Un informe de Cáritas sitúa a la vivienda «en el epicentro de la desigualdad» en Castilla y León

Así se pone de manifiesto en el 'Informe sobre exclusión y desarrollo social en Castilla y León', un trabajo con datos estadísticos recopilados por Foessa que se completa con una encuesta a 532 hogares de la comunidad (1.400 personas) en los que se analizan indicadores económicos, sociales, laborales y educativos. Y la vivienda, es verdad, se sitúa en el centro de muchos problemas. «El empleo ha perdido la capacidad de rescatarnos de la exclusión y la vivienda [su elevado precio] expulsa a muchas personas de tener una vida digna», apunta Eduardo Boelhoff, delegado de Cáritas en Castilla y León.

«Acceder a una vivienda a precios asequibles se ha convertido en un serio inconveniente», resume el informe. Fuentes lo dice con palabras más directas: «La escalada de precios es insostenible». «Desde el año 2018, el precio de la vivienda ha aumentado el 30,7%, en un contexto en el que la subida real de los salarios apenas ha sido del 0,5%», indica el sociólogo. La pérdida de poder adquisitivo en los últimos años ha sido sangrante por culpa de la inflación desatada después de la covid y la invasión de Ucrania. Y eso, unido a la subida de precios de la vivienda ha provocado un boquete en las economías de muchos hogares que es difícil de rellenar. Sobre todo, porque la alternativa del alquiler se ha encarecido de forma exagerada, «entre el 18% y el 34% desde 2018, según las diversas fuentes consultadas».

¿En qué se traduce todo esto? En que cada vez hay que hacer un mayor esfuerzo para pagarse un lugar donde vivir… y eso se come buena parte de los ingresos familiares. Casi uno de cada cinco hogares de Castilla y León (el 19%) tiene que hacer frente a «gastos excesivos de la vivienda». En 2018, este porcentaje era apenas del 5,6%. Creció al 11,9% en 2021. Ahora se ha disparado hasta el 19%. Son hogares en los que, después de pagar todos los recibos vinculados con la casa, se quedan -para el resto de sus gastos- por debajo del umbral de la pobreza severa (marcado con el 40% de la mediana). Esto supone 633 euros por persona al mes o 1.352,4 euros en una familia formada por una pareja y dos hijos.

Pero hay más. En torno a 160.000 castellanos y leoneses (el 4%) viven en hogares con situaciones de insalubridad (humedades, suciedad y olores) y el 4,7%, hogares con tenencia de la vivienda en precario: cedida por otras personas o instituciones, realquiladas, ocupadas ilegalmente o con aviso de desahucio.

Tener piso propio y pagado por completo se ha convertido en una de las trincheras más eficaces para evitar los problemas económicos. El riesgo de pobreza afecta al 15,3% de la población de Castilla y León que vive en régimen de propiedad. Este porcentaje se eleva hasta el 34% entre quienes viven de alquiler, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. El estudio de Foessa refuerza estas cifras. «El problema de la carestía de la vivienda en alquiler afecta, además, especialmente a las personas que, desde el punto de vista monetario, se encuentran en una situación más vulnerable, puesto que estos hogares recurren con mayor frecuencia al alquiler que a la compra de vivienda». Así, el 15,6% de los castellanos y leoneses viven de alquiler y el 80,4% tienen el piso en propiedad. Entre los que están en riesgo de pobreza, el porcentaje no es correlativo, sino que sube al 28,6% para los de alquiler y la proporción baja al 66,4% entre los que son propietarios de su casa.

«Este fenómeno se desarrolla, además, en un contexto marcado por la oferta limitada y la especulación inmobiliaria», recoge el informe. Y en esto profundiza Óscar Carpintero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid. «El acceso a una vivienda digna no se ha cumplido por un modelo muy proclive a la especulación que, en lugar de centrarse en el uso de la vivienda como hogar, ha promocionado las segundas residencias y la vivienda como inversión». En este sentido, Carpintero subraya que España es un país «con récord en el número de viviendas por cada mil habitantes» mientras que, al mismo tiempo, está en cabeza en cuanto a porcentaje de viviendas secundarias y vacías. «No es, por lo tanto, un problema relacionado con el número de viviendas, sino con el acceso al parque existente». En un momento, además, con un creciente mercado de los pisos destinados para alquiler turístico. «La media está en el 10%, pero hay ciudades como Málaga, donde hasta el 36% de las viviendas en alquiler son de uso turístico».

Y, ante eso, ¿qué hacer? «A largo plazo habría que incrementar la presencia de lo público en la gestión del parque de viviendas. Aquí ahora apenas se llega al 3%, mientras que en Europa la media es del 10% y en ciudades como Viena se alcanza el 60%», dice Fuentes, quien, para el corto plazo, reclama «políticas que frenen la especulación y detengan la locura de precios». Carpintero recuerda que las instituciones tienen medidas que podrían haber usado y han dejado pasar. «Se han construido muchas viviendas de protección oficial que luego el beneficiario ha vendido, quedándose con las plusvalías. El Estado tenía la posibilidad de haberse quedado con esos pisos y haberlos puesto a disposición del siguiente en la lista. Pero eso no ha ocurrido».

Y todo esto ocurre en un contexto en el que los datos macroeconómicos hablan de una mejor situación económica. Crece el PIB. Mejoran las cifras globales de crecimiento. Pero eso no llega a todos los sectores. «El mercado por sí mismo no disminuye la desigualdad». Y unos mejores datos de paro (han pasado del 22% de la crisis en 2013 al 9% en 2024) deberían ir acompañados de mejoras en salarios, estabilidad laboral o conciliación. «Los hogares que hace años se sostenían con una fuente de ingresos (con un salario), ahora necesitan dos para estar en una situación no mucho mejor», apunta Carpintero, quien subraya que, en las últimas décadas, se ha producido un «desgarramiento de la clase media hacia abajo». Mientras que en 1994, el 58% de los ciudadanos se veían a sí mismos como clase media y el 35% como clase obrera, en 2024 el porcentaje de quienes se ven como clase media ha bajado al 43%, como clase obrera se definen el 13% y el 12% se ve como clase media baja, mientras que el 17% se define como clase pobre.

«Con todos estos datos se confirma lo que percibimos en nuestro trabajo diario», resume Guenther Eduardo Boelhoff, delegado de Cáritas, quien confía en que esta radiografía «genere malestar». «Es necesario provocar malestar del bueno, porque es lo que nos hace movilizarnos, lo que nos empuja a no rendirnos, sino a buscar remedios y soluciones para acabar con la exclusión».