La burocracia nos come y ahora sumamos el camelo de los trámites por Internet

En la misma semana en la que Vox y PSOE –en compañía activa de unos y con otros dejando hacer– han recordado al PP que está en minoría en las Cortes con una Ley de Publicidad Institucional que perseguía diluir maniobras de control de la Junta sobre la tele autonómica y Alfonso Fernández Mañueco ha demostrado que iba paso y medio por delante para driblar la norma y mantener el modelo de televisión actual, hemos vuelto a escuchar cantos de simplificación de la burocracia.

El consejero Luis Miguel González Gago prometía reforzar el compromiso con los industriales de Empresa Familiar para la detección y eliminación de trabas y duplicidades en trámites que lastran desde la solicitud de una subvención a la apertura de una empresa. Donde leen empresas y empresarios ponen hogares y ciudadanos y ya nos damos todos por contentos. Salvo que ya lo hicimos en noviembre de 2022, cuando la Junta anunció una comisión para minimizar cargas administrativas y «destruir barreras burocráticas entre administraciones».

Puede que tomaran la idea de una comisión que hubo en las Cortes entre 2025 y 2018 que se llamó de Racionalización de la Administración. Con un resultado perverso, porque tratándose de un órgano que perseguía reducir el papeleo, lo único que sacaron en claro fueron los folios y más folios que transcribió el personal de las Cortes para el Diario de Sesiones con las opiniones del rosario de altos cargos y expertos convocados y las valoraciones de los procuradores que les escuchaban. Que si se pedían varias veces el mismo documento, que si los plazos, que si Internet más que una mejora se podía convertir en un muro. El asunto de racionalizar la burocracia es un clásico. Irresoluble hasta ahora, a la vista de cómo nos va.

Con Juan Vicente Herrera se impulsó en 2010 una ley orientada a facilitar la relación con la Junta. La bautizaron como de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública. A esa ley le siguió otra en 2017. El enésimo anuncio sobre el compromiso infinito con la simplificación burocrática de esta semana da para preguntarse sobre la eficacia real de esas normas que llevan en vigor 15 años.

La experiencia propia, de gente cercana, incluso los casos con hueco en los informes de quejas del Procurador del Común, desbaratan esas promesas de Administración cercana, que tramita en plazo y responde a tiempo a las reclamaciones y recursos cuando se equivoca. Y peor con Internet, incluso para quien se maneja con programas y aplicaciones y conoce los matices del lenguaje, muchas veces retorcido e ininteligible, de requisitos y convocatorias. Es un terreno abocado al tropiezo. Más impersonal ahora que hace 10, 20, 30 años.

Puede una persona haberse tirado cuatro horas una mañana en vísperas del Día del Pilar de 2023 para solicitar, vía web, una ayuda de eficiencia energética y, al día de hoy, no tener noticia del Ente Regional de la Energía. O haber tardado ocho meses en lograr que una señora de 77 años con dependencia reconocida (grado II, que necesita ayuda para desarrollar actividades básicas en su día a día) pudiera acceder a la teleasistencia en casa por si sufría una caída. Con cinco visitas presenciales para ver qué pasaba, previa demora de cita telefónica mediante.

No será la norma, por fortuna, pero también es real. Con Internet y el filtrado telefónico como escollo para llegar a un funcionario responsable que atienda cara a cara. Oficinas públicas convertidas en búnqueres que hacen bueno el 'vuelva usted mañana' del que se quejaba Larra en 1833.