El Norte de Castilla

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Interior de un piso habitado (con la luz enganchada), con muebles del «punto limpio», en el Edificio Isla de Santovenia. / J. S.

Un banco recurre a la seguridad privada para frenar la ocupación ilegal de un inmueble

  • Cuatro de los seis inquilinos legales del edificio de Santovenia han tenido que irse ante la «imposibilidad» de convivir con una veintena de okupas

Un bloque de medio centenar de pisos situado en pleno centro de Santovenia de Pisuerga, que fue construido en 2008 y que fue abandonado a su mala suerte con tan solo seis inquilinos legales cinco años después, acoge a día de hoy una atípica situación que lleva a sus dos últimos residentes legales a convivir con una veintena de okupas en un inmueble que cuenta desde julio con videovigilancia y seguridad privada contratada por una entidad bancaria que lleva dos años en trámites judiciales para asumir la propiedad fruto de la quiebra de la constructora (la burgalesa Jopisa).

Pero ni siquiera las cámaras y la presencia continua de vigilantes en el interior del número 3 de la calle Marqués de San Felices ha podido impedir la ocupación masiva de los pisos vacíos que comenzó en marzo y que se disparó a partir del verano. Tanto es así que dos nuevos inquilinos se han mudado al bautizado como Edificio Isla en las últimas semanas para completar el aforo de veinte residentes ‘sin escrituras’, algunos, incluso, empadronados en la localidad y que reciben el correo a diario en el bloque ocupado.

La convivencia en este inmueble, cuyo interior comenzó a ser desvalijado y ocupado, aunque de manera tímida, hace más de dos años, se ha convertido en «imposible». Así que cuatro de los propietarios han hecho las maletas y se han mudado a casas de familiares. Los otros dos resisten el día a día de un bloque en el que solo ellos cuentan con electricidad y agua legalizada. Los demás tienen enganchados sendos servicios y de poco sirve que Iberdrola o el Ayuntamiento corten los suministros. «Tenemos repuestos de cables y tuberías para volver a conectar los pisos a la red», reconocen abiertamente los propios okupas, quienes defienden su derecho a habitar los pisos vacíos y niegan que existan «problemas de convivencia».

Pasillos tapiados y derribados

Pero lo cierto es que los hay en un edificio cuyos pasillos interiores han sido tapiados para sellar alas enteras de pisos vacíos y que los propios okupas han ido derribando impunemente a partir de marzo. Fue entonces cuando se mudó el primer inquilino que, en apariencia, fue trayendo al resto. «Creemos que les cobra algún tipo de alquiler y que él mismo ha cambiado los bombines de los pisos vacíos y les facilita las llaves para que vivan en ellos», apuntan fuentes de la comunidad de vecinos, que la hay, aunque poco o nada puede hacer más allá de presentar continuas denuncias contra los veinte residentes ilegales.

El problema es que el proceso judicial para cambiar la titularidad del inmueble lleva más de dos años en tramitación en un juzgado burgalés. «Confiamos en que el edificio pueda pasar a nuestras manos en un par de meses y hemos solicitado al juez concursal que dicte en paralelo una orden de desalojo», explican fuentes de la entidad bancaria que asumirá la propiedad, si bien matizan a continuación que dudan de que pueda hacerse legalmente por esta vía. De no ser así, y una vez finiquitado el proceso concursal, tendrán que iniciar un nuevo procedimiento, esta vez por la vía penal, por usurpación de las viviendas. «Nuestra voluntad es hacerlo, aunque lo cierto es que estos procesos pueden durar hasta dos años», reconocen.

Solo un proceso abierto

El único procedimiento legal abierto contra los okupas a día de hoy está pendiente de sentar en el banquillo a uno de los residentes, que en su día llegó a tener un contrato legal de alquiler, pero que se mudó a la casa de al lado el mismo día que la comisión judicial acudió a desalojarle. «Los demás, y él mismo, continúan allí atrincherados y desde el punto de vista administrativo no podemos hacer nada», lamenta la administradora de la comunidad.

La Guardia Civil, entre tanto, continúa acumulando denuncias por robos, amenazas o ruidos vinculados con el Edificio Isla de Santovenia. Su garaje, incluso, aún luce el precinto de los Bomberos, cuyos efectivos acudieron allí semanas atrás después de que los propios ladrones de cableado quemaron en su interior el plástico para sacar el cobre.

La seguridad privada, al menos, ha conseguido frenar los robos después de que muchos pisos fueran desvalijados en los últimos dos años (los autores se llevaron radiadores, calderas, cableado y mobiliario). Pero los propios vigilantes poco pueden hacer salvo avisar a la Benemérita en caso de delito flagrante mientras saludan a diario al trajín de residentes ilegales del Edificio Isla de Santovenia.