La Junta renueva la licencia de RTVCyL por quince años

Este viernes, un día después de esas declaraciones, el Boletín Oficial de Castilla y León publica la renovación de la licencia a RTVCyL. La orden aparece firmada el 24 de junio, es decir, antes del Pleno en el que se aprobó la ley de publicidad institucional. «La vigencia de la licencia es de quince años desde la transformación, prorrogables de forma automática por el mismo plazo», explica el escrito. Esto afecta a las dos licencias que explota, La 7, de cobertura autonómica, y La 8, con carácter provincial y diez delegaciones, las nueve provincias más El Bierzo.

Lo que explica el texto es que la Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta pidió «a la licenciataria RTVCYL S.A.» que enviara la documentación «para verificar el cumplimiento de los requisitos legales» para la prórroga. Estos requisitos son bastante sencillos de cumplir, en realidad. Así, la norma estatal aprobada en 2022 exige que «se satisfagan las mismas condiciones exigidas que para ser titular» de la licencia. Que «no existan obstáculos técnicos sobrevenidos e insalvables en relación con el espectro de las licencias afectadas», lo que tampoco va a ser óbice en este caso. «Y que el titular de la licencia «se encuentre al corriente en el pago de las tasas por la reserva del dominio público radioeléctrico».

«Con fecha 18 de junio de 2025 se ha recibido escrito […] en el que se indica que 'no se ha producido modificación alguna que afecte a la disponibilidad, planificación o condiciones de uso del espectro correspondientes a los servicios de comunicación audiovisual de ámbito autonómico'», dice la Orden publicada en el Bocyl.

Por lo tanto, concluye el texto, procede «renovar por un plazo de quince años la licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal de ámbito autonómico mediante ondas hertzianas terrestres, integrada por dos canales digitales, de la que es titular Radio Televisión de Castilla y León, S.A.». Es decir, que las dos empresas concesionarias, Edigrup (familia Ulibarri) y Promecal (Antonio Miguel Méndez Pozo), que poseen la titularidad de RTVCyL al 50%, seguirán explotando la licencia de televisión autonómica, por la que percibirán en 2025 una subvención directa de la Junta de 24,5 millones de euros, y otra en 2026 de 23,5 millones.

¿Y qué ocurre con la ley de publicidad institucional recientemente aprobada? Pues afectará a la situación actual en que se debe conformar un nuevo Consejo de Evaluación y Seguimiento diferente, en composición, de la actual Comisión de Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre. Y que se arroga funciones de control si la financiación pública «por cualquier concepto» supere el 50% del importe neto de su cifra de negocios. En ese caso, señala la norma, el Consejo podrá intervenir en el nombramiento del personal directivo, «que deberá ser ratificado con criterios de profesionalidad e imparcialidad», y se faculta además al Consejo «a promover su destitución».

En cuanto a la salida a concurso de la licencia, Carriedo ya explicó que se mantenía la reserva de espacio radioeléctrico para una tercera licencia, y es la que se va a sacar. «En las mismas condiciones de igualdad y capacidad». Es decir, se entiende que el adjudicatario debería contar con idéntica subvención para su funcionamiento, o al menos la parte proporcional a la cobertura autonómica, dado que los 24,5 millones actuales son para La 7 y La 8.

Uno de los argumentos que apoyaban este modelo de televisión autonómica privada pero sufragada con dinero público, en 2009, fue el bajo coste que suponía en relación con otras autonómicas que, además, vivieron tiempos de despilfarro que posteriormente pasaron factura, como ocurrió con la autonómica valenciana, por ejemplo. La cantidad que aporta la Junta, sin embargo, ha crecido de manera relevante en los últimos años. Incluso, en el caso de este 2025, con una cláusula que figura en la nota de prensa -aún no ha pasado al Bocyl- en la que se explica que el 60% del incremento de este año debe ser para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Un acuerdo que Francisco Igea y Vox han decidido judicializar por entender que vulnera la legislación vigente.