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Las ayudas para renovar el parque de calderas de calefacción y calentadores de gas (y todavía de carbón) con más de diez años de antigüedad ... que anualmente publicaba la Junta de Castilla y León, y que impulsaba el achatarramiento de equipos atmosféricos con riesgo de provocar intoxicaciones por mala combustión y su cambio por otros de tecnología estanca, está en el aire este año.
Ha entrado en vigor una regulación europea que aplica criterios de transición energética e impide incentivar la instalación de calderas alimentadas por combustibles fósiles, que es lo que subvencionaba la ayuda que tramita la comunidad autónoma con cuantías de hasta 500 euros.
El plazo de la aplicación de la limitación europea en enero de 2025, que arrolla a la populosa ayuda del cambio de calderas porque tal y como está diseñada no puede prorrogarse este año, era conocido desde hace tiempo. El Gobierno regional está trabajando ahora en la modificación de las bases que recogen los requisitos y criterios de tramitación de la ayuda para reorientar esa sustitución hacia sistemas «híbridos». Serían equipos que funcionen, por ejemplo, con gas, pero con el apoyo de una bomba de calor. «Podría ser una solución», ha expresado este martes, en las Cortes, el director general de Industria de la Junta, Mariano Muñoz, en respuesta a una pregunta que planteaba Rubén Illera, procurador del PSOE, sobre el uso que le iba a dar la consejería que dirige la consejera Leticia García a la partida de 471.493 euros para sustituir calderas y calentadores obsoletos que se ha prorrogado del presupuesto del año pasado para aplicar en el 2025.
El alto cargo de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha asegurado que están en conversaciones con los instaladores, que son quienes ejercen de mediadores en la tramitación de una subvención que exige numerosa documentación técnica, para analizar las posibilidades de futuro de esta ayuda. En el debate en la comisión parlamentaria, además de la previsión de convocatoria de este apoyo solicitado el año pasado por más de 3.000 ciudadanos, según el dato ofrecido por el director general, se abordó el sistema de concesión, que es por orden de presentación de solicitud hasta agotarse el dinero. Quien primero registra los documentos y cumple, cobra, con independencia de su renta. Es un enfoque de 'plan renove'.
Illera recordó al director general que las Cortes acordaron en marzo de 2021 instar a la Junta a que aplicara en la concesión de esta ayuda criterios de ingresos del solicitantes, que primaran una progresividad económica con preferencia para los hogares con menos ingresos. A tenor de las convocatorias posteriores y de lo escuchado en el debate, ese mandato sigue en barbecho. El procurador socialista recordó que el pago que primar la «rapidez» en la presentación hizo beneficiarios de la misma a dirigentes políticos de primer nivel. Citó expresamente el caso del exconsejero de la Junta y actual diputado nacional Ángel Ibáñez, que percibía a caballo entre esos dos cargos una retribución de las Cortes como viceportavoz del PP de más de 90.000 euros brutos anuales. Ibáñez cobro la ayuda por renovar la caldera de su domicilio. Fue en 2023. La Junta concedió casi 1.300 subvenciones y dejó sin atender 457 al agotarse el dinero.
Rubén Illera criticó la perseverancia de los populares en mantener ese criterio de adjudicación y les acusó de utilizar el dinero público para «repartir la buenaventura entre aquellos que tienen una mayor cantidad de recursos y, sin son colegas del Partido Popular, pues mejor».
El parlamentario de la oposición también instó a la Junta a poner en marcha medidas que garanticen un reparto más equilibrado de la subvención, con provincias como Segovia, Ávila o León, con un número de perceptores testimonial. Algo falla, con esos datos, que hay que corregir, conminó Illera.
El director general destacó que la Consejería de Industria hizo ampliaciones de presupuesto el año pasado que recrecieron esos 471.493 euros iniciales hasta los 800.000, de manera que apenas unos 200 solicitantes se quedaron sin ese apoyo y fueron, en palabras de Muñoz, principalmente los que dejaron los trámites casi para el tiempo de descuento. El representante de la Junta atribuyó las diferencias de ayudas entre provincias a la mayor o menor implicación de los instaladores de cada territorio. «No se pueden otorgar subvenciones a quien no lo solicita», remarcó, al tiempo que aseguró que incorporar criterios de concesión en competencia, dando prioridad a las rentas menores, «complicaría» la tramitación de una subvención cuya finalidad no es social, sino de mejora de la seguridad y de reducción de la siniestralidad por intoxicaciones y explosiones.
Mariano Muñoz insistió en que el objetivo en el que trabajan es el de intentar convocar la ayuda para sustitución de calderas y calentadores este año cumpliendo esa nueva premisa de que el equipo renovado no se alimente «únicamente» con energías fósiles, es decir, que incorpore el empleo de energía de origen renovables y salvaguardando el enfoque de mejora de la seguridad y eficiencia energética.
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