Castilla y León recibe 335 millones del fondo de la UE para blindar los servicios públicos
Los recursos, repartidos en dos años, deben destinarse de forma prioritaria a reforzar la educación, la sanidad y los servicios sociales
Castilla y León recibirá 335 millones de euros procedentes de los fondos europeos REACT-EU, destinados de forma prioritaria a reforzar la educación, la sanidad ... y los servicios sociales, así como a apoyar a las pymes y los autónomos. El reparto se dividirá entre 2021 y 2022, si bien el periodo para elegir las actuaciones financiadas con estos recursos se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023.
El Ministerio de Hacienda informó a las comunidades autónomas del reparto de los 10.000 millones del Fondo REACT-EU destinado a fortalecer el Estado del Bienestar y a reactivar la economía tras el impacto de la pandemia provocada por la Covid, según informó el departamento de María Jesús Montero.
Para el reparto se ha tenido en cuenta el impacto de la pandemia en la riqueza y el nivel de paro de cada comunidad
La comunidad autónoma recibirá el 3,4% del total de los fondos en una lista que encabeza Andalucía, con 1.881 millones, el 18,8% de los recursos. Explica Hacienda que la propuesta de reparto de la programación fue adelantada por la ministra de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de octubre y sigue el modelo y los criterios de distribución utilizados por la UE con sus Estados miembros para hacer frente a las consecuencias de una pandemia.
Tiene en consideración tres indicadores: el primero va dirigido a medir el impacto de la pandemia en la riqueza de cada comunidad autónoma. Este indicador tiene un peso equivalente a las 2/3 partes del reparto total. El segundo indicador mide el impacto de la crisis en el desempleo, con un peso en el reparto total igual a 2/9 de la asignación. El tercer indicador mide el impacto de la crisis en el desempleo juvenil (15 a 24 años) y tiene un peso del 1/9 de la asignación total.
Transformación estratégica
Los fondos REACT-EU deben destinarse a financiar operaciones en el ámbito de la educación, la sanidad y los servicios sociales, para paliar el impacto sufrido en ellos como consecuencia de la pandemia, así como para transformarlos estratégicamente de cara al futuro. Es decir, a reforzar con partidas adicionales las políticas públicas básicas en un contexto de crisis. En cualquier caso, el Gobierno deja abierta la posibilidad de que las comunidades puedan plantear otros ámbitos de actuación que consideren relevantes para la reactivación económica.
Los recursos adicionales se utilizarán, según explica Hacienda, para apoyar la inversión en productos y servicios sanitarios –especialmente los vinculados a la Covid–; para prestar apoyo en forma de capital circulante o de apoyo a la inversión para las pymes; en inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital y verde; para inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos a los ciudadanos; y en medidas económicas en las regiones más dependientes de l os sectores más afectados por la crisis como, por ejemplo, el turismo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
