantes irregulares que han recibido una decisión de retorno siguen en la UE en vez de volver a casa. Esta regulación puede mejorar significativamente estas cifras», señaló.
La normativa incluye una serie de herramientas para los Estados miembros, entre las que destaca el reconocimiento mutuo entre los Veintisiete de las decisiones de retorno, una medida que se espera que agilice las devoluciones. Esto permitirá que los países europeos implementen decisiones de retorno de otro Estado miembro sin necesidad de empezar de nuevo el proceso desde cero.
600 millones
de euros proponía inicialmente el Ejecutivo comunitario para el Fondo de Solidaridad, que ayuda a los socios con mayor presión migratoria, pero se han reducido hasta los 420 millones pactados este lunes.
La presidencia danesa del Consejo detalló que aquellas personas cuyos países de origen no cooperen «serán devueltas a centros de deportación». El documento también contempla la deportación de aquellos migrantes que supongan una amenaza para la seguridad nacional del bloque.
El Fondo de Solidaridad, otro punto importante del paquete migratorio, recibió también la luz verde de la UE. Con él, los países tensionados por las presiones migratorias –entre los que está España– podrán pedir una compensación económica de 20.000 euros por migrante o su reubicación en otros Estados miembros. Lo pactado, sin embargo es un acuerdo de mínimos, ya que rebaja el plan inicial de la Comisión Europea para mover a 30.000 personas en 2026 y lo limita a 21.000 traslados.
🇪🇺 Grande-Marlaska anuncia la abstención de España en la votación europea sobre el fondo de solidaridad y la oposición a los reglamentos de tercer país seguro y de retorno.
— Ministerio del Interior (@interiorgob) December 8, 2025
El ministro del @interiorgob participa este lunes en el Consejo de Interior del @EUCouncil, en Bruselas. pic.twitter.com/hJrV38aAuM
Esa bolsa de solidaridad también queda reducida de los 600 millones propuestos por el Ejecutivo comunitario –y que defendía el Ejecutivo de Sánchez– a 420 millones. Marlaska apuntó que España pedía «un equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad» y que no estaba conforme con las modificaciones pactadas, por lo que el país se abstuvo en la votación.
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