Castilla y León

La Junta exige a Renfe que rectifique la supresión de frecuencias de AVE

La Junta de Castilla y León exigirá este jueves a Renfe que rectifique la supresión de servicios ferroviarios de alta velocidad en el corredor Madrid-Galicia, que afectan a las estaciones de Segovia, Medina del Campo y Otero de Sanabria, porque entiende que con este Gobierno y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, la comunidad «siempre pierde» en materia de infraestructuras y transportes.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, avanzó la demanda que llevará el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, a la reunión prevista este jueves por la tarde en Madrid con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en relación a la nueva programación en la línea Madrid-Galicia que se aplicará a partir del 9 de junio.

Asimismo, el portavoz indicó que la Junta asume el papel de ser la «voz» de los que no son escuchados por el Gobierno, pero descartó participar en las movilizaciones que se han convocado, como la de Sanabria. De esta forma, Fernández Carriedo envió desde la tribuna del Gobierno autonómico un aviso al Ministerio sobre la supresión de paradas. «Por eso no vamos a pasar», dijo porque a su juicio Óscar Puente «decide en materia de transportes» y Castilla y León «siempre pierde», algo «incomprensible» por parte de una persona procedente de la comunidad.

«Si no nos ayuda, al menos que no nos perjudique», añadió el consejero portavoz sobre la actuación del ministro ante el «desmantelamiento» de servicios públicos, por lo que aseguró que Sanz Merino intentará convencer al presidente de Renfe de que retire la reducción de conexiones y reponga las paradas suprimidas en la comunidad.

A su juicio, la decisión de la operadora ferroviaria no se justifica en modo alguno en función de criterios económicos, porque deben primarse la «solidaridad» y la «igualdad» de los españoles, en especial del mundo rural. Además, lamentó que haya pesado «más» el deseo del alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, quien hace unas semanas pidió eliminar paradas en Castilla y León para recortar los tiempos de viaje entre su ciudad y la capital de España.

En ese sentido, Fernández Carriedo se preguntó qué dirían de la Junta si optaran por cerrar un hospital en una localidad porque hubiera más enfermos en otra, por ello insistió en que en materia de servicios públicos debe primar la «igualdad», no la rentabilidad económica. Además, afirmó que la reducción de paradas no se aplicaría a otra comunidad en las que «siete votos» cuestan tanto, en referencia a Junts, socio del Ejecutivo central.

Por ello, garantizó que no aceptarán que Castilla y León sea de «segundo nivel», ni tampoco que se presente como «progresista» darle más, al que más recibe, lo que permitió al portavoz de la Junta vincular las paradas de trenes con el debate sobre la financiación autonómica o el reparto de la recaudación del impuesto especial a la banca.

Igualmente, el portavoz de la Junta denunció que Castilla y León tiene «bastantes» demandas en materia de infraestructuras pendientes, que no están siendo «atendidas», pero añadió que ahora, además, se quitan servicios existentes. De esta forma, aseguró que con el presidente Pero Sánchez las infraestructuras en la comunidad no es que no avance, sino que retroceden. «Si no nos va a dar aquello que necesitamos, que no nos quite lo que ya tenemos», remachó.

Por ello, aseguró que el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco utilizará todos los «instrumentos» disponibles para defender los intereses de Castilla y León y para sumar apoyos desde los ayuntamientos y diputaciones provinciales, además de los parlamentarios. Se trata, dijo, de una cuestión de «justicia territorial y social», en la que unos territorios quieren tener los mismos derechos que otros a pesar de que tengan menos población.

Finalmente, Fernández Carriedo advirtió de que la Junta rechaza la reducción de paradas y exige una rectificación a Renfe, por lo que si «alguien pasa por ello» o lo acepta, tendrá que explicarlo, en una velada referencia al secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, quien se mostró esta semana optimista sobre la posibilidad de que se lograra una solución. «Los ciudadanos de Castilla y León saben que pueden contar con nosotros para defender sus intereses», concluyó.

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